El vicepresidente Edmand Lara cuestionó el Decreto Supremo 5755, que permite importar gas natural y gas natural licuado para consumo propio y generación eléctrica. Advirtió que los costos de abastecimiento externo podrían trasladarse a los precios de los alimentos y afectar especialmente a pequeños productores, mientras exigió al Gobierno transparentar la situación de las reservas y garantizar el suministro energético.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 28 de octubre de 2026.- La autorización para que empresas e instituciones importen gas desde el exterior abrió un nuevo debate sobre cómo Bolivia enfrentará la disminución de su producción nacional de hidrocarburos. El vicepresidente Edmand Lara advirtió que adquirir el energético a precios internacionales y en dólares podría elevar los costos de producción y repercutir en la economía de los hogares, desde el precio del pan y el pollo hasta los alimentos procesados y la electricidad. Sin embargo, el Decreto Supremo 5755, promulgado el 26 de octubre, establece que el combustible importado debe destinarse exclusivamente al consumo propio o a la generación eléctrica y prohíbe su comercialización a terceros. La medida busca ofrecer una alternativa de abastecimiento ante la emergencia energética, pero también plantea interrogantes sobre los costos que deberán asumir las actividades productivas que recurran a las importaciones.

Uno de los principales cuestionamientos de Lara se concentra en la desigual capacidad económica de las empresas para acceder al gas importado. Según el vicepresidente, las industrias con mayores recursos podrían buscar proveedores externos, mientras que panificadores, talleres y pequeñas fábricas tendrían menos posibilidades de afrontar esos gastos y quedarían expuestos a problemas de abastecimiento o mayores costos operativos. También alertó sobre una posible presión adicional sobre la demanda de dólares, con efectos en el tipo de cambio y los precios internos. Estas consecuencias son escenarios advertidos por Lara y dependerán de factores como el costo efectivo de las importaciones, la disponibilidad de divisas y la capacidad de las empresas para absorber o trasladar los incrementos. El debate, por tanto, no se limita a quién puede importar gas, sino a cómo evitar que las diferencias de acceso al suministro profundicen las dificultades de los pequeños negocios y de los consumidores.

En ese contexto, Lara exigió al Gobierno informar con claridad cuántas reservas de gas tiene Bolivia y cuál es el plan para garantizar el abastecimiento a largo plazo. La preocupación se vincula con la caída de la producción nacional: reportes publicados esta semana señalan que el país pasó de producir alrededor de 60 millones de metros cúbicos diarios en 2015 a cerca de 26 millones en la actualidad. El decreto establece mecanismos de autorización, registro y fiscalización, además de sanciones por incumplimiento, pero su aplicación efectiva será clave para evaluar si la importación contribuye a sostener la actividad económica sin trasladar cargas desproporcionadas a la población. Para Lara, garantizar energía no puede convertirse únicamente en una responsabilidad de las empresas y los ciudadanos; el Estado debe explicar cómo protegerá a los pequeños productores y evitará que el costo de la crisis recaiga sobre los hogares con menos recursos.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia