###
La Ley 1333 es casi un esqueleto, no hay autoridad ambiental real.
Un selecto grupo de ambientalistas, reunidos en el coloquio organizado por la revista ENERGÍABolivia, el pasado mes de marzo, aseguro que el país está muy lejos de tener una institucionalidad ambiental y, sin embargo, uno de los participantes destacó que el sector hidrocarburífero ha desarrollado una mayor gestión al respecto.
Vesna marinkovic U.
Los participantes coincidieron en señalar que en Bolivia es necesario fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente, crear nuevas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental, además de revisar la gestión del Tribunal Ambiental con el objetivo de promover una institucionalidad que aporte al desarrollo nacional.
Por el momento, Viviana Tomelic, ambientalista, docente y jefa de la carrera de Gestión en Turismo de la UAGRM, considera que “el ciudadano promedio no sabe y tampoco vamos a decir que se interesa por estos temas”. Ella piensa que actualmente no hay una conciencia ambiental general, por lo que asuntos como el referido al cuidado de los árboles y al de la basura, no tendrían la importancia del caso.
“Nuestra propia Alcaldía está llevando el progreso, entre comillas, a varios lugares, pero, a costa de una mal manejo ambiental, porque vemos carreteras como la de Cotoca, por ejemplo, que no tiene ningún espacio para plantar árboles, todo es cemento. Y ahí se ve que tampoco nuestras instituciones están tomando en serio la parte ambiental”, acotó.
EL SECTOR HIDROCARBUROS ESTÁ MÁS NORMADO
Omar Quiroga Antelo, ex viceministro a.i.de Desarrollo Energético, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y actual responsable de Negociación y Resolución de Conflictos de YPFB Transporte, considera que en Bolivia hay sectores que están más avanzados en relación a la institucionalidad, afirmando que uno de esos sectores es, precisamente, el de hidrocarburos donde habría una serie de normas, procedimientos, mecanismos e instrumentos para la gestión ambiental.
En este marco, cuestionó que pese a ello, nunca se hubieran implementado en el país, los Consejos Departamentales del Medio Ambiente. ¿Cuál es el motivo?, preguntó señalando que no sabía si esto era consecuencia de una falta de conciencia ciudadana o temor frente a las autoridades.
“No sé el motivo, pero lo cierto es que no se ha estructurado ese espacio que, sin embargo, está en la Ley. Y siempre sucede, también en el tema agrario, las comisiones agrarias funcionaban y después de un tiempo dejaron de funcionar por los conflictos que se generaron por el tema tierra”, acotó.
“En todo esto, no hay una institucionalidad que permita, por ejemplo, sancionar a las personas que cometen infracciones. Lo único que está más avanzado en este aspecto es lo referido a las quemas ilegales”, dijo agregando que: “no se puede llegar más allá, porque hay limitaciones en los procedimientos, instrumentos y en los propios mecanismos”.
MINERÍA, LA MÁS CONTAMINANTE
Quiroga indicó que si bien en el sector de la minería existe el mecanismo para enfrentar aspectos relativos al medio ambiente, hasta ahora no se ha podido abordar el tema en su verdadera dimensión, remarcando que no se conoce de sanciones ni de nadie que estuviera en la cárcel por daño medioambiental.
De esta forma, sostuvo que lo que existe de institucionalidad ambiental en Bolivia, está funcionando con muchas debilidades y deficiencias en formación de recursos humanos, infraestructura y a nivel económico, ”a pesar de que en la industria hidrocarburífera hay, digamos, un avance sustancial.”
Sin embargo, reconoció que hasta el momento lo único que se logra es hacer multar a alguien por incumplimiento de un instrumento legal, como es el estudio y evaluación de impacto ambiental, a partir de los monitoreos que hacen las empresas petroleras.
“En este caso se evalúa y se puede hace una inspección de oficio a la denuncia. Y después de la evaluación y realizados todos los peritajes y análisis respectivos, se puede llegar, por lo general, a una multa, hasta ahí no más se llega”, lamentó.
El coloquio dejó claro que en materia minera no existe una normativa especifica en el sector que tendría amplísimos residuos que estarían acumulados desde la época de la Colonia, cuando se empieza con el uso de mercurio en las minas del Potosí, pasivos que nunca se habrían limpiado.
LEY DE JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL
Más adelante, Quiroga indicó que actualmente uno de los tópicos que se está debatiendo en esferas de gobierno es el referido a la Ley de Jurisdicción Agroambiental, donde se estaría incorporando todo un procedimiento para llegar hasta el delito ambiental, es decir, a sancionar con cárcel a quién ha cometido delitos en esta materia, aunque aseguró que era necesario evitar extremos.
“Por ejemplo, si alguien denuncia a una empresa petrolera o una minera de estar contaminando, entonces el Tribunal Agroambiental puede, preventivamente, paralizar la actividad. Y eso es complicadísimo para sectores como el hidrocarburífero donde no es fácil pretender parar una obra por simple denuncia y hasta que se realice toda la investigación”, cuestionó.
En contraruta, el sector de las ONG’s sostiene que los pueblos indígenas nuevamente han pasado a ser “espectadores” de las normas y de las operaciones extractivas que impactan directamente en sus territorios, “activadas ahora-dice-por las empresas del Estado Plurinacional”.
“La agenda posicionada por las movilizaciones sociales en defensa de los recursos naturales de la primera década del 2000 no se agota con la redistribución de los beneficios de la renta: la superación de matriz primario-exportadora del aparato productivo boliviano y sus históricas consecuencias económicas, sociales y ambientales, son la otra parte de las demandas que este proceso le debe todavía a quienes en octubre de 2003 ofrendaron sus vidas por una Bolivia plenamente digna, soberana y productiva”, dice a propósito el ex director del Cejis, Leonardo Tamburini.
Jhon Vargas, el actual presidente de YPFB Logística y coautor de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, desde la Jefatura la Unidad de Medio Ambiente del Viceministerio de Desarrollo Energético, si bien coincide con lo expresado por Tomelic y Quiroga, considera que es importante comprender que con la nueva Constitución y la aprobación de la Ley de la Madre Tierra, se ha dado un cambio radical en el enfoque medioambiental y sobre las consecuencias de las incidencias del medio ambiente.
“Eso trajo como necesidad, primero, cambiar la Ley 1333 de Medio Ambiente porque se estima que no responde al enfoque de desarrollo que plantea el proceso de cambio, el concepto de “vivir bien”, y más aún, a lo establecido por la Ley de la Madre Tierra que reconoce a la tierra como sujeto de derecho”, dijo.
Desde su punto de vista, esto trastoca totalmente la forma de concebir la cuestión ambiental en la medida que éstas eran concebidas como un elemento “externo” a la sociedad.
Remarcó que a partir de la nueva visión impuesta por la Constitución, “el medio ambiente es parte constitutiva de la misma. Y ese es el cambio fundamental.”
“Entonces, la responsabilidad ambiental no es solamente atribución de algunos sujetos que contravienen normas en el uso o mal uso de los recursos naturales. Si no que la sociedad en su conjunto es responsable de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, porque la sociedad es parte de ese medio ambiente”, argumentó.
Acotó que, desde esta óptica, los impactos socioambientales configuran dicha perspectiva. Explicó, que estos no deben estar limitados solamente a observar las afectaciones al medio ambiente si no a detectar el daño al conjunto de la sociedad y su hábitat, porque todo grupo humano está inserto en un hábitat.
“El daño que se provoca es al hábitat, no es a un medio ambiente abstracto, digamos, si no a la vida de un grupo humano que se realiza en un ambiente determinado de ecosistema”, sostuvo.
“Esa es la parte compleja de verificar pues es difícil establecer cómo se miden los impactos socioambientales”, precisó a tiempo de recordar que con la Ley de Hidrocarburos 3058, se incorpora este elemento y se introduce la consulta a las comunidades y pueblos originarios, como un requisito necesario para realizar operaciones, proyectos y actividades relacionadas con los recursos naturales fundamentalmente.
Vargas considera que eso ha dado lugar a un proceso de seis años de acumulación de experiencias tanto a nivel de empresas privadas y públicas como YPFB que tienen que contrastar sus intereses con los intereses de las comunidades indígenas o de las comunidades campesinas y con los daños que pueden provocarle sus actividades.
UNA RUPTURA
“Esta es una manera distinta de concebir el problema ambiental, a mi juicio, se trata de una ruptura epistemológica, porque el punto de partida del conocimiento ya no es el mismo. No es la naturaleza pasiva, si no la naturaleza con derechos. Una naturaleza activa”, indicó.
Considera que concebir el tema medioambiental desde esta óptica, pasa por romper con una lógica colonialista impuesta desde el siglo XV cuando se impone que la razón le da un derecho a la sociedad humana, a los hombres, a las mujeres para actuar sobre la naturaleza indiscriminadamente.
“Ese es todo el proceso de colonización que tenemos en todo el mundo, que no es sólo en nuestro país, en el continente. Es en Asia, África, América Latina, continentes sujetos a la colonización y al saqueo de las riquezas naturales”, precisó.
Vargas aseguró que es ésa concepción la que se pretende invertir desde el Gobierno, indicando que ya no es compatible el discurso del medio ambiente solamente desde la reducción de sus impactos, asumida por algunos grupos “radicales”, avalando el extremo de la no intervención de los recursos naturales.
“Hay una discusión por internet que enfoca el problema del extractivismo en desarrollo. Las posiciones no extractivitas más radicales apuntan a no utilizar los recursos naturales. Los otros dicen que hay que cuidar el medio ambiente con mucha moderación, pero no dicen cómo”, cuestionó.
Para Vargas, al momento existe un manejo “político” del tema medioambiental, bajo el paraguas de lo que se entiende por extractivismo, afirmando que sería urgente debatirlo adecuadamente y con planteamientos concretos. Piensa que actualmente hay un panorama distinto al de hace 30 años y que es ése el contexto que se debería centrar la calidad y las perspectivas del debate sobre temas medioambientales.
PASIVOS “BRUTALES”
Aseguró que al momento los pasivos ambientales en Bolivia “son brutales”. Precisó que en el sector de hidrocarburos estos vienen desde las actividades de la Stándar Oil los que no se habrían resuelto, pese a los procesos de nacionalización de este sector.
“YPFB Corporación, como nueva empresa estatal, es heredera de estos pasivos ambientales y tiene la obligación de resolverlos”, dijo a tiempo de reconocer que, sin embargo, la tónica de muchas instituciones va por atender la generación de nuevos pasivos ambientales, vinculada solamente al discurso del cambio climático.
LA COMPLEJA COMPENSACIÓN POR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Los participantes coincidieron en señalar que en Bolivia es necesario fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente, crear nuevas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental, además de revisar la gestión del Tribunal Ambiental con el objetivo de promover una institucionalidad que aporte al desarrollo nacional.
Por el momento, Viviana Tomelic, ambientalista, docente y jefa de la carrera de Gestión en Turismo de la UAGRM, considera que “el ciudadano promedio no sabe y tampoco vamos a decir que se interesa por estos temas”. Ella piensa que actualmente no hay una conciencia ambiental general, por lo que asuntos como el referido al cuidado de los árboles y al de la basura, no tendrían la importancia del caso.
“Nuestra propia Alcaldía está llevando el progreso, entre comillas, a varios lugares, pero, a costa de una mal manejo ambiental, porque vemos carreteras como la de Cotoca, por ejemplo, que no tiene ningún espacio para plantar árboles, todo es cemento. Y ahí se ve que tampoco nuestras instituciones están tomando en serio la parte ambiental”, acotó.
EL SECTOR HIDROCARBUROS ESTÁ MÁS NORMADO
Omar Quiroga Antelo, ex viceministro a.i.de Desarrollo Energético, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y actual responsable de Negociación y Resolución de Conflictos de YPFB Transporte, considera que en Bolivia hay sectores que están más avanzados en relación a la institucionalidad, afirmando que uno de esos sectores es, precisamente, el de hidrocarburos donde habría una serie de normas, procedimientos, mecanismos e instrumentos para la gestión ambiental.
En este marco, cuestionó que pese a ello, nunca se hubieran implementado en el país, los Consejos Departamentales del Medio Ambiente. ¿Cuál es el motivo?, preguntó señalando que no sabía si esto era consecuencia de una falta de conciencia ciudadana o temor frente a las autoridades.
“No sé el motivo, pero lo cierto es que no se ha estructurado ese espacio que, sin embargo, está en la Ley. Y siempre sucede, también en el tema agrario, las comisiones agrarias funcionaban y después de un tiempo dejaron de funcionar por los conflictos que se generaron por el tema tierra”, acotó.
“YPFB Corporación, como nueva empresa estatal, es heredera de estos pasivos ambientales y tiene la obligación de resolverlos”
Precisó que a nivel municipal lo que funcionan son las unidades de Medio Ambiente, que estarían más ligadas al tema de bosques. Sin embargo, remarcó que hay debilidades significativas precisamente en materia de bosques, biodiversidad y agua.“En todo esto, no hay una institucionalidad que permita, por ejemplo, sancionar a las personas que cometen infracciones. Lo único que está más avanzado en este aspecto es lo referido a las quemas ilegales”, dijo agregando que: “no se puede llegar más allá, porque hay limitaciones en los procedimientos, instrumentos y en los propios mecanismos”.
MINERÍA, LA MÁS CONTAMINANTE
Quiroga indicó que si bien en el sector de la minería existe el mecanismo para enfrentar aspectos relativos al medio ambiente, hasta ahora no se ha podido abordar el tema en su verdadera dimensión, remarcando que no se conoce de sanciones ni de nadie que estuviera en la cárcel por daño medioambiental.
De esta forma, sostuvo que lo que existe de institucionalidad ambiental en Bolivia, está funcionando con muchas debilidades y deficiencias en formación de recursos humanos, infraestructura y a nivel económico, ”a pesar de que en la industria hidrocarburífera hay, digamos, un avance sustancial.”
Sin embargo, reconoció que hasta el momento lo único que se logra es hacer multar a alguien por incumplimiento de un instrumento legal, como es el estudio y evaluación de impacto ambiental, a partir de los monitoreos que hacen las empresas petroleras.
“En este caso se evalúa y se puede hace una inspección de oficio a la denuncia. Y después de la evaluación y realizados todos los peritajes y análisis respectivos, se puede llegar, por lo general, a una multa, hasta ahí no más se llega”, lamentó.
El coloquio dejó claro que en materia minera no existe una normativa especifica en el sector que tendría amplísimos residuos que estarían acumulados desde la época de la Colonia, cuando se empieza con el uso de mercurio en las minas del Potosí, pasivos que nunca se habrían limpiado.
LEY DE JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL
Más adelante, Quiroga indicó que actualmente uno de los tópicos que se está debatiendo en esferas de gobierno es el referido a la Ley de Jurisdicción Agroambiental, donde se estaría incorporando todo un procedimiento para llegar hasta el delito ambiental, es decir, a sancionar con cárcel a quién ha cometido delitos en esta materia, aunque aseguró que era necesario evitar extremos.
“Por ejemplo, si alguien denuncia a una empresa petrolera o una minera de estar contaminando, entonces el Tribunal Agroambiental puede, preventivamente, paralizar la actividad. Y eso es complicadísimo para sectores como el hidrocarburífero donde no es fácil pretender parar una obra por simple denuncia y hasta que se realice toda la investigación”, cuestionó.
los pueblos indígenas nuevamente han pasado a ser espectadores de las normas y las operaciones extractivas que impactan directamente en sus territorios.
Agregó que el otro tema que se pretende incorporar es el de la “corresponsabilidad solidaría” que supondría involucrar, en el daño ambiental, a todos los que participan de la cadena. En contraruta, el sector de las ONG’s sostiene que los pueblos indígenas nuevamente han pasado a ser “espectadores” de las normas y de las operaciones extractivas que impactan directamente en sus territorios, “activadas ahora-dice-por las empresas del Estado Plurinacional”.
“La agenda posicionada por las movilizaciones sociales en defensa de los recursos naturales de la primera década del 2000 no se agota con la redistribución de los beneficios de la renta: la superación de matriz primario-exportadora del aparato productivo boliviano y sus históricas consecuencias económicas, sociales y ambientales, son la otra parte de las demandas que este proceso le debe todavía a quienes en octubre de 2003 ofrendaron sus vidas por una Bolivia plenamente digna, soberana y productiva”, dice a propósito el ex director del Cejis, Leonardo Tamburini.
EL MEDIO AMBIENTE NO ES EXTERNO A LA SOCIEDAD
Jhon Vargas, el actual presidente de YPFB Logística y coautor de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, desde la Jefatura la Unidad de Medio Ambiente del Viceministerio de Desarrollo Energético, si bien coincide con lo expresado por Tomelic y Quiroga, considera que es importante comprender que con la nueva Constitución y la aprobación de la Ley de la Madre Tierra, se ha dado un cambio radical en el enfoque medioambiental y sobre las consecuencias de las incidencias del medio ambiente.
“Eso trajo como necesidad, primero, cambiar la Ley 1333 de Medio Ambiente porque se estima que no responde al enfoque de desarrollo que plantea el proceso de cambio, el concepto de “vivir bien”, y más aún, a lo establecido por la Ley de la Madre Tierra que reconoce a la tierra como sujeto de derecho”, dijo.
Desde su punto de vista, esto trastoca totalmente la forma de concebir la cuestión ambiental en la medida que éstas eran concebidas como un elemento “externo” a la sociedad.
Remarcó que a partir de la nueva visión impuesta por la Constitución, “el medio ambiente es parte constitutiva de la misma. Y ese es el cambio fundamental.”
“Entonces, la responsabilidad ambiental no es solamente atribución de algunos sujetos que contravienen normas en el uso o mal uso de los recursos naturales. Si no que la sociedad en su conjunto es responsable de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, porque la sociedad es parte de ese medio ambiente”, argumentó.
Acotó que, desde esta óptica, los impactos socioambientales configuran dicha perspectiva. Explicó, que estos no deben estar limitados solamente a observar las afectaciones al medio ambiente si no a detectar el daño al conjunto de la sociedad y su hábitat, porque todo grupo humano está inserto en un hábitat.
“El daño que se provoca es al hábitat, no es a un medio ambiente abstracto, digamos, si no a la vida de un grupo humano que se realiza en un ambiente determinado de ecosistema”, sostuvo.
“Esa es la parte compleja de verificar pues es difícil establecer cómo se miden los impactos socioambientales”, precisó a tiempo de recordar que con la Ley de Hidrocarburos 3058, se incorpora este elemento y se introduce la consulta a las comunidades y pueblos originarios, como un requisito necesario para realizar operaciones, proyectos y actividades relacionadas con los recursos naturales fundamentalmente.
Vargas considera que eso ha dado lugar a un proceso de seis años de acumulación de experiencias tanto a nivel de empresas privadas y públicas como YPFB que tienen que contrastar sus intereses con los intereses de las comunidades indígenas o de las comunidades campesinas y con los daños que pueden provocarle sus actividades.
UNA RUPTURA
“Esta es una manera distinta de concebir el problema ambiental, a mi juicio, se trata de una ruptura epistemológica, porque el punto de partida del conocimiento ya no es el mismo. No es la naturaleza pasiva, si no la naturaleza con derechos. Una naturaleza activa”, indicó.
Considera que concebir el tema medioambiental desde esta óptica, pasa por romper con una lógica colonialista impuesta desde el siglo XV cuando se impone que la razón le da un derecho a la sociedad humana, a los hombres, a las mujeres para actuar sobre la naturaleza indiscriminadamente.
“Ese es todo el proceso de colonización que tenemos en todo el mundo, que no es sólo en nuestro país, en el continente. Es en Asia, África, América Latina, continentes sujetos a la colonización y al saqueo de las riquezas naturales”, precisó.
Vargas aseguró que es ésa concepción la que se pretende invertir desde el Gobierno, indicando que ya no es compatible el discurso del medio ambiente solamente desde la reducción de sus impactos, asumida por algunos grupos “radicales”, avalando el extremo de la no intervención de los recursos naturales.
“Hay una discusión por internet que enfoca el problema del extractivismo en desarrollo. Las posiciones no extractivitas más radicales apuntan a no utilizar los recursos naturales. Los otros dicen que hay que cuidar el medio ambiente con mucha moderación, pero no dicen cómo”, cuestionó.
Para Vargas, al momento existe un manejo “político” del tema medioambiental, bajo el paraguas de lo que se entiende por extractivismo, afirmando que sería urgente debatirlo adecuadamente y con planteamientos concretos. Piensa que actualmente hay un panorama distinto al de hace 30 años y que es ése el contexto que se debería centrar la calidad y las perspectivas del debate sobre temas medioambientales.
PASIVOS “BRUTALES”Aseguró que al momento los pasivos ambientales en Bolivia “son brutales”. Precisó que en el sector de hidrocarburos estos vienen desde las actividades de la Stándar Oil los que no se habrían resuelto, pese a los procesos de nacionalización de este sector.
“YPFB Corporación, como nueva empresa estatal, es heredera de estos pasivos ambientales y tiene la obligación de resolverlos”, dijo a tiempo de reconocer que, sin embargo, la tónica de muchas instituciones va por atender la generación de nuevos pasivos ambientales, vinculada solamente al discurso del cambio climático.
LA COMPLEJA COMPENSACIÓN POR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Vargas, en coincidencia con el resto de los participantes, sostiene que al momento si bien han surgido nuevos actores como son los pueblos y parcialmente las comunidades indígenas, en defensa del medio ambiente, la tendencia estaría más abocada al cobro de la compensación por los impactos ambientales, generando una especie de cambios “aparentes” pero que no logran incidir en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de estas personas.
En este marco, sostuvo que “este escenario es el que precisamente está demostrando que la institucionalidad ambiental en Bolivia ha pereclitado, con el quiebre del modelo neoliberal”, y acotó que sería urgente atender la construcción de una nueva institucionalidad que observe temas como la depredación de los suelos, el monitoreo de cultivos y la deforestación, entre otros, a partir de auditorías medioambientales.
Concluyó afirmando que, al momento, “la Ley 1333 es casi un esqueleto, no hay una autoridad ambiental real”.
¿Cuál es la nueva institucionalidad ambiental, desde el punto de vista conceptual que requiere el país?, ¿cuál es la normativa que debería prevalecer?, ¿cuáles son las autoridades ambientales y socioambientales que deberían estar instituidas en Bolivia, derivadas de la Nueva Constitución Política del Estado?, fueron parte importante de las preocupaciones planteadas por los participantes.
En este marco, sostuvo que “este escenario es el que precisamente está demostrando que la institucionalidad ambiental en Bolivia ha pereclitado, con el quiebre del modelo neoliberal”, y acotó que sería urgente atender la construcción de una nueva institucionalidad que observe temas como la depredación de los suelos, el monitoreo de cultivos y la deforestación, entre otros, a partir de auditorías medioambientales.
Concluyó afirmando que, al momento, “la Ley 1333 es casi un esqueleto, no hay una autoridad ambiental real”.
¿Cuál es la nueva institucionalidad ambiental, desde el punto de vista conceptual que requiere el país?, ¿cuál es la normativa que debería prevalecer?, ¿cuáles son las autoridades ambientales y socioambientales que deberían estar instituidas en Bolivia, derivadas de la Nueva Constitución Política del Estado?, fueron parte importante de las preocupaciones planteadas por los participantes.
