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¿Debilidades en la construcción del debate autonómico?


A propósito de lo que viene ocurriendo con la preparación del referéndum autonómico en cinco departamentos del país, me permito las siguientes digresiones, a partir del libro ”Memorias de un conflicto urbano: el dilema autonómico y la prensa en la crisis del 11 de enero de 2007”, que precisamente pasa revista a la calidad y a las condiciones de la cobertura periodística sobre la demanda autonómica y al discurso de algunos líderes políticos que en ese entonces hegemonizaban la propuesta.


Señalo, en dicho libro, que cuando explota el conflicto del 11 de enero de 2007 en Cochabamba; el discurso autonómico de Manfred Reyes Villa, el entonces prefecto, lucía descontextualizado entre otras cosas porque carecía de alusiones imprescindibles a la Ley 1551 de Participación Popular, de 20 de abril de 1994, y a la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de 1995, antecedentes inmediatos de la demanda autonómica y que no podían ni pueden ser soslayados por quien pretenda hablar sobre autonomías.

En efecto, Reyes Villa dio la impresión de que solamente quería sacar provecho a la decisión del ex presidente Carlos Mesa que, vulnerando la normativa del Estado y a título de institucionalizar las autonomías en el país, había aprobado la elección directa de los prefectos sin una clara delimitación de competencias y atribuciones, ocasionando una mayor confrontación entre el gobierno y las regiones, a partir del año 2005.

Consiguientemente, en ese momento no hubo un claro discurso a favor o en contra de las autonomías por parte de los líderes políticos y la mayoría de los medios de información se mantuvieron distantes de la posibilidad de profundizar estos aspectos para establecer una relación de orientación entre periodismo y autonomías y permitir que estas tuvieran un buen sustento teórico, canalizado por los liderazgos políticos y la prensa. Solamente habían prosperado posturas antagónicas e irreconciliables que dieron como resultado uno de los más feroces enfrentamientos civiles de este último tiempo en el país.

Ocho años después de este intento por implementar las autonomías en Bolivia, estamos nuevamente confrontados a comprender el complejo entramado normativo que implicara el modelo autonómico, y cómo llegará a ser su efectivización en un país que hasta enero de 2007 mantenía dos posturas antagónicas respecto a la aplicación de las autonomías en Bolivia y conserva, a la fecha, una clara tradición centralista en la gestión administrativa del Estado.

No está claro, todavía, para el común de los ciudadanos confrontados a participar del próximo referéndum, si las autonomías, más allá de representar el reconocimiento a formas puntuales de participación ciudadana como la indígena, campesina y vecinal, estarán en condiciones de resolver el tema de la ejecución presupuestaria, la dinamización de la producción- al margen de tener condiciones favorables en términos de recursos-y cómo iremos a fortalecer la débil institucionalidad creada por la Ley de Participación Popular para tal efecto. Estas consideraciones continúan siendo invalorables a la hora de establecer un andamiaje conducente a un modelo autonómico, por donde se lo mire.

No es suficiente, por tanto, leer la letra muerta de la Nueva Constitución Política del Estado,  de los mecanismos interpretativos de las autonomías y de los estatutos para los cinco departamentos que van a la consulta, para tener una idea clara de cómo estas irán a funcionar en Bolivia y cómo garantizarán el fortalecimiento de la democracia; el argumento más recurrente a la hora de hablar de sus bondades como modelo alternativo de Estado.

Esto y mucho más se debe debatir en Bolivia, en el marco de una amplia dinámica ciudadana que involucre sistemáticamente a los medios de información para entender cómo es que los potenciales gobiernos autonómicos, sin romper la unidad del Estado y su rol protagónico en el desarrollo nacional, potencializarán el acceso a la información y al conocimiento; y permitirán una mayor participación en el manejo político y el mejoramiento en la prestación de servicios públicos en salud y educación, por ejemplo.

Para evitar que la propuesta autonómica sea planteada en términos periféricos y se mantenga como un conflicto irresuelto entre Gobierno y oposición, sería necesario agotar esfuerzos para que además de la distribución de material informativo; a pocos días de la consulta, se plantee un mayor debate ciudadano en los medios, en las escuelas, en las universidades y en todos los espacios del ámbito público y podamos imaginarla como el instrumento adecuado para el cambio imaginado y/o todo lo contrario. Creo que vale el riesgo.

FUENTE: EL DÍA

AUTORA: VESNA MARINKOVIC

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