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Álvaro Ríos:
el gas natural no será un  sustituto en las áreas rurales

 

El acceso a gas domiciliario, como parte del cambio de la matriz energética en el país, sin duda que ha disminuido las traumáticas colas por gas y ha mejorado el abastecimiento en las familias, sin embargo, persisten desajustes que deben ser encarados por las autoridades competentes. En el presente diálogo, Álvaro Ríos sostiene que esta medida no es una solución estructural y propone que los minoristas se encarguen de la distribución a nivel urbano y rural.

 

Vesna Marinkovic U.

 

1El Gobierno ha informado que para mejorar la distribución de GLP en el país se habilitaran puestos fijos en algunas gasolineras, ¿qué opina usted al respecto?

 

No es una solución estructural para los que menos recursos tienen, ya que trasladarse a una gasolinera para comprar una garrafa supone erogar recursos económicos de ida y vuelta y también tener que cargar una pesada garrafa. Esta solución es parche y no es beneficiosa para la población.

 

2 ¿Qué propondría al respecto y cómo evitar que la venta de garrafas de gas se convierta en un negociado para muchos minoristas?

 

Es mucho más económico que un minorista lleve la garrafa a un cliente hasta su domicilio, promediando costos a nivel urbano y rural, a que un usuario vaya por el producto a una gasolinera u otro punto de distribución. El problema radica en el precio del GLP y en que los márgenes de distribución que se pagan en promedio no son suficientes.

 

Por otro lado, también hay minoristas que han denunciado decomisos ilegales de sus garrafas, ¿cómo resolver estas irregularidades?

 

Al no existir el margen para hacer rentable su negocio, que está regulado, los distribuidores encarecen el producto y por supuesto van en contra de las disposiciones legales por lo que las autoridades van a decomisar las garrafas. El efecto neto es desabastecimiento de las áreas más alejadas y perjuicio para los usuarios y los más necesitados generalmente.

 

PERFIL

Socio director de Gas Energy y Drillinginfo.
Fue ministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Carlos D. Mesa Gisberth y también fue secretario ejecutivo de OLADE.
Colabora permanentemente en varios medios de prensa y participa como conferencista en eventos internacionales.

 

4 ¿Hay un mercado negro de GLP en Bolivia?

 

Por supuesto. Existen dos mercados negros en nuestro país. Uno es el contrabando por la diferencia de precio con los países vecinos que se da en casi todas las fronteras que tiene Bolivia. El GLP en el país está subsidiado. La otra fuente de mercado negro es que se da donde el producto se vende mucho más caro que lo establecido por las leyes y reglamentos, debido a que los distribuidores no tienen el margen suficiente para hacerlo.

 

La universalización de las redes de gas sería una solución a nivel urbano y, ¿en las zonas rurales?

 

Las zonas urbanas se benefician de las redes de gas pero en las áreas rurales el gas natural no llegará a ser un real substituto. Por ende, el GLP continuará siendo el producto más requerido en estas zonas o se tendrá que volver a la leña. Por eso es que se puede apoyar a la universalización del uso del GLP subiendo los precios a todos y así las ciudades pueden hacer que los distribuidores atiendan áreas rurales o alejadas. Una especie de subsidio cruzado donde todos paguen la factura del minorista pero sea el usuario alejado y rural el más beneficiado. Bolivia usa este tipo de subsidios en el sector eléctrico y también de transporte de energía y gas natural.

 

6 ¿Cómo controlar que las conexiones de redes de gas no constituyan en un problema de inseguridad para los usuarios?

 

Las normas técnicas son muy claras y sólo hay que hacer que se cumplan. Muchos países en el mundo tienen redes de gas natural desde hace más de 70 años y son sistemas muy seguros.

 

Los precios de gas natural cuando son muy bajos y las distribuidoras no tienen todos los recursos para atender las concesiones, pueden constituir problemas de seguridad en la operación y mantenimiento. Por ende las distribuidoras de gas deben tener ingresos económicos que le permitan hacer estas operaciones.

 

 

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