Raúl Velásquez advierte sobre la caída de reservas, producción y renta petrolera, cuestiona la institucionalidad del sector y plantea sincerar completa e inmediatamente los precios de los combustibles como una de las primeras medidas para enfrentar la crisis.

ENERGÍABolivia, Santa Cruz,30 de julio de 2026.-Bolivia atraviesa, según el analista de hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez, la crisis más grave de su sector hidrocarburífero en los últimos 100 años. Su diagnóstico no se concentra únicamente en la situación generada por la detención del exministro de Hidrocarburos Medinaceli, sino en un deterioro acumulado durante más de dos décadas. Velásquez sostiene que los principales indicadores muestran una caída significativa: entre 2009 y 2023, las reservas certificadas de gas natural disminuyeron 54% y las de hidrocarburos líquidos 63%. A esto se suma una reducción de 55% en la producción de gas y de 63% en la producción de líquidos durante los últimos 10 años.

El impacto de este deterioro, explica el analista, ya trasciende al sector y alcanza directamente a la economía nacional. La menor producción de gas provocó una caída de 74% en las exportaciones, mientras que la reducción de líquidos llevó al país a importar cerca del 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume el mercado interno. Paralelamente, la renta petrolera cayó 71%. Para Velásquez, estos resultados son consecuencia de una política hidrocarburífera que no habría dado los resultados esperados y de una estructura institucional que, a su criterio, se encuentra desordenada, con funciones que requieren una redefinición entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Frente a una crisis que considera imposible de revertir rápidamente, Velásquez plantea medidas de corto plazo. La primera es el sinceramiento completo de los precios del diésel, la gasolina y el gas natural, vinculándolos al precio internacional y acompañando esta decisión con un fondo de estabilización que permita evitar variaciones bruscas. Sin embargo, considera indispensable que cualquier ajuste esté acompañado por políticas sociales focalizadas hacia la población más vulnerable, de modo que el precio de los combustibles deje de utilizarse como mecanismo general de subvención.

El analista también vincula el actual esquema de precios con el contrabando de combustibles. Señala que el diésel subvencionado genera un diferencial que beneficia a quienes lo adquieren en Bolivia para venderlo en las zonas fronterizas, mientras las personas que necesitan el energético enfrentan largas filas y dificultades para acceder al producto. Para Velásquez, el sinceramiento permitiría además conocer con mayor claridad la verdadera demanda del mercado interno.

Otro de los cambios que plantea está relacionado con la generación eléctrica. Velásquez considera necesario acelerar proyectos hidroeléctricos que permitan sustituir progresivamente parte de la generación termoeléctrica, pero advierte que esto requiere modificar el precio del gas natural subvencionado, debido a que dificulta la competencia de la hidroelectricidad y de fuentes como la solar y la eólica. Menciona como proyectos que podrían contribuir a este proceso a Rositas, Ibirizu y Miguillas, cuya agilización permitiría liberar gas utilizado en termoeléctricas y destinarlo a la exportación para generar divisas.

Para el mediano y largo plazo, Velásquez plantea una transformación más profunda: una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley de Electricidad, articuladas desde una Ley de Energía con una visión integral. Esta nueva arquitectura debería establecer objetivos de política energética y una hoja de ruta para la transición de ambos sectores, además de crear condiciones para atraer capital privado de riesgo. El cambio, según su planteamiento, también debería abarcar el régimen fiscal, el sistema de precios, la institucionalidad, los roles de los actores, las condiciones contractuales y la seguridad jurídica. El desafío, por tanto, no sería únicamente recuperar la producción, sino reformular las reglas bajo las cuales Bolivia pretende volver a atraer inversiones y reconstruir su sector energético




Fuente: ENERGÍABolivia