América Latina y el Caribe es la región que actualmente cuenta con las mayores reservas petroleras probadas en el mundo después de Oriente Medio. Sin embargo, algunos de los países miembros enfrentan la disminución de la producción de sus hidrocarburos, debido a la respuesta “lenta e insuficiente de la inversión público-privada a los incrementos de precios.”

Según un estudio de la Cepal, para que un recurso sea considerado y catalogado como reserva probada, es necesario que el desarrollo y la explotación de la producción a lo largo de la vida del reservorio sean rentables y comercialmente atractivos para el Estado o la empresa petrolera.

Se trata, sin duda, de un equilibrio que pocos países en la región están en condiciones de encontrar mientras confrontan bajo crecimiento, lenta productividad y salarios reales estancados o declinantes y, principalmente, una sostenida tendencia a la baja inversión como una característica del denominado ciclo de la “nueva normalidad”, también calificado como de la “nueva mediocridad” y/o del “estancamiento secular”, que cubre a las economías del OCDE.

Esta “nueva normalidad” mostraría, según Hugo Altamonte y Ricardo J. Sánchez, autores del estudio cepalino denominado Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe; que si bien la región cuenta con importante reservas petroleras y se mantiene como un “destino atractivo para la inversión petrolera mundial”, no ha superado lo que se conoce como el “estancamiento secular”, una peculiaridad casi inamovible de la región.

En relación al espinudo tema de las inversiones en el ciclo de esta “nueva normalidad”, los autores remarcan que las decisiones de inversión se basan en el potencial geológico de un país, el acceso a mercados favorables, el grado de fortaleza institucional, los aspectos legales, medioambientales y la existencia de un marco fiscal estable y progresivo, a los que se suma el beneficio mutuo de los tres actores principales involucrados en las actividades extractivas: gobierno, empresas y sociedad.

“En la medida en que dichos factores contribuyan a la disminución de cualquier tipo de riesgo promoverán la atracción de mayores inversiones”, sostienen a tiempo de asegurar que la trayectoria internacional del precio del petróleo y su posterior disminución durante la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 se relacionaron en general con la evolución creciente —en términos absolutos y relativos— de la inversión regional en actividades de exploración y explotación.

 La visión cepalista considera que por el momento y ante la actual contracción de los precios internacionales, el aumento de los costos y la inminente necesidad de desarrollar los recursos del sector de hidrocarburos, la región se enfrenta al desafío de compensar el deterioro de las variables económicas mediante el fortalecimiento de aspectos institucionales y legales, con miras a reducir los riesgos para el inversionista.

Bolivia parece estar en esta disyuntiva. Entretanto, la situación no deja de ser compleja. Persisten las demandas por establecer la denominada “seguridad jurídica”, como requisito para atraer inversionistas, pero está claro también que la inversión, ha adquirido una condición concreta de “repliegue”, a partir del derrumbe de los precios del crudo.

No hay duda de que en el contexto de esta “nueva normalidad”, la gestión de las reservas de hidrocarburos en la región, que representan el 20% y el 4% del total mundial de petróleo y gas natural, en gran parte se muestran en una situación de “nuevo estancamiento”, que valdría la pena considerar con una visión estratégica, si es que el término no resulta, por decir lo menos, estropeado.