Por concepto de regalías (considerando una utilidad del 35%) en Bolivia se paga entre el 6 y el 7%; en Argentina entre 0 y 3%; en Chile el 1.75%; en Perú el 2%. Con relación al Impuesto a las Utilidades de las Empresas y el Impuesto sobre Remesas de Dividendos, en Bolivia se paga el 45.3%, frente al 35% que se paga en Chile y Argentina, y 32.9% en Perú.

Si a ello se suma el ajuste por inflación y otros impuestos adicionales (ITE, IT, ITPVA, etc.), resulta que la presión impositiva (goverment take) sobre operaciones mineras con costos operativos del 70% (que es la situación de la mayoría de los proyectos mineros en Bolivia) se aproxima fácilmente al 67%; dos de cada tres dólares que genera la inversión privada se quedan con el Estado. Se entiende, entonces, que la política tributaria sea poco o nada competitiva para captar inversiones.

Por si fuera poco, el proyecto de nueva Ley Minera pretende para COMIBOL una participación del 55% en las utilidades de los proyectos mineros operados por privados. De imponerse este criterio, la carga impositiva a la actividad empresarial se incrementaría a la increíble cifra de 91%; los operadores privados apenas retendrían el 9% de las utilidades netas. Esto son datos de los escenarios analizados en el libro Los dilemas de la minería, que no han sido refutados por las autoridades del sector minero.

Por ahora no podemos saber si el descenso de los precios es temporal y pronto a revertirse o si se trata de un fenómeno más prolongado y con efectos contractivos en la producción minera. Sea cual fuere la situación, nuevamente se pone de manifiesto la extrema volatilidad de los precios internacionales y, por tanto, la inestabilidad de los mercados.

Dentro de este cuadro de incertidumbre una cosa parece evidente: la tendencia en curso es una baja progresiva de los precios -no es una caída abrupta-. Empero, de persistir esta tendencia no hay duda de que se transforma en una amenaza para la minería boliviana; eventualmente pueden verse comprometidas la rentabilidad y sostenibilidad de todas las operaciones mineras.

¿Cómo contrarrestar esta amenaza? La respuesta eficaz sería compensar las pérdidas (o menos beneficios) derivados de los menores precios en el mercado de minerales, con mayores volúmenes de producción y, por cierto, con incrementos de productividad. ¿Es esto posible? Sí, siempre y cuando las empresas puedan hacer inversiones en maquinaria, tecnología e innovaciones en el proceso productivo. Cierto que esta clase de respuesta está fuera del alcance de la mayor parte de las cooperativas y la minería chica, y también probablemente de las empresas de COMIBOL. Sin embargo no lo está de la minería privada mediana y grande que sí tiene capacidad de aumentar capital y ajustar sus operaciones para disminuir costos y maximizar utilidades.

El drama es que este segmento empresarial, pudiendo invertir y ampliar sus emprendimientos para incrementar la producción de concentrados y añadir valor agregado, no lo hace. Y no lo hace primordialmente porque los riesgos son enormes: incertidumbre jurídica; ausencia de reglas claras; temor a nacionalizaciones y confiscaciones; tomas de minas; posible subida de impuestos.

Ahora que se debate un proyecto de Ley Minera y cuando están en juego acuerdos cruciales en torno a temas neurálgicos (régimen tributario, porcentaje de las utilidades de COMIBOL en los contratos de asociación con operadores privados, consulta previa, garantías a la inversión privada), las autoridades de gobierno deben meditar muy bien sobre sus opciones y evitar tomar decisiones precipitadas que podrían llevar al colapso de la minería nacional.

(*)Sociólogo, Investigador de la Fundación Pazos Kanki, experto en temas de Desarrollo y Democracia. Ha desempeñado altos cargos de Estado. Algunos de sus libros: El Cielo por Asalto (2009); Actores emergentes y la formación de un capitalismo popular en Bolivia (2011); Un nuevo rumbo (2012); Los dilemas de la minería (2012), Editor y Coautor.