Es posible crear una instancia de planificación permanente y participativa de políticas públicas en Bolivia que no sea la Asamblea Legislativa? Es verdad que el legislativo tiene, entre sus atribuciones, dictar, modificar, interpretar, derogar y abrogar leyes en base a un procedimiento con base legal establecida por los Artículos 162, 163 y 164 de la CPE, pero, es verdad también que se han dado casos de contaminación política y/o poca participación de los asambleístas que han terminado deslegitimando estas facultades.

Consiguientemente, si es imposible que los asambleístas-sean estos oficialistas y/o de la oposición-puedan ejercer adecuadamente su rol por razones de tipo político principalmente o por carecer de la formación específica para abordar la construcción de determinadas leyes y/o políticas públicas, se debería crear una instancia que, de manera técnica, permanente y altamente participativa, tenga la atribución para hacerlo.

Lo ocurrido con el recientemente abrogado Código del Sistema Penal da cuenta de que el procedimiento legislativo puede ser objeto de manipulación por distintas causas, en distintos momentos y más allá de si las propuestas son buenas o malas. No logra la suficiente socialización de las propuestas ni la participación necesaria de todos los asambleístas para garantizar que la construcción de normas y regulaciones se convierta en una contribución al Estado. 

El procedimiento legislativo para tal efecto ha terminado siendo recurrentemente afectado por intereses políticos, y los resultados generalmente corresponden a la visión del grupo mayoritario y/o defenestrado por los grupos minoritarios: el producto, en ambos casos, termina siendo solamente una medida del desorden legislativo que no puede continuar.

Hace ya mucho tiempo atrás se planteó, observando precisamente el comportamiento errático del Parlamento, incorporar a la Constitución la figura del Consejo de Estado como una instancia supragubernamental de planificación de políticas públicas de manera técnica, altamente participativa y permanente. Pero, la idea no prosperó. No era una medida meramente reformista, sino, transformadora del armazón estatal y su gestión. Probablemente ello generó ruidos innecesarios.

Como no podemos quedarnos en la nostalgia, ahora corresponde buscar, sin modificar la Constitución, un espacio calificado para trabajar las políticas públicas que requiere el país, y construir el orden deseado. No estoy hablando de Cumbres, pues estas son eventuales, improvisadas y con consecuencias generalmente precarias. Se podría crear un Consejo Técnico para tal efecto y designar, bajo la modalidad más adecuada, a los miembros del mismo. Su desempeño debería estar bajo control ciudadano, con una remuneración que recorte los salarios de los legisladores ahora llamados asambleístas y sujeta a resultados.

De lo que se trata es de ir construyendo una institucionalidad estatal que proteja los intereses del Estado-que no es el gobierno- y promueva y perfeccione la democracia; en base a resultados. La gestión y el método deberían ser parte de las propuestas de los movimientos ciudadanos que abogan por tener una sociedad libre pero no libertina, fuerte pero no dictatorial. El soporte de la convivencia colectiva ha sido siempre complejo, nuestro deber es destrabarlo para resolver problemas o insuficiencias.