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¿Con que vara se mide 
la minería ilegal en el Perú?

 

Jorge Medina Méndez

 

El año pasado la minería ilegal destruyó 1.800 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata (zona selvática del Perú), casi 150% de la destrucción que causó en 2011. Desafortunadamente, todo indica que la devastación no será menor este año.

 

Esta actividad extractiva –que no genera canon ni paga impuestos, por el contrario, comete una veintena de delitos– explota casi la cuarta parte del total del oro que exporta el Perú, movilizando miles de millones de dólares anualmente.

 

Esta actividad ilegal ocurre en muchas regiones del Perú, sin embargo, las autoridades hacen poco o nada contra su negativo impacto social y ambiental.

¿Qué se está haciendo para combatir este crimen? En mayo pasado, el gobierno peruano creó el “Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental” para encargarse de coordinar y supervisar la “Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal”.

Dado el rimbombante nombre del cargo, uno esperaría acciones eficaces contra las actividades ilegales de quienes, bajo el eufemismo de pequeña minería o minería artesanal, no sólo perjudican la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades sostenibles, sino que causan graves daños a la salud y seguridad de la población, al medio ambiente y al patrimonio natural del país. Sin embargo, hasta ahora no conocemos nada positivo ni contundente del “alto comisionado”.

Mientras tanto, los actos de corrupción en Madre de Dios y otras regiones del país continúan impunemente. Peor aún, cuando recientemente 8.000 mineros de diversas regiones bloquearon nuestras carreteras exigiendo la derogatoria de la norma sobre el procedimiento de formalización de la minería ilegal, el gobierno neutralizó “exitosamente” dichos bloqueos con el infalible método de la “marcha atrás”. Tal como lo lee: los mineros ilegales tendrán hasta el 2016 para “formalizarse”.

Gracias al “éxito” de esta rápida “negociación” (fue una fracción mínima de lo que toma resolver conflictos con la minería legal), estos delincuentes cuentan ahora con “licencia social-legal-estatal” por dos años más (siempre y cuando otros bloqueos de carreteras no posterguen el plazo) para seguir devastando bosques, contaminando ríos, explotando a mucha gente, utilizando insumos restringidos, lavando dinero y corrompiendo a medio mundo, mientras ganan miles de millones de dólares.

Esta actividad ilegal ocurre en muchas regiones del Perú, sin embargo, las autoridades hacen poco o nada contra su negativo impacto social y ambiental.

Distinta ha sido la postura, cuando más de una vez –y sin razón– se opusieron a proyectos técnicos de la minería legal que con su inversión genera trabajo, paga impuestos y contribuye al desarrollo del país.

La pregunta es ¿con qué vara se mide a la minería ilegal? ¿Qué es lo que esperan las autoridades? ¿Quizás el 2016 para generar mayor visibilidad e impacto político? ¿Es que las miles de hectáreas de bosques que se depredan cada año (el impacto en 2012 es cinco veces mayor al de hace solo diez años) no son causa suficiente para una postura clara y firme por parte de los políticos, ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos? Al parecer, no les preocupa la condición precaria de los cien mil trabajadores en esta actividad, ni sus efectos colaterales como la trata de personas.

Si tan sólo una pequeña porción de estos daños fueran causados por la minería formal, ¿cómo reaccionarían algunos políticos y ONG? Con seguridad, veríamos a más de un “caserito” paseándose por sets de televisión denunciando la “depredación” y buscando réditos políticos. Pero cuando se trata del daño que causan los mineros ilegales, la postura que prima es la de “no se oye padre”.

La minería ilegal es una actividad criminal y perversa que genera efectos negativos multiplicadores. Así como pasó con el fenómeno de los cocaleros, que no se manejó bien en su momento y hoy tenemos el grave problema del narcoterrorismo, así también puede pasar con los efectos de la minería ilegal. Los millonarios ingresos de esta actividad criminal son fuente de corrupción, lavado de dinero, violencia y crimen. El gobierno comete un grave error al perder tiempo. Acabar con esta lacra requiere de liderazgo y coraje. La pregunta es ¿los tiene?

(*) Es Managing Partner de EY en Perú y miembro de su directorio sudamericano. Asesora a importantes empresas peruanas e internacionales. Cuenta con un MBA de la Adolfo Ibáñez School of Management de Miami. Analista y conferencista en temas de su especialidad, es también presidente y miembro del directorio de diversas instituciones universitarias, profesionales y empresariales.

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