Hay que mirar a Chile. Este país está expresando una crisis de legitimidad política que vale la pena considerar, después de 30 años de una democracia que buscó transitar de la dictadura de Augusto Pinochet a un régimen de libertades puntuales, sin conseguirlo plenamente. Ese parece ser el desafío de la democracia chilena que ha comenzado a exigir mayor presencia del Estado en temas de educación, salud y las pensiones de los jubilados.

Mientras la policía decide dejar de usar perdigones tras herir a aproximadamente mil personas en los disturbios de estos últimos días, los chilenos han demandado un nuevo referéndum como medida institucional para salir de la crisis política y económica que están viviendo después de 30 años de democracia que no ha logrado resolver problemas estructurales de larga data, bajo el paraguas del mercado.

En efecto, el domingo 26 de abril los chilenos realizaran un nuevo plebiscito para consultar si deben elaborar un nuevo texto constitucional, más inclusivo, y que principalmente ponga fin a la carta magna heredada en 1980. Quieren elaborar una Constitución en democracia, dicen, y también apuestan a resolver su importante crisis de legitimidad política que se lee en los titulares de la prensa, se palpa en las gestiones políticas del Gobierno de Piñera, y se constata dramáticamente en las revueltas callejeras.

Si bien la tensión social en las calles había disminuido este último tiempo, la reedición del popular Festival de Viña del Mar, la ha sacado de su estado latente, con graves incidentes que pasaron desde incendiar automóviles hasta destruir el hotel O’Higgins, donde se hospeda gran parte de las bandas musicales de este famoso evento en América del Sur. Los destrozos no han sido menores, nuevamente.

Sebastian Piñera, que cuenta con apenas un 6% de respaldo a su gestión de gobierno, está empeñado en recuperar el orden público “como prioridad número uno”, lo cual habla de una debilidad en su legitimidad política que le  impide gobernar adecuadamente en un ambiente de elevada convulsión que demanda medidas de mayor equidad social.

Chile ha vivido, desde el régimen de Pinochet, una larga trayectoria vinculada a medidas de orden liberal que lo situaron como un país paradigmático en materia de crecimiento y estabilidad económica, sin embargo, las revueltas sociales han puesto en evidencia inmensas fisuras en este modelo y demandan ahora una mayor presencia del Estado, bajo el argumento de que este puede y debe ser más equitativo.

Esto habla de un continente, el de América del Sur, en complicaciones para no decir en llamas. Piñera dice que en su país ya ha ocurrido “demasiada violencia” y Bolivia acaba de salir de un escenario dantesco donde los enfrentamientos entre civiles a favor y en contra de la continuidad del régimen de Evo Morales-que gobernó Bolivia con una mayor incidencia del Estado por aproximadamente 15 años-también hablan de inequidades a la hora de auditar los problemas estructurales como son precisamente: educación, salud y la atención a sectores vulnerables como el de los jubilados.

Por tanto, los grandes acuerdos en democracia parecen no llegar y si llegan, no mueven la ecuación de las inequidades sociales. La falta de legitimidad política agudiza estos escenarios y la clase política parece que duerme un sueño demasiado parecido a la estupidez. Los movimientos ciudadanos, hasta los religiosos, pretenden construir sentido mediante demandas de todo tipo, rezos y violencia callejera; pero, solamente han logrado restar posibilidades de gobernanza. Las demandas son muy grandes, da la impresión de que el hastío está llegando a sus niveles límite y las respuestas parecen no haber nacido.