En una consulta realizada por ENERGÍABolivia a Javier Aliaga, investigador senior asociado de la Fundación INESAD, se abordaron cuatro aspectos centrales de la política de combustibles: el retiro del subsidio al diésel, el futuro del gas y la gasolina, el impacto sobre los fletes y la posibilidad de mejorar el abastecimiento. Su análisis ubica el debate más allá del precio en surtidor y lo relaciona con el déficit de divisas, la importación de combustibles y la transformación del modelo energético boliviano.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, Santa Cruz, 22 de septiembre de 2026.- La eliminación del subsidio al diésel abre para Bolivia una discusión que va más allá del ajuste del precio del combustible. Ante la primera consulta, sobre el levantamiento de la subvención, Aliaga dijo que la dirección de la medida era económicamente necesaria porque el esquema anterior implicaba un elevado costo fiscal y de divisas y, según su análisis, generaba incentivos para el consumo excesivo, la reventa y el contrabando, sin garantizar por sí mismo el abastecimiento.

“Por tanto, el precio subsidiado no reflejaba el verdadero costo que enfrentaban transportistas y productores. Eso no significa que el ajuste no tenga costos. En el corto plazo puede aumentar costos de transporte, agricultura, construcción y logística. Por eso la corrección debe acompañarse con transferencias focalizadas y temporales a los hogares vulnerables, en lugar de volver a subsidiar indiscriminadamente cada litro consumido. La gradualidad puede ser útil, pero debe tener una trayectoria clara. Si el ajuste es demasiado lento, se mantiene la escasez y el incentivo al arbitraje”, remarcó.

La consulta ocurre mientras el Gobierno avanza hacia un nuevo esquema de precios en los combustibles y, paralelamente, busca reducir las distorsiones que afectaron la distribución de carburantes. En esta línea, el 18 de septiembre el Gobierno formalizó el fin del subsidio al diésel como parte de una política orientada a enfrentar la escasez y avanzar hacia un sistema de precios unificado.


LEVANTAR OTROS SUBSIDIOS

La segunda pregunta de ENERGÍABolivia trasladó la reflexión hacia si, en este contexto, se debería levantar también  el subsidio a la gasolina y el gas. Aliaga sostuvo que la gasolina presenta un problema similar al diésel y que, en el mediano plazo, debería avanzar hacia precios más realistas, aunque no necesariamente con la misma velocidad ni al mismo tiempo. En el caso del gas natural, planteó una diferencia debido a su utilización en generación eléctrica, industria y hogares, por lo que consideró que una modificación abrupta podría trasladarse a esos sectores. Su propuesta es una reforma gradual y segmentada, con protección para el consumo residencial básico y una revisión progresiva para grandes consumidores e industrias.

Este planteamiento adquiere particular relevancia en un país que busca recomponer su matriz energética mientras enfrenta una menor producción hidrocarburífera: un análisis de INESAD publicado en junio ya señalaba una caída significativa de la producción de hidrocarburos desde 2014 y una fuerte contracción de la producción de diésel.

Consultado Aliaga sobre la demanda del transporte de reducción de fletes, luego de la modificación en los precios del diésel, recordó que entre 1992 y 2026, un vehículo de transporte pesado pudo haber recibido un beneficio por combustible subsidiado de orden de Bs 700.000 a Bs 1,2 millones, remarcando que el sector tubo un importante beneficio en el tiempo y ahora es necesario ajustar el costo para retomar la estabilidad del país. Consiguientemente, precisó que el incremento del precio del diésel no debería trasladarse automáticamente, en la misma proporción, a las tarifas, debido a que el combustible constituye solamente una parte de la estructura de costos del transporte.

En este marco Aliaga planteó revisar técnicamente los fletes según el tipo de servicio y considerar factores como salarios, mantenimiento, neumáticos, seguros, depreciación, financiamiento y peajes. También señaló que, si desaparecen las filas, el transportista podría recuperar tiempo operativo y realizar más viajes. Este punto revela una de las principales tensiones de la transición: el ajuste del combustible modifica los costos de la economía, pero la magnitud de ese impacto dependerá de cómo se reorganicen las cadenas de transporte y producción.

La cuarta y última pregunta llevó el análisis de Aliaga al problema central: ¿el cambio de precios puede resolver el abastecimiento? Desde su punto de vista esto puede contribuir a mejorar la oferta porque reduce la brecha entre el precio interno y el internacional y, con ello, los incentivos a la reventa, el contrabando y el consumo artificialmente elevado; sin embargo, advierte que la medida por sí sola no garantiza que desaparezcan las filas. Su reflexión apunta además a una eventual participación mayor de importadores privados, pero identifica restricciones concretas: capital de trabajo, dólares, almacenamiento, cisternas, contratos, permisos y reglas estables. En paralelo, YPFB ya habilitó mecanismos para que sus refinerías importen crudo, lo procesen y comercialicen derivados a precios de mercado, mientras el Gobierno busca fortalecer la refinación nacional y reducir la compra de combustibles terminados.

En ese escenario, la consulta del medio deja planteada una lectura más amplia de la coyuntura energética: el problema del diésel no se agota en retirar o mantener una subvención, sino que obliga a resolver simultáneamente abastecimiento, divisas, importación, producción, logística y reglas de competencia. El propio INESAD ha advertido recientemente sobre la presión de liquidez y divisas que enfrenta YPFB y su posible impacto sobre el abastecimiento, vinculando esa situación con la dependencia de combustibles importados, los precios subsidiados y las restricciones fiscales y cambiarias. En consecuencia, el cambio de política de combustibles abre una nueva etapa para el sector hidrocarburífero boliviano, cuyo resultado dependerá no solamente del nuevo precio, sino de la capacidad de generar una oferta sostenible y basada en cuatro aspectos al mismo tiempo:  precios económicamente viables, acceso a divisas, apertura efectiva a importadores privados y reglas estables de competencia.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia