La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó la venta de GLP en estaciones de servicios de YPFB, donde se venderá hasta 200 garrafas por día para la gente que no pudo comprar el energético en los camiones repartidores, dice una reciente noticia que se convierte en una alegría para muchos bolivianos y bolivianas que todavía realizan un peregrinaje plagado de oraciones para encontrar este combustible.

El acceso a gas domiciliario, como parte del cambio de la matriz energética en el país, sin duda que ha disminuido las traumáticas colas por gas y ha mejorado el abastecimiento en las familias, pero persisten desajustes que deben ser encarados por las autoridades competentes. Por ejemplo, no todos tienen acceso a gas domiciliario y todavía requieren de un lugar regular y permanente de abastecimiento por lo que la iniciativa comentada sin duda que puede ser una buena solución pero no resuelve la totalidad del problema pues también se debe continuar controlando el precio de venta al consumidor.

Las “ventas” fijas de gas, cuando se las encuentra, llegan a cobrar hasta Bs 30 por una garrafa en día de apremio y luego de una rogativa de varios minutos para que aparezca el bendito combustible que abastece al 50% de la demanda de GLP del Paraguay. Para mayor tragedia, también hay casos de corrupción entre quienes supuestamente distribuyen el combustible: tratos con determinadas “ventas”, pagos de comisiones por la distribución y hasta asalto de garrafas, a título de decomiso arguyendo falta de autorización.

Hay, en todo esto, un mercado negro de garrafas de gas que no ha desaparecido pese a los esfuerzos por cambiar la matriz energética de los bolivianos. Este mercado no solamente opera a nivel de las fronteras, también lo hace en las ciudades y los pueblitos, y exige recursos humanos distantes del matonaje y la corrupción para que la distribución de GLP sea un servicio y no un negociado en el país del gas.

Asimismo, se requiere que las conexiones domiciliarias, que según informes oficiales alcanzarán este 2015 a 900 mil a nivel nacional y demandarán una inversión de 748 millones de dólares, se realicen con menos burocracia, mayor eficiencia y con un alto nivel de confiabilidad para que las instalaciones no signifiquen un riesgo mayor allá donde se vaya a realizar la instalación. Es obligación del Estado garantizar una óptima atención, equipos confiables, buena instalación, servicio seguro y garantizado para evitar accidentes que pueden ser masivos de no contarse con un adecuado control.

Por otro lado, es de esperar que el incremento de la demanda de los mercados vecinos de gas, por los meses de invierno, no complique el abastecimiento de GLP dentro del país y el Gobierno cumpla sus compromisos tanto a nivel interno como externo, haciendo un buen uso de la coyuntura de los precios del gas. Con todo, es saludable saber que se están tomando iniciativas para mejorar el acceso al GLP pero es necesario que ello erradique prácticas ineficientes y corruptas en el proceso.