El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, encabezó una delegación que viajó a la región donde se prevé concluir las obras de la hidroeléctrica Barro Blanco, cuya construcción registra un 95% de avance, para dialogar con los afectados y buscar una solución que permita la conclusión del proyecto. Con esto, "el presidente pidió a las comunidades que le permitan hacer el daño al 100%" al medio ambiente en la zona, asegura, en conversación con DW, el activista medioambiental Oscar Sogandares.

El diálogo entre gobierno y comunidades continuará este jueves (09.07.2015), aunque representantes de los indígenas afirman que no quieren más diálogo y bloquean desde hace días el acceso a la construcción.

La población indígena que habita las comunidades de Kiad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar, argumenta que no fue consultada en la construcción de la represa que inundará 6,7 hectáreas de las tierras de los Ngöbe Buglé en donde se encuentran una escuela, un templo y seis casas. Más de media docena de municipios a lo largo de las riberas del río Tabasaré resultarán afectados. Unos 5.000 agricultores que dependen del río perderán sus medios de subsistencia.

Banco alemán cofinancia el proyecto. En Alemania el proyecto ha llamado la atención por la participación del banco alemán de desarrollo DEG, filial de la estatal KfW. Junto con el banco holandés de desarrollo FMO, la entidad financia la construcción de la hidroeléctrica desde 2011 con un crédito de US$25 millones a la empresa constructora hondureña Generadora del Itsmo (GENISA). Barro Blanco ha sido registrado bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU, que permite a los países industrializados obtener bonos de carbono, que les permita cumplir las metas de reducciones a las que se han comprometido. El proyecto generará 136 gigawatts de energía eléctrica al año, lo que mejorararía el suministro eléctrico del país.

Oscar Sogandares recuerda que Barro Blanco sucede a varios proyectos que han querido hacerse en el lugar, que han enfrentado la oposición de los pueblos afectados. Tres gobiernos panameños han hecho modificaciones legales para impulsar la hidroeléctrica. Y las consultas con las comunidades, dice Sogandares, han sido amañadas.

"En 2011 los indígenas bloquearon durante 45 días la entrada a la zona. Mediante promesas falsas del gobierno logró que la comisión indígena abandonara el campamento, lo que fue un error, porque diez días después el gobierno decretó la militarización del área para que prosiguiera el proyecto", cuenta el activista.

En febrero de 2012 las protestas dejaron como saldo cinco muertos durante el gobierno de Ricardo Martinelli, cuya gestión es calificada por Sogandares como "nefasta" por el atropello de los derechos de los indígenas.

Reclamo de organizaciones alemanas. El banco DEG instaló un mecanismo de quejas en 2014, que permitió una reclamación formal de los grupos indígenas, misma que fue examinada por un pánel de expertos independientes. “Pero en vez de dar una respuesta coherente al reporte final del pánel de expertos, el banco busca que el proyecto salga adelante, manipulando la situación con el nombramiento de otros representantes indígenas“, afirma por su parte Guadalupe Rodríguez, de la organización Salva la Selva.

Martin Geiger, director del Departamento de Sustentabilidad del banco, señala en conversación con DW la responsabilidad del gobierno de Panamá, que fue quien otorgó la realización del proyecto a GENISA. “Uno parte del supuesto de que el gobierno ha cumplido con su tarea y ha verificado minuciosamente la situación antes de definir el lugar de la construcción del proyecto. En 2009 se nos presentó un documento firmado por la comunidad indígena de la Comarca Ngöbe Buglé, por lo que partimos del supuesto de que todos sus miembros apoyaban el proyecto“. La entidad asegura que el gobierno panameño prometió que la hidroeléctrica entrará en funcionamiento y que mediará entre las partes en conflicto.

Las organizaciones Salva la Selva, Urgewald y Fian, pidieron a DEG que no avive el conflicto amenazando al gobierno panameño con suspender futuras inversiones en Panamá. “Debe ofrecerse una solución que sea aceptable para las personas afectadas“, afirma por su parte Ute Hausmann, de Fian.