Juan Carlos Zuleta Calderón * - El reciente anuncio de que a partir de octubre arrancará la planta piloto de materiales catódicos en el marco del contrato suscrito por el gobierno con el consorcio Kores-Posco pone en evidencia la distorsión de información realizada meses atrás por el responsable de la gerencia nacional de recursos evaporíticos (GNRE) sobre este importante particular.

En primer lugar, no se trataría, como él dijera hace algunas semanas, de un mero emprendimiento de investigación, pues de otra forma no se estaría hablando ahora de un estudio de pre-factibilidad para instalar una planta industrial.

Se confirma entonces mi afirmación de que la indagación científica ya se habría desarrollado desde 2010, es decir a partir de la entrega a título gratuito de nuestras salmueras a científicos surcoreanos y que el negocio tendría que ver en este momento con el aprovechamiento y aplicación de una patente descubierta y registrada a nombre de las empresas Kores-Posco gracias a nuestro obsequio.

En segundo lugar, tampoco habría existido un problema "burocrático-legal" que, tal como manifestara el gerente de evaporíticos, no hubiera permitido la concreción del contrato, por cuanto se estarían manteniendo intactos los porcentajes de participación accionaria (50-50) en el contrato.

Muy atrás habrían quedado las aseveraciones del citado funcionario público en sentido de que el gobierno no podía suscribir contratos en los cuales el Estado no tuviera la mayoría de las acciones. Al parecer, el interés de Corea del Sur es tan grande que le importan muy poco las declaraciones de la GNRE en uno u otro sentido en tanto y cuanto vayan avanzando los negocios.

Es que después de los recientes fracasos de las empresas surcoreanas en Chile y su llegada tardía a Argentina, parecería que Bolivia constituye en verdad su última alternativa para garantizar una provisión amplia y segura de litio para los próximos años.

Resulta fundamental que el país conozca que el año pasado las mencionadas empresas participaron (por separado) en la licitación de los contratos especiales de operación (CEOL) que tuvo que ser abortada por el gobierno de Chile, luego de haberse comprobado algunas irregularidades y que hace poco al menos una de ellas (Posco) se trasladó a Argentina con el propósito de cerrar algún acuerdo para aplicar su tecnología, no habiéndose reportado hasta la fecha ningún resultado favorable a los intereses de Corea del Sur en este tema.

Y en cuanto a Bolivia, todo parece indicar que el mal "Plan B" (planta piloto china) sobre el que comenté en anteriores publicaciones quedará en la congeladora (aunque para ello se haya tenido que efectuar gastos estatales onerosos), porque resulta muy poco probable que el consorcio surcoreano muestre disposición a trabajar con una empresa china especializada en la fabricación tradicional de partes para baterías de iones de litio y que el impasse surgido en julio de 2012 por la negativa del gobierno nacional a pagar por el uso de la patente surcoreana habría sido superado, aunque nadie sabe ni cómo ni si en este nuevo arreglo se precauteló el interés nacional.

Total, qué más da, como nadie fiscaliza este proyecto…