Acceder en forma oportuna y efectiva a la Información Ambiental
EDICIÓN-60 | ABRIL 2018
ENERGÍABolivia
Los organismos internacionales han comenzado a llamar la atención al estilo de desarrollo dominante. La CEPAL analiza las señales preocupantes de inestabilidad del sistema económico mundial y destaca, en este escenario, tres derechos vinculados al área ambiental que en muchos países de América Latina y el Caribe no superan lo meramente declarativo, agudizando esta situación.
La CEPAL dice que a la degradación del medio ambiente y los ecosistemas, y a la depredación de los recursos naturales, asociadas a las actuales dinámicas de producción y consumo, agudizadas por la concentración urbana, se suman retos como el cambio climático, cuyos impactos afectan sobremanera a América Latina y el Caribe y, en ella, especialmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Desde esta visión, el foco está en las señales de inestabilidad del sistema económico, la creciente desigualdad, riesgos para la paz y la seguridad y una grave crisis ambiental que muestran la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante.
El documento sostiene que los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales nos enfrentan al desafío de cambiar el modo actual de hacer las cosas y que todo esto ha motivado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional y regional.
Destaca, como documentos modelo para ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la negociación de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Según la CEPAL, todos estos acuerdos están dirigidos a construir sociedades pacíficas, más justas, menos desiguales, solidarias e inclusivas, a proteger los derechos humanos y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.
TRES DERECHOS INTERDEPENDIENTES
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Barcena, reconoce que materializar esta nueva hoja de ruta que se ha planteado la comunidad internacional y regional exigirá una nueva y más incluyente visión del desarrollo, y pone de relieve la centralidad de la aplicación cabal del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada hace ya 25 años, en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra).
Indica que el Principio 10 de la Declaración de Río se sustenta en tres derechos interdependientes: el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Dice que garantizar a todas las personas estos derechos es un elemento central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo.
Barcena considera que estos derechos no sólo aseguran el tratamiento de los problemas ambientales que afectan señaladamente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, sino que además garantizan que las necesidades de estos grupos sean adecuadamente tomadas en cuenta.
“Se asegura de este modo, como plantea el compromiso expresado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás. Los derechos de acceso en asuntos ambientales se constituyen así en un elemento central de la relación entre derechos humanos y medio ambiente”, subraya Alicia Barcena.
DE LA DEMOCRACIA AMBIENTAL
El documento presentado por la CEPAL y denominado Acceso a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, destaca que existe consenso a nivel internacional respecto de que la Convención de Aarhus, al ser vinculante, es el instrumento que más lejos ha llegado en cuanto a promover los derechos de acceso a la información ambiental.
Sostiene que ha sido calificada por los ex-Secretarios Generales de las Naciones Unidas Kofi Annan y Ban Ki-Moon, como la iniciativa más ambiciosa en el terreno de la democracia ambiental que se haya emprendido jamás bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Agrega que la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus) de la Comisión Económica para Europa (CEPE) y su Protocolo sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, son los primeros instrumentos jurídicamente vinculantes que especifican obligaciones a los Estados partes para la aplicación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
“La Convención confiere derechos a la población e impone obligaciones a los gobiernos y a las autoridades públicas en materia de acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la legislación nacional en la región de la CEPE en estos temas”, anota.
También destaca que se trata de un tratado internacional ambiental único que vincula explícitamente los derechos procedimentales ambientales con otros derechos humanos y proporciona un marco sólido y amplio para que los gobiernos involucren al público de manera efectiva en las acciones encaminadas al desarrollo sostenible.
ESFUERZOS
A modo de remarcar los esfuerzos en esta dirección, el documento de referencia destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012, donde Chile asumió el liderazgo de un proceso regional en virtud del cual, a agosto de 2017, 24 países de América Latina y el Caribe se encuentran negociando un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Agrega que entre 2012 y 2014 se llevaron a cabo cuatro reuniones de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, subrayando que en su Cuarta Reunión, los países signatarios aprobaron la Decisión de Santiago, con la que dieron inicio a la negociación de un instrumento regional.
Esto habría dado pie a un comité de negociación, con la significativa participación del público, que constituyó una Mesa Directiva, integrada por Chile y Costa Rica como copresidentes y por la Argentina, México, el Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago como vicepresidentes, y se solicitó a la CEPAL que elaborara un documento preliminar del instrumento, sobre la base de los “Contenidos de San José para el instrumento regional”, fruto de dos años de trabajo de delegaciones y representantes de la sociedad civil.
El documento de la CEPAL deja ver que, por el momento, los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia han sido reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos y ampliamente desarrollados en el marco del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular, encuadrados en la categoría de derechos civiles y políticos y afirma que los derechos de acceso también han sido reconocidos en múltiples marcos regulatorios e institucionales a nivel nacional.
“Los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, tales como los referidos al acceso a la información, la participación y asociación, y la justicia, posibilitan el logro de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de 1966, como es el caso del derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, al agua o al disfrute de un medio ambiente sano”, acota al precisar que ambos Pactos han sido ratificados por la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe y afirma que en algunos países cuentan con rango constitucional e incluso supraconstitucional.
DERECHOS CONSAGRADOS
La CEPAL considera, asimismo, que Cumbre para la Tierra de 1992 representó un importante impulso para la protección ambiental, la creación de legislación e institucionalidad ambiental y la construcción de los primeros instrumentos de gestión ambiental para la sostenibilidad.
Agrega que haciendo eco de los postulados del Principio 10 y en línea con los procesos de democratización que caracterizaron la década en la región, algunas de estas reformas contemplaron instancias de participación de la ciudadanía, tanto a través de consejos consultivos de la autoridad ambiental como a través de instancias formales en la evaluación de proyectos y en la formulación de normas, entre otros.
“De este modo, actualmente los derechos y deberes sobre el medio ambiente se encuentran consagrados en la mayoría de las constituciones políticas de los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, todos los países de la región cuentan con un ministerio, secretaría o equivalente dedicado a la gestión ambiental y la mayoría ha dictado leyes generales o marco sobre el medio ambiente, algunas de las cuales ya han sido objeto de procesos de reforma”, dice.
Afirma que a estas leyes generales, muchas de las cuales tienen entre sus principios orientadores aquellos de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se suma una amplia gama de legislación complementaria en materia de acceso a la información, la participación y la justicia. Destaca, asimismo, una significativa corriente de jurisprudencia, tanto nacional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reafirmaría y ampliaría la comprensión de los derechos de acceso.
SIN EMBARGO…
La secretaria ejecutiva de la CEPAL reconoce que a pesar de los significativos avances registrados en las últimas décadas, en muchos países la legislación para facilitar la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río aún no está completamente desarrollada o encuentra dificultades de implementación.
“Todos los países de la región tienen experiencias que compartir en materia de aplicación efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. No obstante, también resulta evidente que incluso aquellos que cuentan con marcos regulatorios robustos enfrentan desafíos para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos”, precisa.
Barcena acota que “las personas que viven en la pobreza, así como los grupos indígenas y afrodescendientes, entre otros, enfrentan enormes obstáculos para ejercer sus derechos, lo que se manifiesta en ocasiones en un acceso desigual a la justicia y falta de poder político”, ratificando que la región enfrenta grandes desafíos en términos de inclusión social, igualdad, erradicación de la pobreza y protección ambiental.
En esta línea, el documento sostiene que es cada vez más evidente que la degradación ambiental afecta con mayor gravedad a las personas y los grupos en desventaja, que son más vulnerables a las enfermedades relacionadas con el deterioro ambiental —producto, entre otras cosas, de la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas y los cambios en los patrones de las enfermedades transmitidas por vectores—, a los desastres relacionados con eventos climáticos extremos y a la pérdida de medios de sustento debido a la degradación de los ecosistemas y de recursos naturales, entre otros.
• Se precisa crear y poner en marcha órganos garantes independientes, con presupuesto propio y capacidad de fiscalización, como en los casos de Chile y México.
• Es necesario mejorar las capacidades para producir, procesar y difundir información sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional.
• Dado que no basta con ampliar la oferta de información ambiental estratégica para que esta se utilice, también es preciso construir una demanda de esa información en los distintos estamentos de la sociedad, que garantice su utilización.
• La educación y la construcción de capacidades cobra así un papel fundamental para desarrollar una demanda ciudadana de más y mejor información y participación. Fuente: CEPAL
“…la degradación ambiental afecta con mayor gravedad a las personas y los grupos en desventaja…”
