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Empresarios de aquí y allá buscan garantías estatales efectivas a su capital y a sus tasas de retorno. La expropiación de empresas no alienta la inversión extranjera. La susceptibilidad diplomática crece ante nuevas nacionalizaciones. La nueva ley prevé incentivos bajo la forma de exenciones y otros estímulos; estaría lista “en agosto”, aunque no hay certeza. ###

El marco legal que no llega
Ley de inversiones ¿para el 2014?


Empresarios de aquí y allá buscan garantías estatales efectivas a su capital y a sus tasas de retorno. La expropiación de empresas no alienta la inversión extranjera. La susceptibilidad diplomática crece ante nuevas nacionalizaciones. La nueva ley prevé incentivos bajo la forma de exenciones y otros estímulos; estaría lista “en agosto”, aunque no hay certeza.

Rolando Carvajal 


Mientras una nueva dilación posterga para agosto próximo, y quizá para el 2014, la aprobación parlamentaria de la nueva Ley de Inversiones, que es analizada por comisiones de la Asamblea Legislativa y el sector privado, las cifras de organismos como el Centro Boliviano de Economía (Cebec-Cainco) alertaron al cierre del año pasado sobre la baja inversión extranjera que capta Bolivia: por ejemplo, el 2011, el país sólo atrajo en bruto 1.033 millones de dólares de los 121.318 millones que llegaron a Latinoamérica.

Pero el enfoque oficial es distinto: el presidente del Banco Central (BCB) Marcelo Zabalaga estimó en enero que la economía boliviana ocupa el segundo lugar regional en la relación Producto Interno Bruto/Inversión Extranjera Directa (PIB/IED).

“Se dice que nosotros atraemos poca inversión extranjera, que no hay seguridad jurídica, que los extranjeros no quieren invertir en Bolivia –reconvino Zabalaga–, pero no se olviden que si bien tenemos cerca de mil millones de IED, lo que cuenta no sólo es el dato sino su relación, y hemos descubierto con sorpresa que Perú, en 2009, tiene 4,8% de IED con relación a su PIB, luego viene Bolivia con 3,6%, y siguen Brasil, Chile, Venezuela, Argentina”.

Que el Gobierno necesita mayor IED e inversión nacional privada –$us 1045 MM y 1.600 MM, el 2012, respectivamente, y 2.874 MM del gobierno central–, sobre todo para industrializar nuevos recursos, crear más empleo y aumentar los ingresos, lo demuestra el reciente anuncio de otorgar mayores incentivos a las petroleras para aumentar la exploración de hidrocarburos,más que los ya vigentes, entre ellos los $us 30 adicionales por barril de crudo.

También, la oferta del presidente Morales a su colega François Hollande, el mes pasado, a fin de que Francia “sea la puerta para la relación con Europa”, especialmente en la planta geotérmica de Laguna Colorada en Potosí y del ferrocarril interoceánico con Brasil, hacia los puertos del Pacífico; o diversas insinuaciones a otros países sobre tecnología y capitales para la industrialización del litio y el potasio del salar de Uyuni.

Sin embargo, la inversión en general, no parece preocupar en demasía al régimen, empeñado desde el 2006, con la llamada “nacionalización del petróleo”, en la expropiación de grandes empresas mediante la estatización.

Paralelamente, gracias a los ingresos por mejores precios en hidrocarburos y minería, el Estado ha aumentado su disponibilidad de capital, con reservas internacionales que sobrepasan los $us 14.200 MM, lo que le ha permitido también la colocación de capital estatal en el exterior (primeros 500 MM el 2012, habiéndose anunciado otros 500 para este año).

LAS CIFRAS DE LA INVERSIÓN
Para el 2012, la inversión pública llegó a $us 2.874 MM (y a $us 3.626 MM si se le agrega la inversión de empresas con participación estatal) de acuerdo al informe del presidente Evo Morales efectuado en enero pasado, mientras que la IED neta subió a 1.045 MM (859 MM el año anterior).

Este año, el presupuesto general (PGN) prevé una inversión pública de $us 3.800 MM, inédita, si se la ejecuta, en tanto que la expectativa para la inversión extranjera es que alcance a 1.100 millones, 819 de ellos correspondientes a las operadoras petroleras privadas, según esperan el Ministerio de Economía y la estatal YPFB. En contraste, según el BC (“Reporte de saldos y flujos del capital privado extranjero”), los principales receptores de inversión extranjera directa en la región en 2011 fueron Brasil ($us 67.000 MM; 43% del total de flujos a la región), México (19.000 MM), Chile (17.000 MM), Colombia (13.000 MM), Perú (8.000 MM).

El capital privado extranjero en Bolivia, en la modalidad de Inversión Extranjera Directa, obtuvo una rentabilidad de 15,4% en 2011, similar al registrado en 2010, precisó ese mismo reporte destacando que las utilidades reinvertidas se constituyeron como la modalidad más relevante de inversión bruta, incrementando su participación en 2011 hasta alcanzar 87%.

CONTRASTES
De acuerdo con el discurso oficial, Bolivia cuenta con mayor inversión extranjera en el marco del fortalecimiento de su economía plural, habiendo logrado que los inversores extranjeros sean “socios y no patrones”, respetando la soberanía nacional, la Madre Tierra e invirtiendo las ganancias para fortalecer el “Vivir Bien”.

Sin embargo, ya en marzo, el embajador de La Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, había dicho que dependía de una nueva Ley de inversiones la mayor presencia de empresas europeas, otorgando condiciones necesarias para el trabajo conjunto entre el Estado boliviano y el sector privado, con transparencia y justicia.

“Contribuimos a su crecimiento con nuestros programas de apoyo pero también a través del sector privado, por eso nos parece muy importante tener una Ley de Inversiones fuerte, que de la oportunidad a empresas extranjeras de trabajar aquí, y que haya una manera justa y transparente para proteger a las inversiones”, dijo Torlot.

EN CONSIDERACIÓN: TENDENCIAS
A fines de enero pasado el presidente Morales remitió el anteproyecto de la retardada ley a la Confederación de Empresarios Privados (CEPB). El 13 de abril, el senador oficialista Eugenio Rojas, dijo que su tratamiento parlamentario se postergó hasta agosto y que su sanción legislativa “no pasa de este año”.

Mientras tanto, sigue vigente la antigua Ley de 1990, condicionada por la nueva Constitución Política del Estado. De la misma manera que “no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede negar que no existe una política coherente de inversiones”, dijo el analista Federico Escóbar en un informe publicado por la Fundación Milenio el 2011.

El primer aspecto a considerar es la posibilidad de celebrar contratos de estabilidad jurídica, a fin de garantizar la estabilidad de los regímenes impositivos, aduaneros, laborales y sociales, agregó Escóbar.

El 2012, la CEPB enunció que, además del marco institucional sobre derechos y obligaciones, para atraer inversiones se debe tomar en cuenta los incentivos que se ofrecen a los capitales, traducidos en exenciones impositivas y arancelarias, que ya se encuentran vigentes, por ejemplo, en el sector petrolero; aunque, aclaró asimismo que estos incentivos “por sí solos no se constituyen en una garantía” para fomentar un clima de inversión.

El 2013, el Gobierno anunció al menos siete de estos “incentivos generales” para la inversión dirigida a industrializar los recursos naturales y cambiar la matriz productiva; y otros incentivos “específicos” vinculados a inversiones preferentes, de interés estatal en los rubros de hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, actividades productivas no tradicionales que generen valor agregado y otras que accionen polos de desarrollo, sin que se genere exclusión de alguna de las inversiones.

Estímulos como la exención arancelaria y la estabilidad tributaria, la reprogramación de impuestos, la modificación de tasas, el no pago de impuestos de inmuebles, o el precio diferenciado para el acceso a gas natural, dijo en marzo la ministra de Planificación, Viviana Caro, serán parte de un “contrato social” donde “los inversionistas se comprometen a cumplir ciertos resultados y nosotros a darles este tratamiento preferente”, suspendiéndolos o cancelándolos si no cumplen metas.

Las rondas con los empresarios comenzaron en diciembre pasado, cuando Caro señaló que más que una garantía, “la ley debe ser un instrumento efectivo de promoción del crecimiento de la inversión”.

“Trabajar con el sector privado es la medida más inteligente y más razonable para construir el país; cuanto más fuerte sea nuestro sector privado, más fuerte va a ser el Estado. No hay ninguna intención del Gobierno nacional para debilitar el sector privado”, había dicho también el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

En todo caso, el Estado anticipó el registro de la inversión extranjera en el BCB para verificar sus aportes y modalidades otorgándose un certificado de ingreso de aportes.

El artículo 17 del Anteproyecto de Ley señala que todas las empresas que fueron nacionalizadas durante la actual gestión no podrán volver a ser privatizadas en el futuro bajo ninguna modalidad. El artículo 27 dice que las controversias que surjan por efecto de las nacionalizaciones serán solucionadas por vía arbitral, el Estado reconocerá un pago justo, oportuno a las inversiones realizadas, y esta cancelación comprenderá el descuento de las deudas tributarias, laborales y sociales.

¿SEGUIRA LA INCERTIDUMBRE?
“El anteproyecto dedica más artículos a la seguridad de las inversiones estatales que a la seguridad de las privadas, lo que no tiene sentido, pues no hace falta que el Estado se garantice a sí mismo o que se prohíba privatizar en el futuro lo nacionalizado por el actual Gobierno”, alertó el analista cruceño Oscar Ortiz.

El presidente de la Fundación Milenio, Roberto Laserna advirtió también sobre la desinversión: “cuando se buscan los datos del balance final entre lo que ingresó y lo que salió por IED, la situación es más penosa todavía, porque la cifra final es negativa: si bien entraron $us 859 millones en 2011, también salieron 866,7 millones, de manera que la inversión neta fue negativa en 7,7 millones”.

“En realidad, estamos en un proceso de desinversión que ayuda a explicar que nuestro crecimiento sea tan bajo y se sustente más en el dinamismo de los mercados externos que en la expansión de nuestra capacidad productiva”, acotó.

Para otros analistas, el Gobierno y sus parlamentarios aprobarán la ley de inversiones una vez que se terminen de definir las variantes de la participación del Estado –goverment take– en los negocios minero e hidrocarburífero.

CEPB: PERFIL DE LA NUEVA LEY
En tanto que el empresariado resuelve la respuesta al Gobierno, su última posición, expresada a mediados del año pasado en un boletín de la CEPB destaca los siguientes tres primeros puntos, de un total de siete:

1. En un contexto en el que el Estado está asumiendo varias tareas que tradicionalmente estaban reservadas sólo al sector privado, la equidad en el trato, tanto impositivo como legal, para las futuras inversiones se convierte en uno de los principales objetivos de una política que permita atraer inversiones.

2. De igual forma, la eliminación de regímenes tributarios diferenciados, que afectan principalmente a las pequeñas y medianas inversiones en sectores como el de comercio y servicios, se vuelve una prioridad si se quiere desarrollar un clima apto para éstas.

3. Ofrecer incentivos para la capacitación laboral. En un contexto en el que la productividad de la mano de obra es baja, los costos de capacitación y entrenamiento se convierten en uno de los principales problemas para la inversión.

Comentarios   

 
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