Hace un par de semanas las conclusiones del evento Hábitat III, organizado por Naciones Unidas, pusieron en agenda la capacidad de adaptación de las ciudades frente al cambio climático; uso del agua; contaminación ambiental; manejo de desechos; universalización de los servicios públicos; vivienda adecuada para la población y, por supuesto, transporte eléctrico.

La gestión del agua emergió rotunda, en medio de la Agenda Urbana que contiene 175 párrafos establecidos como un referente consensuado para los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), referidos a la problemática urbana bajo tres principios: “no dejar a nadie atrás, economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental”.

Los consensos alcanzados en este cónclave mundial realizado en Quito-Ecuador a fines de octubre, pusieron el acento en el rol que deben jugar los Estados a la hora de definir estrategias de implementación de la vivienda, basada en derechos humanos, que implica ceder paso a mejores y mayores condiciones de agua potable, energía y transporte, como parte del desarrollo de estrategias urbano- sostenibles.

Las alcaldías, catalogadas como “los gobiernos más próximos a la población” fueron puntualmente demandadas a jugar un rol central en la adopción de estas estrategias dirigidas a construir ciudades sostenibles e inclusivas, más allá del cemento, el maquillaje y la marginación social que diariamente fortalece villas miseria silenciosamente avasalladoras.

Por tanto y como parte de los consensos, dentro del mismo evento la II Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, propuso, a la secretaría general de la ONU, ocupar un lugar específico dentro del marco institucional de ese organismo mundial para hacer una evaluación, seguimiento y ejecución de la nueva Agenda Urbana, derivada de Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible.

El desarrollo urbano, en este contexto, surge con nuevas dimensiones. Está dirigido, por lo menos en teoría, a lograr ciudades sostenibles e inclusivas, seguras y resilientes justo cuando se establece que alrededor de 3.500 millones de personas viven en ciudades, representando un 55% de la población mundial, lo que permite prever que en el 2050 habrá alrededor de 7.000 millones de personas viviendo en centros urbanos, según Joan Clos, secretario general de Hábitat III.

Sin embargo, estos foros, la mayor parte del tiempo no superan lamentablemente la fase de la simple retórica. Al mismo tiempo, la institucionalidad en América Latina y en Bolivia, en particular, tiene problemas concretos para, por ejemplo, incrementar el caudal de oferta, mejorar los sistemas de transporte y lograr un tratamiento óptimo del agua, desde hace mucho tiempo y nadie lo ha resuelto eficientemente hasta ahora; cuando se comprueba que, al menos, cuatro ciudades en el país, sufren un dramático racionamiento de agua.

Se trata, entonces, de un tema de gestión de nuestros recursos en el marco de políticas, estrategias, planes, actividades y tareas que lamentablemente nunca llegan a ser lo suficientemente idóneas por varias razones: falta de conocimiento, tecnología inadecuada, presupuesto y, sobre todo, una dramática burocracia matizada por niveles de ineficiencia y corrupción tanto a nivel central como departamental que espantan. Ergo, no es mentira que pedimos ciudades sostenibles, en un mundo poco sostenible, en medio de hilarantes discursos.

FUENTE: EL DIA

AUTORA: VESNA MARINKOVIC