La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó las denuncias sobre la comercialización de gasolina desestabilizada identificó a 55 presuntos responsables por el daño económico y técnico ocasionado al Estado y a los usuarios.

La presidenta de la comisión, Ximena Arispe, informó que el informe final tiene cerca de 2.000 páginas, entre documentación y anexos técnicos, y reúne los principales hallazgos de la investigación sobre la denominada públicamente “gasolina basura”.

El documento recomienda remitir de manera inmediata todos los antecedentes a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que se inicien o amplíen las investigaciones por presuntos delitos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“Tenemos la obligación y responsabilidad de responder al pueblo boliviano para que se cumpla todo esto”, afirmó Arispe, al remarcar que el informe no debe quedar únicamente como un documento aprobado por la Asamblea Legislativa.

La legisladora pidió además un seguimiento conjunto entre las cámaras de Diputados y Senadores. Recordó que en la Cámara Alta existe otra comisión que se encuentra próxima a concluir su propio informe sobre el caso.

Arispe sostuvo que el caso no debería limitarse a establecer responsabilidades individuales, sino que debe derivar en cambios estructurales en los mecanismos de control de calidad de los combustibles.

Entre las medidas planteadas están la implementación de nuevos laboratorios de control, auditorías, una revisión de los procesos dentro de YPFB, controles sobre la calidad de los tanques de almacenamiento y conductos, además de una revisión de la cadena de custodia del combustible.

“Ya dejemos de encubrir estas irregularidades”, demandó la legisladora, quien aseguró que la comisión documentó una serie de observaciones al interior de YPFB y señaló la existencia de presuntos “clanes” dentro de la estatal petrolera.

Durante su 162ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó una Resolución Camaral que avala el informe final de la Comisión Especial de Investigación encargada de esclarecer las denuncias de presuntos actos de corrupción relacionados con YPFB, tanto en la compra de combustibles a empresas transnacionales como en su posterior comercialización sin los controles de calidad correspondientes.

La resolución también establece que la Fiscalía General del Estado deberá informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el avance de las investigaciones, dentro de sus atribuciones y competencias.

El informe identifica posibles hechos que podrían constituir delitos previstos en el Código Penal, entre ellos conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.

Arispe remarcó que ahora corresponde a las instituciones competentes avanzar en la investigación y determinar responsabilidades. También pidió a la población ejercer presión y realizar seguimiento para evitar que los hallazgos queden sin consecuencias.