BUFETE AGUIRRE, QUINTANILLA, SORIA & NISHIZAWA S.C: “sin cambio radical de las políticas energéticas, la actual crisis se agravará progresivamente”
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, por la UMSA, La Paz-Bolivia. Diplomado en Derecho Internacional, Oxford University, UK. Arbitraje American University, USA. Socio Senior Bufete Aguirre, Quintanilla, Soria & Nishizawa S.C., con más de 50 años de experiencia profesional: fue profesor de Introducción al Derecho y Derecho Internacional Público, Academia Diplomática, Bolivia; profesor de Introducción al Derecho y Derecho Internacional Público y Arbitraje, Universidad Católica La Paz; Ministro de la Presidencia y director del Banco Central de Bolivia.
Sin embargo, abogados de esta firma jurídica reconocen que una reforma constitucional requiere de amplios consensos difíciles de conseguir en el contexto actual de fragmentación política…
EDICIÓN 156 | 2026
Vesna Marinkovic Ú.
1La coyuntura política y económica posibilita actualmente un proceso d
Un proceso de reforma constitucional requiere de la construcción de amplios consensos políticos y sociales que garanticen su legitimidad y viabilidad. Sin embargo, el contexto actual refleja una fragmentación social e incluso política, pues el Gobierno Nacional, hasta el momento, no ha logrado construir alianzas políticas sólidas que permitan impulsar exitosamente una reforma de esta naturaleza, aunque estaría a tiempo de hacerlo.
Por otra parte, las difíciles condiciones económicas actuales sin duda podrían coadyuvar favorablemente para generar un debate sobre la necesidad de una reforma constitucional y sus potenciales beneficios para el país, para ello, será importante tomar como referencia las experiencias exitosas de otros países.
En otras palabras, los factores relacionados con los recursos del subsuelo están presentes; la seguridad geopolítica también; y las restricciones logísticas son relativamente limitadas. Entonces, ¿qué falta? Principalmente, fortalecer la competitividad en la superficie. Es decir, mejorar aquellos factores vinculados al entorno institucional, regulatorio y económico que influyen en las decisiones de inversión.
2En caso de dificultades para encarar una reforma parcial o integral de la Constitución, ¿es posible absolver los problemas en el sector de los hidrocarburos, mediante ley?
Si bien, en términos jurídicos, una reforma constitucional sería lo más adecuado para reencausar el desarrollo del sector de hidrocarburos, de todas maneras, es posible lograr mejoras sustanciales del sector mediante reformas legales, principalmente, mediante la promulgación de nuevas y modernas leyes de hidrocarburos y de inversiones, en las cuales se pueda plasmar de manera objetiva la nueva visión del Gobierno: la apertura irrestricta a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras.
“… la falta de inversión en la exploración ha contribuido significativamente a la reducción de la capacidad de reponer reservas y a la gradual disminución de la producción de hidrocarburos.”
3Aproximadamente 19 candados impiden traer inversiones en el sector estratégico del país para introducir reformas al modelo económico nacional ¿hay forma de enfrentar esta situación sin un cambio a la Constitución?
Como fuera señalado, idealmente se requeriría de una reforma constitucional para destrabar ciertos asuntos que se encuentran demasiado regulados en la Constitución. De todas maneras, muchos de estos obstáculos se los podría resolver mediante legislación sectorial, ajustes regulatorios e incluso, mediante normas legales que incluyan interpretaciones más razonables a ciertas disposiciones constitucionales, todo ello, con el objetivo de brindar la seguridad jurídica que exigen los inversionistas.
Es particularmente importante revisar los modelos de contratos y las condiciones para resguardar los derechos de quienes deseen invertir en el sector y, naturalmente, estas condiciones deben ser compatibles con el marco jurídico general.
4Considera que el modelo económico actual incidió en la crisis del sector petrolero en Bolivia?
Definitivamente. La fuerte participación del Estado en la planificación, administración y control de las operaciones en el sector, junto con una desmesurada carga fiscal (government take) han sido un obstáculo para la atracción de inversiones privadas, principalmente para las actividades exploratorias que son consideradas como las más riesgosas.
Este aspecto es fundamental y crítico, pues la falta de inversión en la exploración ha contribuido significativamente a la reducción de la capacidad de reponer reservas y a la gradual disminución de la producción de hidrocarburos.
Licenciado en Derecho por la UCB, La Paz-Bolivia. Máster en Derecho Corporativo de MPD, por la UCB, La Paz-Bolivia. Trabajó como asesor legal por más de 9 años en Empresa Petrolera Chaco S.A – YPFB Chaco SA. Actualmente es socio de Bufete Aguirre, Quintanilla, Soria & Nishizawa BAQSN, con más de 25 años de experiencia profesional, realizando práctica, entre otros, en el área de hidrocarburos.
5Si no se cambia el modelo económico, ¿estamos a puertas de una catástrofe energética en Bolivia?
Sabemos que, si no existe un cambio radical de las políticas energéticas, la actual crisis se agravará paulatina y progresivamente. Las cifras son claras y muy poco alentadoras. Además, este cuestionamiento ha sido ampliamente expuesto y alertado desde hace mucho tiempo por cuanto entendido en la materia ha expresado su opinión, por lo que, no debería haber dudas respecto al problema y su causa.
De ahí se desprende la enorme responsabilidad que tiene el Gobierno y la Asamblea Legislativa para promover, de manera urgente, la tan ansiada reforma normativa del sector energético.
6Cuáles deberían ser las necesidades de modernización regulatoria y diseño de mercados que permitan avanzar en la diversificación energética en Bolivia?
Las necesidades energéticas en Bolivia son enormes, tanto para consumo interno como para exportación, y pasan desde las energías fósiles hasta las energías renovables.
Por tales motivos, Bolivia requiere de una urgente modernización del marco regulatorio que, además de generar seguridad jurídica para el inversionista, promueva un marco de competencia y apertura de mercados, facilite la participación de nuevos actores y fomente la innovación, sin descuidar el rol estratégico del Estado.
Es importante considerar que las políticas energéticas deben ser planificadas para el mediano y largo plazo, aspecto que requiere generar consensos y validación de los diferentes sectores y regiones del país, requerimientos que complejizan el trabajo legislativo y no lo limita a la participación exclusiva de los expertos en la materia.
7Eduardo Quintanilla, ha sido recientemente designado como director de la Harvard Alumni Association, la organización que representa a la comunidad global de exalumnos de la Universidad de Harvard, ¿cómo incidir desde este tipo de institucionalidad a reformas conducentes en Bolivia?
Como fuera manifestado, este tipo de reformas normativas requieren de la validación y legitimidad de los diferentes actores sociales y regionales, por lo que la opinión pública juega un factor preponderante para la conducción exitosa del proceso.
En ese sentido, los líderes de opinión y las instituciones académicas prestigiosas, entre otros, juegan un papel importante en el proceso. Es ahí donde cobra relevancia la participación de los representantes de este tipo de instituciones, más aún, si se trata de una de las casas de estudio más prestigiosas del mundo como lo es la Universidad de Harvard.
Es particularmente importante revisar los modelos de contratos y las condiciones para resguardar los derechos de quienes deseen invertir en el sector…”
