Estamos siendo los medios una buena plataforma para el debate sobre la descentralización del Estado, las autonomías y lo que en medio de estos temas significa el denominado pacto fiscal? Personalmente creo que nos falta espacio y mayor información para cualificar el debate y provocar el análisis sobre una problemática que tiene que ver con la institucionalidad del Estado boliviano y que data desde hace más de 60 años en los anales de la historia nacional.
Para ir por partes, deberíamos decir que la Ley de Participación Popular de abril de 1994 que representa el reconocimiento a formas puntuales de participación ciudadana como la indígena, campesina y vecinal, no logró superar el tema de la ejecución presupuestaria ni consiguió dinamizar la producción – al margen de haber creado condiciones favorables en términos de recursos- y tampoco pudo fortalecer la débil institucionalidad creada por ella misma (Rojas, 1998:15). Al momento se ha hecho invisible como antecedente en los procesos descentralizadores en Bolivia.
En relación a la Ley de Descentralización Administrativa 1654 de 1995 podríamos decir que ha perdido vigencia frente a la demanda autonómica y ya no es objeto de discusión. Cuando algo se dice sobre la transferencia de competencias y atribuciones desde el Estado a las regiones, el debate se reduce al denominado pacto fiscal que trata de la generación, distribución y destino de los recursos públicos, fundamentalmente.
Para hablar del proceso autonómico, habrá que remitirse al dato más relevante como es la promulgación en 2008 de la Ley 3941 de Interpretación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que faculta la vigencia formal de cuatro tipos de autonomías: la departamental, la municipal, la regional y la indígena, teniendo como base la institucionalización del Estado plurinacional que arroja un entramado político, social y cultural más complejo que el que se había decidido modificar en la Asamblea Constituyente.
El 2010 se promulga la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y de ese entonces a la fecha, los actores políticos no han avanzado lo suficiente en el debate pormenorizado sobre la pertinencia o no de esta modificación del modelo de Estado y tampoco han aclarado y consensuado sus atribuciones y competencias. Tampoco han logrado superar la asignación de recursos, la ejecución presupuestaria, la dinamización de la producción y menos aun el funcionamiento autónomo de los procesos de planificación en un país poco acostumbrado a planificar.
Por tanto, el derrumbe de los precios de los hidrocarburos ha encontrado a las denominadas instancias autonómicas más conflictuadas sobre el complejo entramado normativo que implica este proceso y, además, con menos recursos lo que sin duda ha complejizando aun más el escenario. Para más colmo, los actores que al momento detentan el escaso debate institucional sobre el pacto fiscal, pertenecen, en su mayoría, a grupos de poder con intereses locales, regionales o corporativos donde no existe una amplia participación ciudadana en torno a un tema de semejante caladura transformacional.
La deliberación sobre este tema en los medios se ha reducido a contados eventos y está sujeto a condicionantes políticas como el tema del referéndum autonómico, el censo y los estatutos autonómicos, que han tenido la virtud de perturbar aun más el debate que se mantiene a nivel de elite. Por tanto, el análisis sigue siendo marcadamente reservado, técnico la mayor parte de las veces, y/o inadecuadamente referido por gran parte de los medios.
Habría sido de gran ayuda, por ejemplo, que el reemplazo del Estado-Nación de matriz monocultural por el Estado Plurinacional, hubiera sido materia obligatoria en colegios, universidades e instituciones, como norma para la toma de decisiones bien informadas y base fundamental para una nueva idea de la administración en el país.
Por el momento, el proceso autonómico en Bolivia se asemeja a una gran Torre de Babel y no cuenta con la necesaria institucionalidad para su implementación.
FUENTE: EL DIAAUTOR: VESNA MARINKOVIC
