El proceso de integración regional que vive América Latina y el Caribe, parece haberse afincado en una tendencia claramente bilateral y marcada por la urgencia de satisfacer cada uno de los países su propia e imparable demanda energética. Una revisión apenas tangencial del estado de situación de estos procesos refiere que se trata de una dinámica que no ha cesado pero que si se ha hecho más particular, en medio de todas sus dificultades y limitaciones.
Graficando esta tendencia hacia la bilateralidad, es pertinente referir la relación entre Bolivia y Brasil que arroja un acuerdo importante de compra y venta de gas natural, a partir del gasoducto Bolivia Brasil, vigente desde 1990 y que según expertos como Nivalde José de Castro, ha conseguido beneficios económicos muy importantes para Bolivia (más divisas y más recaudación de impuestos) y para Brasil- ampliar la oferta de gas natural y diversificar la matriz energética.
Para hacer factible este tipo de acuerdos en pos de recursos energéticos lo más importante es tener una determinación política basada en elementos y análisis económicos que garanticen beneficios compartidos, afirma De Castro en una entrevista en ENERGÍABolivia y agrega que como base de esta decisión política, es fundamental que el proyecto de integración energética esté respaldado en un tratado diplomático-económico internacional.
En su criterio, esta condición estaría dirigida a garantizar la consistencia y la seguridad de las reglas de regulación y comercialización, como fue el caso precisamente del Gasoducto Bolivia-Brasil. Actualmente, el nuevo desafío entre ambos países se dirige hacia la construcción de una hidroeléctrica binacional sobre el río Madera, tomando como base la experiencia de Itaipú Binacional, la mayor central hidroeléctrica del mundo que hoy atiende 90% del mercado de Paraguay y cerca de 20% de todo el mercado brasilero.
“El momento es muy positivo y está concentrado en la cuenca del río Madera, pues allí el proceso de integración eléctrica ya fue iniciado con la construcción de las centrales hidroeléctricas (CHE) de Santo Antonio y Jirau. Desde nuestro punto de vista el próximo paso de este proceso es la Central Hidroeléctrica Binacional de Cachuela Esperanza”, ratifica De Castro.
Sin embargo, reconoce que actualmente la asimetría económica y regulatoria entre los países y las distancias físicas entre los mercados, encareciendo tanto el proyecto como los costos de transporte, se constituyen en una clara limitación para los procesos de integración.
De momento, el ministro de Hidrocarburos, Energía y Electricidad, Luis Alberto Sánchez, ha oficializado que el 2016 Bolivia arranca con una clara apuesta hacia las hidroeléctricas bajo la premisa de que la energía debe ser visualizada como otro pilar económico de la política gubernamental del actual gobierno. En esta línea, ha minimizado los impactos ambientales que estas megaobras podrían ocasionar señalando que se trabajará para que el impacto sea “moderado”.
La idea, puede advertirse, sería apuntalar proyectos de integración de infraestructura dirigidos a convertirse en factores de desarrollo económico y social entre ambas naciones. Sin embargo, las dudas frente a la efectividad de los procesos integracionistas en la región no han disminuido y por el momento es un hecho concreto el rechazo que persiste alrededor del impacto medioambiental de las hidroeléctricas.
FUENTE: EL DÍA
