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Bolivia A LA ZAGA EN EL RANKING 2015 de minería

 

Henry Oporto (*)

 

 

Lejos de mejorar su posición como país minero, Bolivia continúa su ininterrumpido retroceso en la valoración internacional de los expertos y ejecutivos de empresas mineras. Esto es lo que se deduce de los datos del ranking 2015 del Instituto Fraser de Canada, considerado como la referencia más seria e influyente en información relativa al atractivo de los países para captar inversión en minería.

 

En efecto, en la encuesta 2015, Bolivia ocupa el puesto 95 en la tabla de 109 países evaluados, que mide el Índice de Atracción de Inversión en minería; en la encuesta de 2014, Bolivia aparecía en el puesto 94, entre 122 países. Dentro de América Latina, Bolivia ocupa el lugar 16 de 26 países y regiones mineras, entre las cuales figuran cinco provincias argentinas. En Sudamérica, Bolivia se ubica únicamente por encima de Uruguay y Venezuela, y con un puntaje muy por debajo de países como Chile, Perú, México, Colombia y Brasil, que encabezan el ranking latinoamericano.

 

El índice de Atracción de Inversión refiere tanto el potencial minero de los países como la percepción de la aptitud de las políticas gubernamentales para captar inversiones, evaluándose aspectos tales como la regulación ambiental y laboral, el régimen tributario, las barreras arancelarias, la estabilidad política, el sistema legal y el grado de incertidumbre en la aplicación de las normas, la protección de los derechos mineros, la infraestructura, la información geológica, la habilidad y experiencia de la fuerza laboral. Se trata, entonces, de una medición que cubre el conjunto de condiciones esenciales para quienes toman decisiones de inversión. Precisamente, para el Instituto Fraser, la percepción de la calidad de las políticas mineras tiene una incidencia de más o menos 40% en las decisiones de inversión, mientras que el 60% reflejaría la valoración del potencial económico de los yacimientos mineros.

 

 

Pero una vez más Bolivia conforma el grupo de los países peor valorados en su atractivo de inversión en minería, habiendo descendido en el ranking 2015 en diez de los indicadores medidos, en comparación con los resultados del 2014, incluyendo una percepción muy negativa de la política minera así como de los sistemas legal y tributario. Pero no solo eso. En realidad las peores calificaciones que obtiene Bolivia tienen que ver con la incertidumbre y disputas sobre derechos y yacimientos mineros, por un lado, y con las regulaciones, contratos laborales e interrupciones en el trabajo, por otro. Notablemente, en esos dos indicadores Bolivia ocupa el último lugar entre todos los países evaluados.

 

Se desvela así la intensa preocupación de las empresas y expertos por la inseguridad jurídica en las posesiones mineras origen incesante de conflictos-, y también por deterioro de las relaciones laborales debido, entre otras razones, al fuerte incremento del costo laboral.

 

Durante varios años, Argentina ha compartido con Bolivia el dudoso privilegio de ser percibido con recelo por el capital extranjero y por ahuyentar las inversiones mineras en su territorio. El ranking 2015 de minería refleja el mismo panorama de desconfianza: regiones argentinas como Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, La Rioja, continúan hundidas en los últimos lugares de la tabla del Índice de Atracción de Inversión. No obstante, en este comienzo de 2016, hay señales de cambios importantes en la política argentina con relación al tratamiento de las inversiones en minería.

 

En efecto, el pasado 12 de febrero, el nuevo gobierno de Mauricio Macri ha anunciado la eliminación del impuesto del 10% sobre el valor exportado de minerales -medida aplicada por el gobierno kischnerista precedente y que había colocado a la minería argentina en una posición no competitiva frente a la minería de otros países vecinos-. Como era previsible, dicho anuncio ha sido inmediatamente celebrado por las empresas, que ven en él, así como en otras medidas como la eliminación del impuesto a las reservas mineras, una fuerte señal de que la Argentina se encamina a revertir la caída de las inversiones mineras y que su propósito es hacer de la minería un sector económico con oportunidades y con mayor competitividad al aplicar un sistema impositivo mucho más acorde al nivel de los impuestos que se pagan en Perú, Chile, Colombia, Brasil y México.

 

Y es probable que la respuesta del mundo empresarial no se deje esperar. Por la dimensión de la economía argentina, su desarrollo industrial y tecnológico, su capital humano, sus recursos naturales, su mayor fortaleza institucional y otras ventajas comparativas, en un ambiente favorable a las inversiones, como es el que ahora se configura, es plausible que la minería argentina esté en condiciones de despegar. De modo tal que quizá la novedad del ranking 2016 sea ver a las provincias argentinas escalando posiciones en el Índice de Atracción de Inversión en minería.

 

Mutaciones así no son infrecuentes en la historia. Vale la pena recordar que también en el Perú, durante el actual gobierno de Ollanta Humala, se dieron dos reducciones consecutivas de tributos mineros, enviándose con ello señales positivas a la inversión. El resultado alcanzado está a la vista: Perú se ha afirmado en pocos años como uno de los países mineros más pujantes y con gran atractivo para la inversión extranjera. En 2015, la minería peruana recibió más de US$ 7.000 millones de dólares de inversión a pesar del desplome de los precios internacionales. La encuesta de 2015 ratifica ese notable avance: Perú es el número dos en el ranking latinoamericano, tan solo superado por Chile.

 

Observando el viraje de la política argentina, uno se pregunta cuanto más tendremos que esperar en Bolivia para seguir los mismos pasos, es decir para dar también aquí una señal inequívoca de rectificación y de un nuevo rumbo para la actividad minera, ofreciendo garantías firmes de estabilidad contractual y protección a las inversiones, de impuestos razonables y competitivos, de costos laborales sostenibles, de reglas claras en la relación de las empresas con las comunidades rurales, de decisiones de política minera técnicamente concertadas. Si ello se hiciera a buen seguro que la percepción negativa sobre el país comenzaría a trastocarse en una recuperación de confianza progresiva.

 

En la encuesta 2015 del Instituto Fraser, Bolivia ocupa el lugar 22 en el Índice de Oportunidades de Mejora; en 2014 se encontraba en el puesto 10. Vale decir que aunque también en este aspecto el país ha retrocedido, todavía el mundo empresarial percibe que en Bolivia hay margen para mejorar la capacidad de atraer inversiones. Esto, claro está, siempre y cuando se haga lo que tiene que hacerse para mejorar el clima de inversión. Nuestro drama es que seguimos atrapados en la inercia y el inmovilismo. Y así, día que pasa, la sequía de inversiones mineras se hace más evidente, lo mismo que el desempleo y la crisis social que ya se irradian en los centros mineros del país.

 

((*) Es sociologo e investigador de la Fundación Pasoskanki