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El sector eólico volvió a arremeter contra el Gobierno al que exige "la reforma de la reforma eléctrica" para poder cumplir los objetivos previstos con Europa y potenciar la industria nacional. Todo el sector, que celebra su I Congreso Nacional en Madrid, atacó sin fisuras la reforma calificándola de “injusta, desproporcionada y retroactiva” y pidió una regulación que permita invertir a largo plazo y defina hacia dónde se quiere ir en política energética. Las empresas denunciaron la inseguridad jurídica y reseñaron que de no haber cambio no tendrán otro remedio que la exportación y a la deslocalización de la industria, lo que implica menos inversión y pérdida de empleo.

En ese sentido, la industria eólica considera "insuficientes" los planes del Ministerio de industria en energías renovables para alcanzar los objetivos 20/20 (que en 2020 el 20% de la producción eléctrica sea de origen renovable). Para que se cumplan sería necesario instalar del orden de 6.000 megavatios (MW) y no los 700 MW que programa, de los que 500 serían subastados entre las empresas eólicas.

Según el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall, eso exigiría unas inversiones de 7.000 millones de euros hasta 2020 y supondría crear unos 10.000 empleos. Pero ese esfuerzo solo esfuerzo solo podrá acometerse si se "recupera la confianza" en su actividad. Sobre la citada subasta, López-Tafall indicó que el borrador de decreto para la convocatoria y la planificación energética del Gobierno suponen "los primeros pasos, inciertos, pero en la buena dirección" para que esta tecnología vuelva a ser prioritaria.

Para lograr estos objetivos y ante el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, el presidente de la AEE reclamó, además del restablecimiento de la confianza de las empresas, la "corrección de algunos aspectos de la reforma", entre ellos el referido a la posibilidad de modificar cada seis años la rentabilidad razonable de las instalaciones, lo que "solo aporta incertidumbre innecesaria". En ese sentido, salió a colación, para que no se quedaran críticas en el tintero, a los procesos judiciales abiertos por los inversores contra el Estado español por los recortes que supuso la reforma.

Asimismo, exigió un nuevo plan de energías renovables “que indique el marco regulatorio”, la apertura de los llamados servicios de ajuste a las renovables, medidas para dinamizar el mercado interno para evitar el éxodo, la posibilidad de recuperar las mermas en los ingresos de las plantas cuando las previsiones del precio de mercado de la electricidad no coincida con el resultado final (estas desviaciones redujeron el año pasado en 200 millones los ingresos de la eólica), y un pacto de Estado.

Sin embargo, a juicio de la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, las previsiones se han hecho bajo “una hipótesis razonable sobre lo que creemos que es la demanda de electricidad y potencia que vamos a necesitar". En un informe reciente acerca de la planificación de Industria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pronosticado que la demanda de electricidad aumentará un 1,7% entre 2015 y 2020, por debajo de la previsión del 2,3% prevista por Industria para el periodo comprendido entre 2013 y 2020.

Baquedano adelantó que la convocatoria de la primera subasta será en julio o septiembre. También anunció que Industria ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que elabore una propuesta para que las energías renovables puedan participar también en los llamados servicios de ajuste del sistema eléctrico, de modo que se retiren las "discriminaciones por tipo de tecnología". “Supondrá un mayor número de agentes y redundará en beneficio de la competencia y de la eficiencia económica", explicó.

Por su parte, Arias Cañete evocó las iniciativas que se preparan en Europa para potenciar esta industria tanto para 2020 como para 2030 (previsión de que el 27% de la energía sea renovable)  como la solución para atraer inversiones. El comisario apeló también a la encíclica del papa Francisco, de la que dijo que es "muy oportuna" porque ayudará a conseguir un "acuerdo vinculante".

FUENTE: EL PAÍS