El Gobierno aprobó compensaciones para evitar un incremento de la garrafa; sin embargo, en La Paz y El Alto hay denuncias de venta por encima de Bs 40 y dificultades para encontrar distribuidores.

Pese a que la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantiene su precio oficial de Bs 22,50, vecinos de La Paz y El Alto denuncian que la distribución irregular los obliga a buscar el producto entre revendedores que cobran más de Bs 40. Estos reclamos se producen después de que el Gobierno aprobara un mecanismo para evitar que el aumento de los costos del transporte se traslade a los hogares

El Decreto Supremo 5746, del 13 de octubre, dispone la actualización de los márgenes de comercialización del GLP según las variaciones del precio regulado del diésel. Las diferencias serán compensadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mediante Notas de Crédito Fiscal, con el propósito de mantener el precio final de la garrafa de 10 kilos.

No obstante, el sábado 17 de octubre, vecinos de Villa Fátima, en La Paz, y de la avenida Juan Pablo II, en El Alto, bloquearon calles con garrafas vacías para exigir la llegada de camiones repartidores. Los movilizados denunciaron que la venta no era regular y que algunos comercios y revendedores ofrecían el producto por encima del precio establecido.

Las dificultades en la entrega ya habían motivado una inspección de la Defensoría del Pueblo a la planta de Senkata, el 12 de octubre. Allí, la institución recibió un reporte de envasado de entre 50.000 y 60.000 garrafas diarias y anunció consultas a las distribuidoras para identificar posibles fallas logísticas.

En este contexto, en El Alto, vecinos bloquearon la avenida Juan Pablo II, a la altura de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), colocando garrafas vacías sobre la vía para exigir una distribución regular de GLP. La protesta interrumpió la circulación y obligó a los conductores a buscar rutas alternas, mientras los movilizados reclamaban atención de YPFB ante las dificultades para conseguir el combustible.

Pedido

El defensor del Pueblo Pedro Callisaya pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fiscalizar la comercialización y actuar ante los cobros irregulares. La inspección documentó el volumen reportado por la planta, pero dejó pendiente establecer qué dificultades impedían una distribución regular en los barrios.

En paralelo, YPFB informó que un operativo conjunto con la ANH y la Policía permitió decomisar aproximadamente 300 garrafas y 250 litros de combustibles líquidos cerca de la Terminal Interprovincial de El Alto. La intervención se realizó el viernes 16 de octubre, tras identificar comercialización irregular en el sector, según la estatal.

“Cada garrafa y cada litro que se desvía afecta directamente a las familias bolivianas”, afirmó el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, quien anunció más controles en terminales y otros puntos del país.

El transporte del producto también registró problemas recientes. El 1 de octubre, YPFB anunció un acuerdo transitorio con los transportistas para reanudar la distribución mientras se estudia una actualización de las tarifas de flete. Dos semanas después, los reclamos vecinales volvieron a mostrar dificultades para acceder a las garrafas en sectores de ambas ciudades.




Fuente: La Razón