La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) escaneará todos los medios de transporte de hidrocarburos contratados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el propósito de transparentar ese proceso y coadyuvar en el desarrollo de las acciones encaminadas contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
El escaneo de cisternas fue pactado mediante un convenio interinstitucional firmado por la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya; el presidente de YPFB, Guillermo Achá, y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.
El Presidente de YPFB explicó que el acuerdo busca transparentar y garantizar el normal tránsito de combustibles desde y hacia Argentina, donde se acusó al empresario José Luis Cejas, contratista de la estatal petrolera, de liderar una organización de transporte de estupefacientes en sus camiones.
"Estas medidas de control son asumidas en busca de garantizar un normal tránsito de combustible desde Argentina hacia Bolivia, y también el tránsito de las cisternas que pueden ir a cargar tanto gasolina como diésel a la Argentina, retornando desde Bolivia", informó Achá.
Por su parte, la Presidenta de la ANB remarcó que el convenio entre instituciones permite afianzar una cadena logística para garantizar la transparencia de las importaciones y exportaciones bolivianas.
Ardaya dijo que el escaneo de cisternas se realizará en coordinación con el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cuyos efectivos analizarán las imágenes e identificarán cualquier tipo de irregularidad en el proceso.
"Esto permite ver con mayor seguridad, tanto las importaciones y las exportaciones. El trabajo que hará la Aduana Nacional es prestar los servicios de los escáner, dada la experiencia que ya tenemos en eso", manifestó.
También señaló que la FELCN generará "perfiles de riesgo" de posibles personas vinculadas al tráfico de sustancias controladas, para derivar esa información a YPFB y tome medidas preventivas.
A su turno, el Viceministro de Seguridad Social y Sustancias Controladas apuntó que el acuerdo demuestra que la lucha contra las drogas es una política de Estado, enfrentado desde la integralidad y participación institucional.
"El objetivo principal del Estado es coadyuvar y hacer un freno al tráfico ilícito de drogas que tanto daño hace al país", añadió.
