El conflicto desatado alrededor del campo gasífero Incahuasi ha puesto nuevamente en tapete el tema de la organización territorial en Bolivia y, por ende, el del manejo de los recursos naturales en un país que no ha logrado definir, claramente, si quiere ser centralista, descentralizado, autónomo o federal. Pese al largo debate y discusión sobre estos temas, continuamos inmersos en un complejo entramado normativo que solamente habla de lo difícil que resulta enfrentar una modernización eficiente y racional del Estado.

La modernización del Estado buscando la superación del pensamiento centralista ha permitido, hasta ahora por lo menos, prender la mecha de la intransigencia entre regiones; pero, no ha logrado establecer claramente atribuciones y competencias y tampoco ha culminado en una adecuada organización territorial para lo que en el fondo interesa a la mayoría: el manejo de recursos económicos.

Por el momento, la vigencia de cuatro tipos de autonomías: departamental, municipal, regional e indígena; como base para instituir un Estado plurinacional, arroja un entramado político, social y cultural más complejo que el que se había decidido modificar en la Asamblea Constituyente y ese es un tema sobre el que muy poco se dice, principalmente en los medios.

Si bien este armazón surge  decidido a instituir un Estado más integrado bajo el argumento de modificar el desencuentro entre la vida estatal y la composición socioeconómica del país (Rojas Ortuste, 1998); proponiendo, entre otras cosas, una nueva delimitación y administración del territorio, a partir de la configuración de Entidades Territoriales Autónomas (ETAs); no se ha logrado superar la fase de la consigna y los tecnicismos que, además, no terminan siendo comprendidos adecuadamente por la mayoría de la población.

En estas circunstancias y en teoría, el planteamiento autonómico formulado por el Gobierno admite la necesidad de una redistribución solidaria y democrática de atribuciones y competencias así como de recursos entre el Estado y los potenciales gobiernos autonómicos, pero, no se ha logrado su aplicabilidad y menos su implementación en los términos esperados. 

Por tanto, volvemos a constatar que el Estado boliviano no ha resuelto su crisis, ni siquiera a partir de la consecución de una nueva Constitución. Su modernización, vía la construcción de un armazón menos centralista, no ha logrado cristalizarse. Por el momento, las propuestas de alcanzar un modelo de Estado más cerca al conjunto de la población que no es sino pensarlo con importantes dosis de descentralización del poder central; sólo ha contribuido a crear mayor caos en la administración pública.

En este marco, me toca repetir que aun no se ha superado en Bolivia la fase de la retórica reformista que surge como parte de la permanente observación originada en virtud a los recursos y poderes que el Estado central ha controlado hasta hoy.

El conflicto de límites y distribución de recursos económicos generados por el campo gasífero de Incahuasi, nos muestra que, probablemente, este dilema pueda resolverse a partir de la distribución de competencias entre el nivel central y las distintas regiones; y, sobre todo, cuando estas puedan ser articuladas en función de una lógica nacional que pase por restablecer los derechos de un Estado soberano así como los propios derechos de las regiones. Sin embargo, no es un tema de intransigencia, es una exigencia de racionalidad.