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Se reconfigura mapa de conflictos mineros en Perú

Si bien el número de conflictos sociales en Perú ha bajado desde el 2009, diversas protestas han emergido en la sureña región andina, la que anteriormente no formaba parte del mapa de conflictos. Según informes de gobierno y analistas, las disputas han ensombrecido el incremento de proyectos mineros de inversión en algunas de las regiones rurales más empobrecidas del país.

 
Regiones como Apurímac, que encabeza ahora la lista de conflictos de la Defensoría del Pueblo, carece de institucionalismo y presencia estatal, dijo a BNamericas José de Echave, director de la ONG Cooperacción y exviceministro de Ambiente.


Proyectos mineros, que suelen comprar tierras, a menudo entran en conflicto con tradiciones indígenas sobre la propiedad comunal, explicó.

 
 
"La entrada de la gran minería está implicando una ruptura con las estructuras de propiedad y con los equilibrios socioeconómicos y ambientales que antes existían", señaló De Echave en una entrevista concedida en Lima.
 

 
En Apurímac está la mina de cobre de US$5.100mn Las Bambas de Glencore, el depósito de cobre y oro Los Chancas de Southern Copper, el proyecto cuprífero Haquira de First Quantum Minerals, el depósito de mineral de hierro Apurímac Ferrum de Strike Resources, además del proyecto de oro Anama y el depósito de cobre Anabia, en los que trabaja Minera Aruntani.

 
 
La Defensoría del Pueblo informó que se registraron 6 nuevos conflictos sociales en el sexto mes, con lo que el total nacional se incrementó a 212. En tanto, las protestas se elevaron de 160 en mayo a 174, la mayor cifra mensual en al menos un año. Apurímac, que da cuenta de cerca del 20% de la cartera minera local por US$60.000mn, presentó 24 conflictos sociales el mes pasado, por sobre Ancash (23) y Puno (18).
 

 
Si bien el número de conflictos sociales ha bajado respecto del máximo de 274 que se registró el 2009, las protestas han dejado al menos 50 muertos desde que el presidente Ollanta Humala asumió en julio del 2011, según la ONG Coordinadora de Derechos Humanos.
 

 
Una fuente extra de conflictos podría derivar del paquete de estímulos económicos del gobierno, que propone agilizar la aprobación de proyectos, como los permisos ambientales, en un intento por dar un salto en las alicaídas inversiones, comentó De Echave.
 
 

Mientras en Chile la evaluación del estudio de impacto ambiental tarda 120 días, el Gobierno peruano propuso recortar el período de revisión de 6 meses a 45 días. La autoridad del agua de Perú, ANA, que forma parte del Ministerio del Ambiente (Minam), tiene un equipo de 13 funcionarios que revisan 50 informes de 6.000 páginas al mes, según Cooperacción.
 
 

"Este tipo de normas empeora los conflictos, ya que está claro que el Minam pierde facultades", señaló De Echave. "Nos estamos tirando al suelo en materia de condiciones adecuadas para evaluar los estudios de impacto ambiental".

 
 
Tras las elecciones municipales y regionales de octubre podrían aumentar las protestas contra proyectos mineros como el de oro y cobre Minas Conga, en que Newmont Mining invertirá US$4.800mn en Cajamarca, puesto que tanto los candidatos como las autoridades volverán a prestar atención a conflictos latentes, según De Echave. Además, el avance de las mesas de trabajo medidas por el gobierno no es suficiente, agregó.
 

 
La unidad Minera Yanacocha de Newmont suspendió Conga tras las cruentas protestas ambientales del 2011 y desde entonces ha trabajado en infraestructura social como embalses.
 

 
"En términos generales son proyectos muy iniciales, que habrá que ver si esos resultados se van a poder sostener", aseveró De Echave. "Y esto dependerá de las estrategia de los actores. Si Yanacocha dice 'Conga saldrá como sea', no me cabe duda que eso tendrá un efecto en la conflictividad social".

FUENTE: BNAMERICAS

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