En una entrevista con Radio Panamericana, el analista energético cuestionó la falta de garantías que, a su juicio, deben acompañar el incremento de la mezcla de etanol con gasolina. Sus observaciones ponen el foco en la calidad del combustible, la trazabilidad desde los ingenios hasta las estaciones de servicio y la necesidad de procedimientos técnicos verificables, mientras el Gobierno busca reducir las importaciones de gasolina.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 23 de octubre de 2026.- El acuerdo entre el Gobierno, YPFB y el sector sucroalcoholero para elevar la mezcla de etanol en la gasolina abrió un debate que va más allá de sustituir parte del combustible importado por producción nacional. En entrevista con Radio Panamericana, el analista energético y experto en hidrocarburos Jaime Balanza sostuvo que la implementación debe considerar las especificaciones recomendadas por los fabricantes de vehículos y garantizar controles durante toda la cadena de suministro. Su cuestionamiento se concentra en cómo se certifica la calidad del etanol entregado por los ingenios, cómo se realiza la mezcla y qué mecanismos protegen al consumidor. La discusión cobra importancia porque el acuerdo prevé elevar la proporción hasta el 15% desde noviembre y al 18% desde abril de 2027, sujeto a las condiciones y disposiciones correspondientes.

Balanza también puso en duda que la mezcla pueda garantizarse mediante procedimientos poco conocidos al momento o improvisados y reclamó protocolos técnicos para las plantas de almacenamiento y combinación de combustibles. Advirtió que el etanol anhidro tiene características distintas a las de la gasolina fósil y señaló que la presencia de agua y una mezcla inadecuada deben ser consideradas en los controles de calidad. Además, planteó quién debe verificar de manera independiente el producto que se comercializa y defender los intereses de los usuarios. Sus observaciones deben entenderse como cuestionamientos del entrevistado, no como una conclusión oficial sobre la calidad del combustible que se venderá. En el plano normativo, Bolivia cuenta con la Ley 1098 sobre aditivos de origen vegetal y con disposiciones técnicas de la ANH; el desafío es determinar cómo se aplicarán y adecuarán los controles ante los nuevos porcentajes anunciados.

El planteamiento de Balanza coloca la seguridad del parque automotor en el centro de la discusión sobre la política de biocombustibles. El Gobierno y el sector cañero presentan el aumento de etanol como una vía para reducir la dependencia de la gasolina importada, generar actividad económica y fortalecer la producción nacional. Sin embargo, para que esos objetivos sean sostenibles, la expansión debe acompañarse de normas claras, controles verificables y comunicación transparente sobre la compatibilidad de las mezclas con los vehículos. La cuestión central no es solamente cuánto etanol puede incorporarse, sino cómo asegurar que el combustible resultante cumpla las especificaciones de calidad y que las autoridades puedan demostrarlo con análisis y procedimientos técnicos.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia