El tema Quiborax ha dejado, entre otras cosas, la certeza de que las instancias conformadas bajo una nueva institucionalidad estatal como la Procuraduría General del Estado, no están cumpliendo acertadamente el rol asignado para la defensa de los intereses del Estado. El caso representa, sin duda, una oportunidad interesante para repensar el papel de esta institución y remarcar que, junto a otras entidades, todavía soporta las contingencias de un incompleto y defectuoso sistema jurídico organizacional que le impide cumplir a cabalidad, las atribuciones marcadas en su agenda.

Tradicionalmente, el Ministerio Público ha tenido las atribuciones de defender los intereses del Estado pero casi nunca ha podido hacerlo: se ha restringido, la mayor parte de las veces, a cumplir una función meramente coactiva, en el marco de la aplicación jurídica y no ha podido ejecutar esta finalidad, principalmente por su dependencia del Poder Ejecutivo. Pareciera ser que la Procuraduría adolece de limitaciones similares o iguales y sus mecanismos jurídico-administrativos no muestran estar a la altura de los desafíos presentes.

Si observamos la letra muerta de las nuevas disposiciones legales, la Procuraduría del Estado ejerce la representación jurídica de la defensa legal del Estado; promueve y precautela sus intereses; brinda asesoramiento, investigación jurídica y producción normativa, así como formación académica especializada en las áreas de Defensa Legal del Estado y Gestión Pública; con el propósito de contribuir a la construcción y consolidación de una práctica y cultura de defensa de los intereses del país.

Sin embargo, el caso Quiborax ha transparentado que la Procuraduría no tiene una clara división entre sus funciones administrativas, operativas y sobre todo de decisión, y que tampoco cuenta con un diseño de entidad participativa para cumplir el mandato de velar en forma autónoma e integral por los intereses del Estado que supone los haberes del conjunto de los bolivianos y no solamente del Gobierno.

Observando estas limitaciones se había planteado, ante la Asamblea Constituyente, la necesidad de incorporar, en el armazón constitucional, no una Procuraduría, sino la figura de un Consejo de Estado que le permita al país contar con una instancia consultiva y permanente de planificación de políticas públicas y de defensa de los intereses del Estado, desde el Estado, en forma autónoma y altamente participativa. La idea de crear este órgano supra gubernamental no prosperó, probablemente porque apuntaba a consolidar un Estado de nuevo tipo.

Miraba un Estado lejos de la idea de ser el instrumento organizador de la clase que detenta el poder y que es, además, represor (restrictivo cuando menos), de los derechos contrarios a esa clase; y apuntaba a consolidar un Estado integrador a partir de su “poder creativo” (Lechner,1984:158), generador de ciudadanía y desarrollo que buscara superar la esencia autoritaria y fundamentalista que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Probablemente una utopía para muchos, una energía movilizadora para otros.

Por tanto, nunca pensamos que una Procuraduría, dependiente del gobierno de turno; pudiera, en los hechos, responder al cuidado estratégico de los intereses del Estado. El planteamiento iba, más bien, por reformular algunos principios del Ministerio Público y fortalecer sus funciones de acusador; promoviendo su independencia funcional y su autonomía de gestión presupuestaria, junto a la urgente capacitación y cambio de mentalidad de los fiscales enmarcados en una práctica prebendal; reservando, para el Consejo de Estado, la verdadera defensa de los intereses nacionales.

Sea como fuere, hoy estamos frente a un caso que no ha podido ser resuelto como parte de una defensa integral de los intereses del Estado y, Quiborax, viene diluyéndose como un tema de contornos políticos, personales y hasta parece ser que delictivos, al no existir un ordenamiento jurídico-administrativo fundamental que permita prácticas contundentes, participativas y transparentes, en la defensa de los intereses del Estado, sin perder legitimidad.