La vía Paraná–Paraguay recorre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, por lo que mueve gran parte del comercio exterior de la región.

El Gobierno de Argentina se encamina a definir una de las concesiones de infraestructura más importantes de las últimas décadas: la privatización por 25 años de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná–Paraguay, corredor fluvial estratégico por el que circula cerca del 80% del comercio exterior de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil.

El plazo para presentar ofertas vence este viernes, dando inicio a la fase decisiva de un proceso que el gobierno de Javier Milei considera central para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora regional. Se proyectan inversiones cercanas a los $us 10.000 millones en dragado, señalización y tecnología.

La hidrovía es especialmente crucial para Bolivia, país sin litoral marítimo que depende de este corredor para su comercio exterior por la vía fluvial hacia el océano Atlántico. A través de los puertos bolivianos sobre el río Paraguay —principalmente en la región de Puerto Busch y la zona de la hidrovía en Santa Cruz— se transportan exportaciones de soya, minerales, combustibles y carga general, además de importaciones estratégicas.

Hidrovía

Entre los principales cambios previstos en la concesión figura el aumento de la profundidad de navegación a 40 pies, lo que permitiría que los buques operen con carga completa y reducir costos de transporte. También se contemplan inversiones obligatorias en sistemas tecnológicos de control, seguridad y monitoreo, así como medidas específicas para combatir el narcotráfico.

El pliego incorpora además a la provincia argentina de Entre Ríos al sistema logístico de la hidrovía y establece la creación de un organismo de supervisión permanente con participación público-privada durante todo el período concesionado. Asimismo, se prevé una reducción superior al 10% en las tarifas en dólares respecto al esquema vigente y una auditoría integral de Naciones Unidas para garantizar transparencia.

Al menos ocho compañías internacionales especializadas en dragado y obras marítimas —entre ellas Jan de Nul, DEME, Van Oord y Boskalis— estarían en condiciones de competir por la concesión.

Para Bolivia, el resultado del proceso tendrá impacto directo en su competitividad comercial, ya que mejoras en la navegabilidad y reducción de costos podrían abaratar exportaciones e importaciones, fortalecer la integración regional y ampliar el acceso efectivo al comercio global pese a su condición mediterránea. La definición de esta licitación marcará, por tanto, el futuro logístico de gran parte del Cono Sur durante el próximo cuarto de siglo.



Fuente: La razón