El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, afirmó que el Gobierno no convocó a su organización para socializar las modificaciones a la Ley 535 y tampoco respondió a la contrapropuesta técnica presentada por el sector. La dirigencia advierte que cualquier reforma minera debe considerar a quienes trabajan diariamente en la actividad y enfrentar problemas como la minería ilegal y la falta de seguridad jurídica.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 12 de noviembre de 2026.- Andrés Paye cuestionó la ausencia de la FSTMB en el proceso de socialización de los cambios a la Ley 535 de Minería. Según explicó, hasta el momento la organización sindical no recibió ninguna invitación oficial del Gobierno, pese a que la normativa tiene implicaciones directas sobre las condiciones laborales, la estructura productiva y el futuro de la actividad minera en Bolivia. La falta de participación abre interrogantes sobre el alcance del diálogo impulsado para modificar una ley que involucra a distintos actores del sector.

El dirigente también señaló que la Federación presentó una contrapropuesta técnica, pero no obtuvo respuesta de las autoridades. Ante esta situación, el Comité Ejecutivo de la FSTMB tenía previsto analizar el tema, junto con asuntos relacionados con la seguridad social a corto plazo, para definir posibles acciones. La posición sindical pone en evidencia que una reforma normativa no debería limitarse a acuerdos institucionales o sectoriales, sino incorporar las observaciones de los trabajadores, cuya actividad sostiene una parte importante de la producción minera.

Paye recordó que la Constitución Política del Estado reconoce la participación de los actores estatal, privado y cooperativo en la actividad minera, y sostuvo que las modificaciones deben tomar en cuenta a quienes trabajan directamente en el sector. En ese marco, planteó como prioridades fortalecer la seguridad jurídica y combatir la minería ilegal. El desafío para el Gobierno será construir una reforma que articule los intereses de los distintos sectores, establezca reglas claras y garantice que las decisiones sobre el futuro de la minería boliviana no se adopten dejando fuera a una de sus principales organizaciones laborales.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia