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El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez, con una Resolución, nominó al ciudadano Antonio Tudela Eguez como nuevo director ante el Directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), con asiento en la capital provincial Puerto Suárez.


Tudela, en contacto con EL DEBER, declaró que trabajará intensamente para que 
Mutún sea explotado bajo la modalidad del riesgo compartido y sin discriminación a inversores nacionales y extranjeros. También dijo que buscará ser un puente entre el municipio de Puerto Suárez con la ESM. 

“Queremos que se haga un riesgo compartido entre el Gobierno Municipal y la ESM, vamos a buscar que nuestras regalías sean un poco más del 15%. Queremos darles las condiciones a la ESM para que ellos puedan trabajar con tranquilidad y seamos socios de verdad”, indicó Tudela. 

Añadió que Puerto Suárez aspira a la siderurgia en Mutún, pero mientras tanto se busque a una empresa que se haga cargo de este proyecto, se pretende que se venda el mineral que existe en el yacimiento de hierro. 

“Si tenemos que buscar socios de otros países lo vamos a hacer, eso sí, en coordinación con el Gobierno Municipal, con el departamental y nacional, de manera que todos seamos responsables de Mutún y el desarrollo de la región”, concluyó.

Antecedentes del Mutún

El 18 de julio de 2007, Jindal Steel Bolivia S.A. y la Empresa Siderúrgica del Mutún de Bolivia firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún. En 2012 la Jindal Steel & Power (JSP) decidió dejar el país porque no aceptó las condiciones que el Gobierno le impuso para dar continuidad al contrato para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún. 

En la década del 70 y 80; el Estado mediante la Comibol logró la explotación del Mutún con la producción de concentrados de mineral de hierro, que se exportó a la Argentina con destino a las fundiciones de Somisa y Altos Hornos Zapla de Jujuy, no se industrializó en Bolivia por falta de una política minera de los gobiernos de turno.

FUENTE: EL DEBER