Bolivia supera, en muchos aspectos, al Macondo de Gabriel García Márquez y me ratifica que, en efecto, la realidad muchas veces está por encima de la ficción. Lo que digo viene a colación de lo ocurrido con la llegada de los miembros del denominado Tribunal de los Derechos de la Naturaleza creado en 2014 como parte de las discusiones en la Cumbre Alternativa de Tiquipaya-Cochabamba desarrollada en 2010.

Se trata, para los que no habían escuchado hablar sobre esta instancia internacional, de un tribunal que vigila el respeto de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra por los Estados así como las denuncias sobre hechos que atenten contra la Madre Tierra. Eso dice de manera textual la explicación del director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS), Hernán Ávila.

Aclara que la diferencia con aquellos organismos que son instituidos por tratados internacionales que se celebran a nivel de Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, es que se trata de un tribunal conformado por organizaciones sociales que han definido una composición de personalidades que están comprometidas con la defensa de la naturaleza, del medio ambiente y la madre tierra.

Bajo este paraguas es que los miembros de esta instancia llegaron a Bolivia hace unos días y, cuando se aprestaban a ingresar al Polígono 7 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), fueron detenidos y amedrentados por campesinos productores de coca, junto a miembros de un sindicato de transportistas que estarían a favor de la construcción de una carretera que atraviese este parque; un tema que ha generado un debate aun en ciernes por los posibles daños medioambientales que podría generar en dicha zona y que demandó, precisamente, el arribo de este Tribunal.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó a los miembros de este Tribunal como “voluntarios ambientalistas de buena fe”, y la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, ratificó la intención gubernamental de construir la carretera por el TIPNIS  y la visita terminó siendo algo casi anecdótico. Hasta ahí se podría entender que lo que falló fue que no se entendió, adecuadamente, la negativa del Gobierno a escuchar reclamos medioambientalistas, y que la representatividad del mencionado Tribunal es, cuando menos, precaria.

Sin embargo, y dejando para un debate serio estas dos probabilidades, lo inesperado fue que luego de esta prohibición de ingreso a dicha zona-generando múltiples como posiblemente antojadizas interpretaciones sobre que la región del Polígono 7 es zona de plantaciones de coca, pero además de elaboración de cocaína-,se desata un conflicto en La Asunta, con cocaleros de los Yungas que estarían plantando coca ilegalmente; casi como si la jugada gubernamental fuera la de mostrar un perfil totalmente impecable en la lucha contra el flagelo de las drogas y las plantaciones ilegales de coca.

Lo dramático del asunto es que el conflicto arrojó un policía muerto, varios heridos y desaparecidos y yo terminé recordando las viejas luchas de los cocaleros del Chapare, a la cabeza de Evo Morales, con miembros de Umopar, cuando muchas veces tuvimos que verificar mujeres violadas, golpeadas, niños agredidos, hombres muertos y desaparecidos; como saldo de esa lucha “implacable” en contra de plantaciones ilegales de coca y el narcotráfico.

Por tanto, con el conflicto en La Asunta, tuve la sensación de estar, nuevamente, en una de esas situaciones de antaño y en el marco de alguna película de ciencia ficción donde, para ser dueños del mundo o neutralizar algunos acontecimientos, necesitamos, de manera urgente, fabricar malos y combatirlos “con todo el rigor de la ley y de la fuerza”. Y, al mismo tiempo, ofrecer un escenario de guerra donde el bueno de la película es el que tiene el poder y, además, la infraestructura básica indispensable para recrear el terror. A veces, sólo a veces, mi imaginación me juega malas pasadas y espero que ésta sea una de esas pobres veces. De verdad que lo espero.