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Conozca la realidad minera de algunas regiones colombianas y su demanda contra el Estado

Colombia

La Asociación de Mineros del Bajo Cauca y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia interpusieron una acción popular por lo que ellos consideran la “vulneración de los derechos colectivos al medio ambiente, a la seguridad jurídica, a la igualdad y al trabajo”.


La Asociación de Mineros del Bajo Cauca y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia buscan que se les asegure un proceso de formalización adecuado.

Páramo de Santurbán. En las faldas del páramo que surte de agua a la capital de Santander, que ofrece el preciado líquido a una parte de Boyacá y que entrega varios cientos de metros cúbicos a Norte de Santander, se ven crudos rastros que ha dejado la minería informal: el río se torna gris y arrastra corriente abajo restos de químicos —mercurio y cromo— usados para extraer el oro del material rocoso. Y con un vistazo a la montaña, lo que se ve es una hilera se socavones con varios años de apertura. Sin control. Sin fiscalización.

Marmato. Caldas, la tierra del café de exportación, el del aroma suave y inconfundible por sus notas ácidas, también es tierra de minería. A tres horas y media de Medellín la escena, como en las faldas de Santurbán, se repite.

A la orilla de la carretera se ve una legión de ‘topos’, mineros que socavan la devastada montaña en busca de rocas cargadas de oro. Pero no sólo se ven las bocas de mina, también se ve la quebrada en la que los hombres, con molinos artesanales, lavan y muelen las piedras en busca del polvillo dorado que los saque de la pobreza. Y el agua, río abajo, tiene de todo, menos pureza.

Bajo Cauca Antioqueño. La región de los barequeros. De los que llevan bajo el brazo el platón para lavar la roca. De los históricos en la minería. De los que llevan generaciones viviendo de pescar riquezas minerales en el río. Pero también, de una escena dantesca: basta con sobrevolar la zona que comprende los municipios de El Bagre y Caucasia, para ver las heridas que ha dejado a la orilla del afluente la minería informal y, con mayor acción, la ilegal.

Con esta última han llegado retroexcavadoras para hacer de las suyas hasta inundar indiscriminadamente las zonas de influencia. Sin Dios ni ley. Sin temor a contaminar las tierras que les herederán a sus hijos.

El ‘boom’ minero. Eran tiempos de campaña. En 2010 para ser exactos. El después electo presidente Juan Manuel Santos focalizó el desarrollo potencial de la economía colombiana en cinco locomotoras: infraestructura, construcción, tecnología, agricultura y minería.


Pasaron tres años y la inversión extranjera directa, con cifras récord, se elevó por cuenta de la última de ellas. Santos tenía razón. La minería encontró su maquinista y los vagones se cargaron de mineral. Pero ese desarrollo trajo consigo inconformidades, desigualdad y hasta la evidencia de que grupos ilegales se nutrían de los recursos naturales.

Las grandes del negocio, con recursos en mano, libraron la batalla jurídica que les permitía cumplir con la ley y adelantar desarrollos, ceñidos a los requisitos, explorando, explotando y respondiendo por el impacto ambiental que generaban. Cuestionados. Y muchos de ellos aún ni siquiera han podido iniciar operaciones porque movimientos ambientalistas no se los han permitido. Pero a la par se hicieron visibles los pequeños. Los que aseguran estar trabajando en lo mismo que han hecho sus padres y abuelos y que, tras revisar la legislación, manifiestan estar olvidados por el Estado.

Por eso la semana pasada, representadas por el abogado Eduin Fernando Ortiz Cueto, la Asociación de Mineros del Bajo Cauca y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia interpusieron una acción popular en contra de los ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente y Defensa Nacional; la Presidencia de la República, el fiscal general de la Nación y el Congreso colombiano por lo que ellos consideran la “vulneración de los derechos colectivos al medio ambiente, a la seguridad jurídica, a la igualdad y al trabajo”, se lee en la demanda.

“Hay un primer derecho que es el derecho a la seguridad jurídica y la seguridad jurídica de los mineros informales en aras de poder obtener un proceso de formalización adecuado. El gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas inconsistentes que generan inseguridad, zozobra e intranquilidad en la población minera y que por ende afecta otros derechos de manera colateral, como el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo, a la dignidad humana y de la igualdad”, describe Ortiz.

Y exigen —se lee en el documento de 63 folios en original— una lista extensa de acciones que, señalan, el gobierno no ha tenido en cuenta: caracterización que defina la naturaleza y tipo de actividad minera que realmente existe en el país; artesanal, pequeña, mediana, gran minería.

Aducen que se debe reconocer que en dicha actividad se ha usado desde hace varias décadas maquinaria. Que se deben adoptar medidas de acompañamiento y control a los pequeños en materia de impacto ambiental. Pero ante todo, insisten una y otra vez en que deben diferenciar la minería informal de la ilegal.

El cúmulo de peticiones se escucha más fuerte si se tiene en cuenta que la pequeña y mediana minería en Colombia concentra el 99,5% de los títulos otorgados (el resto corresponde a gran escala), cada título genera en promedio 28 empleos, 40% de ellos directos y 60% indirectos, para un total de 300.000 en todo el terreno nacional y, para cerrar en términos económicos, necesita US$1,8 millones para cubrir los costos de operación en un año.

El abogado es enfático en que el proceso de reclamación ante el Estado se originó porque, en resumidas cuentas, no se tiene vigente un proceso de legalización en Colombia para los mineros pequeños, para los informales.

“La ley 1382 de 2010 estuvo vigente hasta el 11 de mayo. Lo que la gente no sabía es que esa ley fue declarada inexequible el 11 de mayo de 2011 y solamente estaban vigentes las normas de carácter ambiental. ¿Qué significa? Que el proceso de legalización de la minería informal que estaba en esa Ley 1382 no estaba vigente desde el 11 de mayo de 2011. Fue algo que pasó inadvertido en el mismo gobierno nacional y por eso continuó con el proceso de formalización y legalización el año pasado”, detalló.

Y agrega que “el gobierno expidió un decreto, el 933, el día de la caída de la Ley 1382. Definió un concepto de minería tradicional y dijo que los procesos de legalización seguirían hasta su culminación. Pero ese decreto lo que hace es que continúa con el proceso de formalización que, como ya le dije, es ilegal. La situación de los mineros es de zozobra”. Pero otro es el escenario que expone la viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez, al escuchar los argumentos del demandante.

“El código de minas es la Ley 685. Lo que buscaba la 1382 era, entre otras cosas, permitir la legalización de minería tradicional. ¿Y qué significa legalización? Entregar un título a los que fueran susceptibles de entregarles un título. Eso quiere decir que debían estar en un área libre y que no podían estar en un área restringida de minería por el medio ambiente. Se da una ventana de dos años en los que se reciben las solicitudes de legalización”, expresó.

Pero con la caída de la 1382 “se recibió la última solicitud de legalización el 11 de mayo. Y quedaron aproximadamente 6.000 solicitudes para resolver. ¿Qué pasa? Que se caía la 1382 y el gobierno se dio cuenta de que se quedaba sin marco jurídico para poder evaluar porque, acuérdese, la 1382 era la que permitía hacer el proceso de legalización. Entonces, sacó un decreto diciendo que para las solicitudes que se presentaron hasta el 11 de mayo seguía aplicando lo que existía en la 1382. Porque si no, todas estas solicitudes de legalización se quedaban en el aire. Y eso lo hizo el gobierno en pro de los mineros que querían tener título... Y por eso, para el gobierno, el proceso de formalización que estaba vigente desde antes, desde el Plan Nacional de Desarrollo, se mantiene vigente”.

Y en respuesta a las peticiones y exigencias de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca y a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, la viceministra fue contundente: “La minería tradicional no permite el uso de dragas ni de retroexcavadoras y nosotros no vamos a legalizar ningún tipo de actividad que vaya en contra del medio ambiente”. Ya el ministro de Minas, Federico Renjifo, lo había dicho. “Hay cerca de 15 mil unidades informales que hay que ayudar. Estamos haciendo proyectos como nunca se habían hecho en acompañamiento en información. La gente no le ve a la formalidad un beneficio; eso les cuesta”.

Se viene un lío jurídico entre mineros y Estado. La Rama Judicial tendrá que leer 387 folios entre el poder, la demanda y los anexos para dirimir. Para darles la razón a los representantes de los pequeños mineros, de los informales o al gobierno, que está adelantando todo el programa para depurar a quienes sí tienen, por herencia y por oficio, el trabajo de la minería en la sangre.

Como preámbulo al debate, el presidente Santos, el maquinista de la locomotora, lo había advertido el 31 de octubre del año pasado: “la informal que quiera formalizarse, hay recursos destinados, cerca de $30 mil millones, para ayudar; pero mano dura y contundente contra la minería criminal”.

FUENTE:

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-la-realidad-minera-de-unas-regiones-colombianas-y-su-demanda-contra-el-e

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