Los organismos internacionales han comenzado a llamar la atención al estilo de desarrollo dominante que impera en el planeta. La CEPAL analiza las señales preocupantes de inestabilidad del sistema económico mundial y destaca, en este escenario, tres derechos vinculados al área ambiental que en muchos países de América Latina y el Caribe no superan lo meramente declarativo, agudizando esta situación.
La CEPAL dice que a la degradación del medio ambiente y los ecosistemas, y a la depredación de los recursos naturales, asociadas a las actuales dinámicas de producción y consumo, agudizadas por la concentración urbana, se suman retos como el cambio climático, cuyos impactos afectan sobremanera a América Latina y el Caribe y, en ella, especialmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Desde esta visión, el foco está en las señales de inestabilidad del sistema económico, la creciente desigualdad, riesgos para la paz y la seguridad y una grave crisis ambiental que muestran la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante. Deja ver que los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales nos enfrentan al desafío de cambiar el modo actual de hacer las cosas y que todo esto ha motivado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional y regional.
Para la CEPAL los documentos “modelo” para alcanzar estos fines serían la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la negociación de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Según este organismo de las Naciones Unidas, todos estos acuerdos están dirigidos a construir sociedades pacíficas, más justas, menos desiguales, solidarias e inclusivas, a proteger los derechos humanos y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.
Sin embargo, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Barcena, reconoce que materializar esta nueva hoja de ruta que se ha planteado la comunidad internacional y regional exigirá una nueva y más incluyente visión del desarrollo y pone de relieve la centralidad de la aplicación cabal del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada hace ya 25 años, en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra).
Indica que el Principio 10 de la Declaración de Río se sustenta en tres derechos interdependientes: el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños.
Dice que garantizar a todas las personas estos derechos es un elemento central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Barcena considera que estos derechos no sólo aseguran el tratamiento de los problemas ambientales que afectan señaladamente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, sino que además garantizan que las necesidades de estos grupos sean adecuadamente tomadas en cuenta.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL concluye asegurando que a pesar de los significativos avances registrados en las últimas décadas, en muchos países la legislación para facilitar la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río aún no está completamente desarrollada o encuentra dificultades de implementación y que más allá de lo declarativo, los desafíos continúan siendo muy grandes, especialmente en la región. Ergo, la región parece tener un inmenso apego a lo declarativo, y una especie de aversión galopante a la implementación de tareas.
FUENTE: EL DÍA
AUTORA: VESNA MARINKOVIC
