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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconoce que la última batería normativa aprobada en el sector energético incluye medidas «incómodas» y «difíciles».

Pero, asegura, no existía «alternativa», ante la proximidad del peor escenario posible: la bancarrota del sector. Soria asegura que la nueva regulación, que supondrá un impacto de 2.700 millones de euros sobre las empresas eléctricas tradicionales y las de nuevo cuño, evita la «quiebra» de las compañías.

Según sus cálculos, «si no se hiciera nada» en el año 2020 el déficit de tarifa, esa brecha entre los ingresos regulados y los costes del sistema, no sólo no se habría cerrado, sino que arrojaría un déficit estructural de 10.000 millones de euros (la diferencia entre unos ingresos de 20.000 millones y unos costes de 30.000).

Estos desequilibrios se verían agravados, además, por la desaparición del fondo con el que la deuda en el sector, que recae en los balances de las empresas eléctricas, se lanza al mercado como negociable.

«Habiendo terminado el FADE se produciría la quiebra del sector», indicó el responsable de política energética del Gobierno, quien achacó la sobrecapacidad que actualmente padece el sistema español a las previsiones erróneas de la anterior Administración y denunció que existe una «maraña legislativa a la carta», fruto de un «puzzle normativo imposible de cumplir».

Energías renovables
Al referirse al aumento de los los costes regulados, Soria hizo hincapié en que España efectuó una «apuesta clara» por «tecnologías inmaduras» (en alusión a algunas energías renovables), que se he visto reflejada en un incremento del 400% de los costes del régimen especial (energías verdes, más los ciclos combinados).

Mientras tanto, el importe del transporte y la distribución también ha repuntado, pero una proporción mucho menor: un 91% y un 67%, respectivamente. Por tanto, la necesidad de poner en marcha nuevas medidas, entre las que se encuentra una subida de la luz del 3,2% a partir de agosto, resultaba imperiosa.

«Sabíamos que (la reforma energética) no nos iba a generar amigos», remachó el ministro, durante su intervención en unas jornadas sobre el sector eléctrico organizadas por Unidad Editorial. Soria recalcó la necesidad de repartir el peso de la nueva normativa entre todos losagentes implicados, aunque, en un aparente lapsus, no nombró a las compañías eléctricas tradicionales.

«Hay quien opina que todo el desajuste tiene que ir al régimen especial. Otros piensan que tienen que ir a las tecnologías del régimen especial y otros al precio del consumidor».


FUENTE
ABC.ES