La gente pobre generalmente no conoce protocolos, ocurre que regularmente no está informada. No porque la gente pobre no quiera informarse, sino porque gran parte de las veces no le dieron las condiciones para hacerlo. Mucha gente pobre -no todos- trabaja con los escasos instrumentos que le dio la vida, la sociedad, el sistema. Sus padres también, en la mayoría de los casos, pasaron por lo mismo, de manera que el círculo vicioso, además, se reproduce, en un porcentaje importante.

Por tanto, cuando los responsables de Saguapac manifiestan, en relación a los obreros que perdieron la vida durante su trabajo en una alcantarilla de la ciudad de Santa Cruz, que “el accidente ocurrió debido a la inexperiencia de los trabajadores” y  porque “no siguieron los protocolos”, me quedo con un rictus de dolor más que de sorpresa ante tamaña postura institucional.

Un mínimo de entendimiento dice que si yo quiero una empresa eficiente, esto pasa por normas claras y adecuadamente socializadas. No hacerlo de esa manera es negligencia y mediocridad. Esperar que los obreros procedan, en todos los casos, por iniciativa propia o de acuerdo a lo que el caso aconseja, es un error que puede terminar siendo un delito pues la primera responsabilidad la tiene, siempre, la empresa.

Si los hermanos no tenían la orden de ingresar a la alcantarilla, como señala el abogado de la empresa, porque el trabajo debía realizarse a campo abierto; y, sin embargo, lo hicieron, es porque simplemente el instructivo no estaba claro: el mensaje no llegó adecuadamente y entonces la culpa es de quien emite la norma, no de quien la ejecuta mal. A no ser, claro, que los dos obreros hubieran tenido algún tipo de desarreglo neuronal. Pero incluso en esa eventualidad, la culpa sigue siendo de la empresa por no seleccionar a su personal bajo normas de seguridad ocupacional idóneas.

¿No era básico informar a los obreros que si ingresaban sin medidas de precaución a la alcantarilla morirían por efecto de los gases? Ante tamaña advertencia, no hay imprudencia que se imponga a no ser que los trabajadores, ambos, hubieran tenido una vocación suicida o hubieran sido retardados mentales. Una vez muertos los obreros, el problema no se soluciona tampoco informando que “Saguapac no huirá de sus responsabilidades”. El resarcimiento económico es siempre nada frente a lo que vale una vida, por muy humilde que esta fuera.

Estamos frente a un nuevo hecho de fragilidad institucionalidad, claro y concreto. El tormento de los dos obreros y de su familia cuenta, además, de la poca previsibilidad que existe entre las empresas que están a cargo de prestar los servicios básicos pero imprescindibles a una ciudad con más de un millón de habitantes: cuando llueve, la ciudad se inunda; muchos barrios viven en la incertidumbre y la indiferencia. El pavimento se hunde el rato menos pensado y muchas cañerías de agua potable pueden estar infectadas por residuos humanos. Ergo, habitamos un realidad de relato esplendoroso pero falso: no estamos bien, parece que se trata solamente de una ficción.

Aquí es cuando surge la urgencia de construir una gobernanza contundente en las ciudades, a cargo de autoridades elegidas para estar cerca a las necesidades de la población y no todo lo contrario. Las metrópolis no son tanto si es que los servicios básicos que ostenta son deficitarios y brindados de manera también deficitaria, engorrosa y mentirosa.

La Alcaldía recibe un millón de dólares/día por concepto de la renta proveniente de los hidrocarburos para construir la ciudad; y, Saguapac, nos cobra rigurosa y mensualmente por mantener un sistema eficiente de alcantarillado y agua potable. Si los accidentes suenan más que las obras y el servicio eficiente de ambas instituciones; algo huele a quemado y la ciudad ya no está tranquila. ¿Puede haber algo más grave que eso, después de la muerte de dos “ciudadanos” en una alcantarilla?