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Enormes planes, INMENSAS PREGUNTAS

 

Roger Cortéz H. (*)

 

 

En este artículo el autor refiere que los gobernantes van a necesitar un enfoque que se aleje de la combinación de imposición, opacidad de la gestión y uso intensivo de propaganda, en materia energética y principalmente en el proyecto de generación nuclear, para demostrar que se trata de un auténtico proyecto de Estado…

 

El campo de la energía es el que ha proporcionado al actual Gobierno de Bolivia las mayores recompensas, satisfacciones y logros. Baste recordar los 31.500 millones de dólares que recaudó el fisco en la última década, según el dato propalado por el máximo responsable de YPFB, quien los comparaba con los $us 4.500 millones obtenidos en ingresos fiscales, durante los diez años previos.

 

La nacionalización abrió paso al prodigioso salto de la renta estatal, en una época en que los precios alcanzaron el cielo para, ahora, precipitarse en la espiral del descenso y de la incertidumbre.

En su momento, los superingresos por la exportación de gas sustentaron los cambios con las grandes construcciones de infraestructura, como la planta de secado de gas en Río Grande, la de urea en el Chapare, o las 600.000 conexiones domésticas de gas, además de la acumulación de una significativa fracción de las reservas internacionales de divisas y de los mecanismos de redistribución de riqueza que alcanzaron a sectores sociales, previamente relegados.

 

 

En un balance rápido del sector energético boliviano, realizado en 2010 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se establece que el acceso a formas más modernas de energía ha mejorado notablemente sobre todo debido a la utilización de gas natural y; que la cobertura del servicio eléctrico se ha elevado de 34,3% en el año 1976, a 77,1% en el año 2010. En el área rural, esta mejora del acceso al servicio eléctrico ha sido más marcada, de 6,8% en el año 1976, a 52,7% en el año 2010.

 

En el mismo trabajo se puntualiza que aún “queda mucho por mejorar ya que existe un elevado porcentaje de viviendas en el área rural, que utiliza leña como combustible para cocinar”.

 

La situación presente se resume de manera extremadamente gráfica en el punto donde convergen dicha realidad con los ambiciosos planes presentados por la cúpula gubernamental para expandir la generación de energía eléctrica, en pos de convertirla en el pivote central de la economía nacional, según la “Agenda patriótica” que resume los planes estatales hasta el año 2025.

 

El “Plan Eléctrico del Estado a 2025”, identifica nueve proyectos hidroeléctricos, en ejecución, con capacidad de generar unos 1.600 megawatts (MW) y los del Complejo hidroeléctrico de Río Grande, Cachuela Esperanza y El Bala que sumarían 5.500 MW, a los que deben agregarse los 183 MW, generados por energías alternativas. Ocho proyectos de generación termoeléctrica sumarían 1.100 MW adicionales a los anteriores.

 

Lo ambicioso de la estrategia se expresa también en los montos de inversión que alcanzan casi 17.000 millones de dólares (página 133 del Plan). El total de las inversiones energéticas se eleva a cerca los $us 30.000 millones (casi todo el producto bruto nacional de 2014) al adicionar los $us 12.681 millones para hidrocarburos – en el quinquenio que llega hasta el año 2020- y los sobrepasa, con los más de $us 2.000 millones previstos para una mini planta nuclear.

 

Lo formidable de los proyectos oficiales contrasta hoy con los problemas y límites de las realizaciones efectivamente alcanzadas, con la caída de ingresos y recursos disponibles y, con ellos, la desaceleración económica, tanto como por la caída de credibilidad, convocatoria y fuerza que sobrevienen como consecuencia de los enormes problemas de corrupción que caracteriza, entre varios otros temas, a la contratación directa de las grandes obras públicas.

 

Los flancos que presenta la propuesta gubernamental son muchos, partiendo de lo inmediato, cual es la caída de reservas y declinación de pozos (que ponen serias interrogantes a los proyectos que dependen de la quema de gas), a las preguntas en materia ambiental que se ciernen sobre la construcción de enormes represas, hasta culminar en la intensa oposición que se acumula contra el proyecto de generación nuclear, basado hasta ahora en el único (y engañoso) argumento de que sería imprescindible para convertirnos en “potencia energética”.

 

Para superar las dudas, los gobernantes van a necesitar un enfoque que se aleje de la combinación de imposición, opacidad de la gestión y uso intensivo de propaganda, y demostrar que se trata de un auténtico proyecto de Estado que puede, y debe, sobrevivir al tránsito de hombres y partidos.

 

...los gobernantes van a necesitar un enfoque que se aleje de la combinación de imposición, opacidad de la gestión y uso intensivo de propaganda...”

 

(*) Investigador y director del Instituto Alternativo.