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El Ministerio Público, a través de los fiscales anticorrupción Rose María Barrientos, Yolanda Aguilera y Cándido Blanco, instruyó la realización de una auditoría forense al proceso de contratación para la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha (IPC) de la planta de separación de líquidos por turbo expansión de Gran Chaco en Yacuiba.
El proceso se enmarca dentro de las investigaciones que sigue YPFB contra Gerson Rojas, Agustín Ugarte y otras personas, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.

Cabe recordar que Rojas fue liberado de toda culpa del caso Río Grande, pero sigue detenido y que el accidente que propició la investigación todavía no ha sido esclarecido. Los fiscales piden determinar si todo el proceso de contratación y adjudicación de la empresa española Técnicas Reunidas S.A. se ha desarrollado dentro del marco legal.

También buscan establecer la legalidad del procedimiento empleado por las comisiones de calificación y concertación en la adjudicación de la empresa. De igual forma, piden determinar si existe alguna causal que dé lugar a la anulación de este proceso de contratación para establecer responsabilidades. La auditoría forense es efectuada por Jimmy Armaza.

Españoles ven transparencia La empresa española Técnicas Reunidas, a través del director Roberto Domínguez, admitió que fueron notificados, pero aclaró que el proceso fue transparente y está dispuesto a colaborar en las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público. “No tenemos nada que esconder. Hemos sido citados a declarar como testigos y vamos a seguir coadyuvando en el proceso.

La construcción de la planta continúa”, sintetizó. El proyecto Gran Chaco, ronda los 498 millones de dólares. La sombra de la paralización preocupa en Tarija Desde que surgieron las denuncias por corrupción contra Gerson Rojas, a quien se le descubrió documentación comprometedora tras un accidente de tránsito aún sin esclarecer, la suspensión de la construcción de la planta separadora planea sobre el proyecto.

La planta separadora del Gran Chaco generará unos mil millones de dólares anuales, cifra de negocio de la que se beneficia de forma totalmente gratuita Argentina, ya que no paga por los licuables que se envían disueltos en el torrente de gas. El ex asesor legal de YPFB Marcelo Oña fue detenido en 2012 por estar supuestamente involucrado en la compra irregular de 470.000 metros cuadrados en Yacuiba para la planta de Gran Chaco.

El precio establecido para la compra del terreno fue de Bs 9,7 millones, de los que se pagaron Bs 8,8 millones, a pesar de que no estaba debidamente saneado.



FUENTE
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/62872--planta-separadora-entra-en-riesgo-de-paralizacion.html