Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, y el exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo cuestionan la destrucción de cargamentos vinculados a empresas madereras bolivianas y reclaman garantías para la defensa. Mientras Bolivia plantea dudas sobre la preservación de pruebas y el derecho al tránsito comercial, la Fiscalía chilena sostiene que los análisis confirmaron la presencia de sustancias ilícitas. El caso enfrenta dos asuntos decisivos: la investigación penal y la protección de las exportaciones legítimas.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 14 de octubre de 2026.- La controversia por los cargamentos de madera boliviana retenidos en Chile ha escalado desde el ámbito judicial hasta convertirse en un problema para el comercio exterior y la relación bilateral. Gary Rodríguez advierte que las medidas adoptadas perjudican económicamente a las empresas involucradas, afectan la imagen internacional de Bolivia y ponen en riesgo fuentes laborales vinculadas a la actividad maderera. También sostiene que la destrucción de la carga puede limitar la posibilidad de realizar peritajes independientes que respalden la defensa de los exportadores. El reclamo adquiere dimensión comercial porque el Tratado de 1904 reconoce a Bolivia el derecho de tránsito comercial por territorio y puertos chilenos; sin embargo, determinar cómo se aplica ese marco a una investigación penal concreta requiere examinar los antecedentes y las actuaciones judiciales del caso.

Desde la perspectiva jurídica, el exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo cuestiona que se haya dispuesto la destrucción de la madera sin, según su interpretación, garantizar suficientemente la participación de las empresas propietarias y el ejercicio de su defensa. Su argumento se centra en la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad y la necesidad de preservar elementos que puedan ser examinados durante el proceso. No obstante, existe una versión oficial chilena que debe incorporarse a la discusión: la Fiscalía informó que los análisis del Instituto de Salud Pública confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en las muestras remitidas y que el operativo detectó cargamentos contaminados en varios puertos. Además, el 2 de octubre, el fiscal regional de Arica se reunió con senadores bolivianos que solicitaron detener la quema para conservar la evidencia, pero informó que la destrucción continuaba al no existir una orden judicial que la paralizara. Por tanto, las denuncias sobre posibles irregularidades y los resultados de la investigación deben evaluarse con base en documentos técnicos y decisiones judiciales, sin confundir cuestionamientos de la defensa con hechos ya establecidos.

El impacto económico trasciende a las empresas directamente afectadas: el caso puede repercutir sobre la confianza de compradores internacionales, los costos de exportación y la reputación de otros productores bolivianos que utilizan rutas logísticas similares. Para Rodríguez, el perjuicio alcanza también a los clientes extranjeros y a la imagen del país; la respuesta, desde el interés comercial boliviano, pasa por exigir transparencia, cooperación diplomática y mecanismos de verificación que permitan diferenciar las operaciones legítimas de cualquier actividad criminal. El desafío es doble: que la investigación contra el narcotráfico continúe con respaldo técnico y judicial, y que los exportadores tengan garantías efectivas para ejercer su defensa. La disputa de fondo no se resolverá únicamente con declaraciones diplomáticas: dependerá de la evidencia, la legalidad del procedimiento y la capacidad de ambos países para evitar que un caso penal termine dañando de manera indiscriminada al comercio exterior boliviano.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia