El gobierno ha instituido una Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) , con la idea de prevenir, investigar e intervenir en la gestión administrativa y operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), consideradas las empresas estratégicas más importantes del sector energético boliviano y, en realidad, del país.

El titular de esta nueva instancia del aparato estatal, Edmundo Novillo Aguilar, conocido en el ámbito público por su perfil de permanente concertación en sus funciones como consejero departamental, diputado nacional, alcalde y luego gobernador de Cochabamba, tiene al frente la misión de estructurar un armazón institucional que le permita transparentar la gestión de estas dos empresas, desde el MHE. Probablemente la iniciativa pretende emular lo que ocurre en Noruega donde esta instancia del Ejecutivo es responsable por el manejo de los recursos.

Sin embargo, si nos fijamos en el modelo noruego de administración del sector petrolero, sería interesante atender con mayor cuidado la figura de la Autoridad Noruega de Control Petrolero convertida en un Directorado (Agencia reguladora en materia técnica), con la misión de asegurar el cumplimiento de la Ley de Control de la Contaminación y que proporciona consejos, valoraciones, documentación técnica y apoyo especializado al Ministerio de Medio Ambiente (Estrada: 2006), para asegurar una dinámica más cuidadosa con el entorno dentro de una actividad que no deja de ser altamente depredadora.

En nuestro caso, esta instancia apuntalaría el manejo de temas medioambientales en el sector y tendría, en los hechos, un rol menos conflictuado con los papeles asignados al Ministerio de Transparencia y a la propia Procuraduría General del Estado que es una institución jurídica pública que cumple la alta función constitucional de defensa legal del Estado boliviano y es responsable de promover, precautelar y defender los intereses patrimoniales del Estado, sea judicial o extrajudicialmente en resguardo de la soberanía boliviana, como rezan sus postulados.

Es más, desde mi punto de vista y en la línea de estructurar la institucionalidad estatal dirigida a la defensa de los intereses del Estado, se debería haber pensado en una arquitectura de mayores proporciones, instituida en la Constitución, para efectos de velar en forma integral, la viabilidad y seguridad de los intereses estatales.

Una instancia supragubernamental que, sin duda, no tiene nada que ver con la idea de un Estado interventor y autoritario sino con el objetivo de conseguir una gestión estatal eficiente, planificada y sin duplicación de funciones en el ejercicio de sus funciones y apegada a los intereses del Estado y no de los gobiernos de turno.

Para ello se había planteado instituir la figura del Consejo de Estado que es más que una Procuraduría-que en la práctica tiene similitudes y/o duplicidades con el rol del Defensor del Pueblo y ahora también con esta instancia de nueva creación, desde el MHE-, con un carácter definitivamente integral, técnico, permanente y dependiente del voto popular, dirigido a establecer una nueva institucionalidad estatal en Bolivia, a partir de la planificación participativa de políticas de Estado que luego derivarían en estrategias, planes, programas y tareas, altamente consensuadas.

Por ahora, estas pequeñas instancias, incluida la Procuraduría, no alcanzan esa integralidad y en los hechos no logran la relevancia necesaria para incidir en la construcción de una nueva arquitectura estatal en el país; complejo y diverso. Si la vida fuera una generosa suma de ideas, aptas para un fin específico, vengan están de donde vengan; probablemente nuestra naturaleza humana sería distinta, y las obras de nuestra creación también.

Por el momento,  le deseamos a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la mejor gestión posible, aunque advertimos suspicacias visibles  para el limitado ámbito de gestión que se le ha asignado, a partir de un propósito seguramente loable como es luchar contra la corrupción.