La falta de infraestructura ha sido siempre un problema mayor en América Latina y el Caribe (ALC); somos, al fin, pueblos que primero nos llamaron nuevo mundo y luego subdesarrollados y, ahora, en vías de desarrollo. Nuestros grandes recursos naturales sólo convirtieron al continente en proveedor barato de materia prima y hasta ahora esta situación no puede ser revertida.

Las elites gobernantes no alcanzaron la medida de orden que les permitiera, en base a estos inconmensurables recursos, planificar nuestro destino. Nuestra falta de infraestructura y la calidad de nuestros servicios fue, casi siempre, nuestro talón de Aquiles junto a un insufrible conjunto de líderes políticos que, en su mayoría, rifaron el país para solamente sacar tajadas personales.

Merodear el poder político para sacar ventajas económicas era y sigue siendo una forma de vida que ha consolidado importantes grupos de poder alrededor del poder. Una práctica criticada desde el llano, imitada desde el poder, que no ha dejado de pasar factura al conjunto del continente latinoamericano.  CAF dice, a propósito, que la crisis de los precios de materias primas afecto la infraestructura y servicios en ALC y yo pienso que se trata de una mala noticia.

Sostiene que el año 2015 se consolidó el fin de un ciclo de altos precios de los productos básicos que durante casi diez años favorecieron a los países de América Latina para seguidamente afirmar que la caída de esos precios influyó en la declinación de la actividad económica, que se refleja en el PIB de la región.

Esta lectura refiere que las altas tasas del comienzo de la década (del orden del 4 al 6% anual en 2010 y 2011, computadas a escala regional) sufrieron una desaceleración en los dos años posteriores, situándose en el 3%. Agrega que, más tarde, cayeron al 1% en 2014 y asumieron valores negativos en 2015 y 2016.

“Este nuevo contexto genera varios impactos sobre la infraestructura y sus servicios: reduce las demandas de los servicios actuales y proyectados, afecta las fuentes de financiamiento y puede modificar las prioridades de inversión”, precisa.

Señala que los efectos observados en 2015, a partir de la retracción general de la economía en la región, varían considerablemente por sector y agrega que la demanda de energía eléctrica, por ejemplo, se redujo al 1% mientras que la de gas natural se mantuvo debido a que la baja de precios favoreció a los importadores.

Para CAF la retracción de sus ingresos fiscales ha obligado a los países de la región a recortar sus presupuestos; incidiendo en los recursos destinados a la inversión y afectando a las entidades subnacionales –de relevancia creciente en la inversión en infraestructura–que en muchos casos reciben, en forma directa, regalías provenientes de la exportación de commodities. 

“Ante la restricción de los recursos públicos, los países apuntan a suplantarlos mediante una mayor participación privada. Diversos sectores de la infraestructura siguen siendo atractivos para los inversores privados: energías renovables, grandes gasoductos, carreteras, aeropuertos y puertos”, indica en medio de un contexto que ha comenzado a ser nuevamente difícil para la región, pero imperceptible en la mayoría de los discursos de los dirigentes políticos. Es posible que, en estas condiciones, imaginar el cambio sea más difícil que imaginar la guerra; ese estado de situación que invalidada cualquier idea de planificación.