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Instruye a YPFB realizar nuevo estudio sobre Incahuasi

El juez Público 4° de Familia, Wilfredo Núñez, constituido en Tribunal de Garantías, en una audiencia de casi nueve horas continuas, determinó que YPFB vulneró el derecho al debido proceso al proporcionar límites referenciales para el estudio que otorgó a Santa Cruz el 100% de la propiedad del campo Incahuasi, por lo que conminó a la estatal petrolera elaborar un nuevo estudio en base a documentación oficial y actualizada, pero no suspendió el pago de regalías al departamento cruceño, que era otro pedido de Chuquisaca.

Núñez explicó que tuvo que convertir el amparo constitucional de Chuquisaca, que fue erróneamente interpuesto, en una acción popular, porque los derechos que se reclamaron a ser tutelados son derechos colectivos y la acción popular protege este tipo de acción, mientras que el amparo constitucional solamente protege derechos fundamentales y garantías de las personas individuales.

“La Gobernación de Chuquisaca estaba alegando vulneración al debido proceso y esa parte es la que se ha concedido, porque se evidenció que YPFB proporcionó documentación no oficial para que la consultora GLJ, encargada de realizar el estudio para la determinación o no del campo compartido, se base en esa documentación que no es la fidedigna, la real y concreta”, sostuvo.

En cambio, el Juez denegó el pedido de suspender el pago de regalías hasta que se realice un nuevo estudio, porque el derecho presuntamente vulnerado a Chuquisaca está latente.

“También se ha dispuesto de que YPFB dentro de un término de 30 días elabore un nuevo estudio y de los resultados de este trabajo se proceda a determinar si efectivamente Chuquisaca no tiene derecho alguno a percibir regalías o por el contrario sí”, agregó.

Tras la lectura de la sentencia, el secretario de Gobierno de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que si bien no se dio todo lo que Chuquisaca demandaba, que era la nulidad y dejar sin efecto el pago de regalías, la decisión del Juez les deja "un mal sabor".

El representante cree que en este caso la justicia se parcializó con Chuquisaca al "reconducir" "una acción que está mal planteada" "como si el Juez fuera parte de los abogados de Chuquisaca para mantener una ilusión sin bases, sin sustento".

"Dejar el estudio y hacer otro en paralelo significa una inseguridad jurídica y una confusión que es inaceptable, porque sino igual se puede reabrir (el tema del campo compartido) Margarita-Huacaya, cuyo estudio se hizo con la misma ley que establece los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca y con el mismo procedimiento", remarcó.

La Gobernación de Chuquisaca, a través de su secretario Jurídico, Armin Cortez, destacó la fundamentación del fallo y remarcó que evidencia que ni YPFB ni la consultora contratada GLJ Petroleum cumplieron el reglamento de campos compartidos. No obstante, lamentó no haber conseguido la tutela del derecho difuso, que habría implicado la paralización del pago de regalías, y dijo no compartir la determinación judicial al respecto.

Anunció, sin embargo, que Chuquisaca accionará inmediatamente una acción popular en contra del informe, solicitando la tutela con relación a la paralización de la distribución de regalías. El Departamento basa su argumento en dos elementos: el elemento difuso y el antecedente que existe entre Chuquisaca y Tarija que comparten la propiedad del campo gasífero Margarita, según un estudio que, como no se aplicó en su tiempo, privó al Departamento de gozar de los recursos que le correspondían desde el inicio de su explotación. “Ustedes saben, como efecto de la distribución de regalías del campo Margarita, Chuquisaca ha sido privada de gozar esos recursos, y a la fecha no existe un mecanismo ni constitucional ni legal ni administrativo que permita enmendar este gran error cometido contra el departamento”, hizo notar.

Tras el fallo, el Comité Cívico de Chuquisaca confía en tener un nuevo estudio que reconozca que el campo Incahuasi es compartido entre el Departamento y Santa Cruz, sobre la base de límites oficiales. “Para Chuquisaca es una victoria, es un paso más, y obviamente seguiremos avanzando con otros recursos hasta conseguir los objetivos que está persiguiendo”, remarcó el presidente cívico, Freddy Montero.

Durante la audiencia, los abogados de YPFB abandonaron la sala de forma abrupta bajo el argumento de que no habían sido notificados con el tiempo debido.

Chuquisaca activó en agosto pasado de manera formal el inicio del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación interdepartamental con Santa Cruz ante el ex Ministerio de Autonomías, ahora Viceministerio. Actualmente, no hay una ley que defina con precisión el límite entre ambos departamentos.

FUENTE: EL DIA

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