El presente informe abarca puntos medulares de la gestión medioambiental en Bolivia, un paraíso en materia de recursos naturales.

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Deja ver que la demanda creciente de energía, por parte de la emergente clase media del país, que supone necesidades de comodidad y bienestar social, no puede ser marginadas de los planes de cuidados al medio ambiente por su impacto en las emisiones.

A nalizar el estado de la gestión ambiental en Bolivia implica observar un tema crítico que exige mirar principalmente sectores productivos clave como el de los hidrocarburos, la minería, el agrícola, las especies amenazadas y los efectos provocados por el denominado cambio climático.

Algunos estudios tildan a esta gestión de “precaria” y hay consenso en afirmar que no existe institucionalidad ambiental y que es necesario construirla no sólo para lidiar en contra de la irracional exploración de los recursos naturales, la industrialización y las explosión demográfica, sino para mejorar la economía del país.

Esto implica asumir que la problemática medioambiental toca de manera directa la esfera económico productiva y que las gestiones al respecto deben considerar esta situación. Las lecturas y opiniones consideradas en este Dossier, señalan que existe una vinculacion estrecha entre economía y mediobambiente que no puede seguir siendo descartada de la planificación nacional.

Si bien el país no ha dejado de trabajar en la consolidación de normas que permitan una adecuada gestión ambiental, muchas de ellas no se cumplen. En 1988 Bolivia arranca formalmente con la instrumentación de reformas y ajustes institucionales y en 1990 se aprueba la Ley de Defensa Ecológica.

Ese mismo año se promulga el D.S, 22884 de Pausa Ecológica Histórica de 5 años a fin de: a) promover la protección y manejo de las especies y ecosistemas con fines productivos; b) promover el manejo adecuado de bosques con el fin de expandir la actividad maderera; c) mantener la integridad de los ríos y arroyos con fines de conservación; d) fortalecer las instituciones de investigación y enseñanza y; e) fomentar la conciencia ambiental.

BAJO EL ALERO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

A partir de 1990 esta temática adquiere aun más cuerpo y se va posicionando la idea de que no es posible ninguna aventura desarrollista que no cuide y proteja su propia base de recursos naturales, como sostiene Eduardo Gudynas, ecologista uruguayo.

Se afirma que el 38% del territorio nacional sufrirá erosión y que no es apto para la producción agrícola y se destaca que: la explotación legal e ilegal de los recursos naturales estaba contribuyendo al deterioro de los ecosistemas bolivianos, el deterioro de los suelos cultivables estaba impidiendo un crecimiento agropecuario sostenible y; la explotación legal e ilegal de los recursos naturales estaba contribuyendo al deterioro de los ecosistemas bolivianos.

Asimismo, con la aprobación de la Ley 1333 de Medio Ambiente, en junio de 1992, bajo el alero del denominado “desarrollo Sostenible”, se plantea promover un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras y se da paso al desarrollo de un marco institucional y regulatorio, según el estudio de Fundación Milenio denominado “El estado del medio ambiente en Bolivia”.

CON MÁS ÁREAS FORESTALES CERTIFICADAS

Milenio agrega que los sectores en los que se desarrolló un mayor número de instrumentos de gestión y una institucionalidad para atender los temas ambientales son los que han tenido mayor importancia económica en el desarrollo del país: hidrocarburos, minería, industrial y forestal; con importante avance en su normativa que permitió que en 2005 Bolivia llegará a ser uno de los países con más áreas forestales certificadas, alcanzando aproximadamente a 3 millones de hectáreas.

“La Ley 1333 tiene un carácter híbrido en términos de instrumentos de política pública, puesto que incorpora instrumentos de comando y control e introduce en la legislación boliviana los denominados incentivos económicos para modificar los comportamientos y expectativas de los actores”, dice en su análisis de la normativa.

Sin embargo, reconoce que como todo proceso de innovación de política pública tiene debilidades como la no incorporación del sector agrícola pecuario, que a 20 años de la modernización de los aspectos ambientales, no ha modificado en mucho sus políticas, prácticas, métodos y formas de intervención del suelo y cuerpos de agua.

Después de 22 años de ser promulgada, la normativa permite ver que coexiste el riesgo de que su aplicación se diluya en una burocracia ambiental que perjudique los planes de inversión y desarrollo; se limite a ser una apuesta retórica o se reduzca a una cuestión meramente comercial.

Jhon Vargas Vega, ex presidente de YPFB Logística y coautor de la Estrategia Boliviana de los Hidrocarburos, remarca que se debe construir institucionalidad ambiental pero no llegar al extremo de plantear la no intervención como respuesta a la contaminación.

DERECHOS AMBIENTALES EN LA CONSTITUCIÓN

Milenio caracteriza a la década de los años 2000 por un importante avance en la incorporación de los derechos ambientales y socioambientales dentro de la Constitución Política del Estado, hecho que se cataloga como relevante en la gestión ambiental.

“Se elaboran una serie de leyes y normas para efectivizar la participación de los pueblos indígenas en la gestión ambiental, especificando que cuando se trate de proyectos productivos en sus territorios, se procederá a la consulta previa libre e informada antes de otorgar concesiones, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, del convenio 169 de la OIT y de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas”, dice aunque agrega que en la práctica no se ha ejercido este derecho en la totalidad de los casos.

Sin embargo, asegura que hoy, a diferencia de 20 años atrás, los bolivianos están más involucrados en la gestión ambiental, debido a que tienen mayor acceso a información. Con todo, reconoce que aun falta desarrollar una conciencia ambiental para pasar a las fases de sostenibilidad en la gestión.

Según este estudio, la aplicabilidad y sostenibilidad del avance normativo e institucional depende de los recursos que asigna el Estado para cumplir con dicha normativa, aunque expresa cierta reticencia a las potencialidades que podría tener el Estado para solventarla, desde la perspectiva actual que formula una mayor apuesta por la naturaleza, a partir de la nueva Constitución y la Ley de la Madre Tierra; bajo el paraguas estatal.

Milenio sostiene que si bien la gestión ambiental se ejecutó mayormente con recursos de la cooperación internacional, ésta sutilmente obligó a que el Estado incremente su cuota presupuestaria subiendo cada vez más los niveles de contraparte. Sin embargo, refiere que entre 2007 y 2011 la ejecución financiera de la inversión pública en la gestión ambiental bajó y demanda una mayor participación estatal. (Ver tabla 1)

REDUCCIÓN DE LA COOPERACIÓN

A este panorama suma que los flujos de la cooperación internacional para la gestión ambiental y manejo de recursos naturales se han reducido considerablemente a la fecha. La salida de la cooperación holandesa de los últimos años, de la cooperación de Suecia, a partir de 2015 y la reducción de la cartera de financiamiento de las demás agencias de cooperación, serían importantes reducciones de inyección financiera en la gestión ambiental.

Sin embargo, refiere que a partir del comportamiento de la otorgación de licencias ambientales como la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y, entre otros, de los Planes de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA), es posible medir la incorporación de los instrumentos ambientales en la gestión de los diferentes sectores productivos de la economía.

“Si bien éstos aun presentan deficiencias como los instrumentos de evaluación de impacto ambiental y control de la calidad ambiental, su aplicación es un indicador que nos permite afirmar que sí existe una transversalización de la gestión ambiental en los diferentes sectores productivos”, sostiene.

Como dato, señalar que el Banco Mundial acaba de otorgar al gobierno de Evo Morales un financiamiento de 200 millones de dólares para fortalecer el marco legal e institucional para la gestión integral de riesgos climáticos y de desastres, lo que absolvería algunas preocupaciones de dicho estudio.

MAYOR NÚMERO DE LICENCIAS

Milenio señala que examinando el número de licencias otorgadas a distintos sectores, se advierte que las actividades con el mayor número de licencias ambientales son energía, hidrocarburos y minería, precisando que la agropecuaria tiene la menor cantidad de licencias considerando la actividad intensa que desarrolla y que genera un alto impacto sobre el ambiente y la economía. (Ver tabla 2)

Si bien afirma que la trasversalización de la gestión ambiental es un hecho, indica que en sectores clave para la economía y el ambiente, como el de hidrocarburos precisamente, ese proceso es “lento”, y añade que se trata de sectores altamente críticos para la calidad ambiental del país y que la remediación de sus impactos no gestionados adecuadamente son irreversibles.

“Las actividades con mayor regulación son minería e hidrocarburos, a pesar que en minería sólo se tiene las licencias ambientales de los proyectos de la mediana y gran minería y no así todo el universo de cooperativas mineras registradas que alcanzan a más de 1000 en el país y no cuentan con licencia ambiental, estos constituyen otro pasivo económico y ambiental”, dice al destacar que el sector que ha avanzado en la internalización de la gestión ambiental es el transporte .

¿CONTRADICCIONES?

Esta lectura muestra que a pesar de los avances expuestos en la gestión ambiental, los desafíos en Bolivia se acrecientan en la medida que “el país ha reducido la velocidad para atender los problemas ambientales”. Considera que uno de los desafíos es la brecha entre lo que se norma en materia ambiental y las políticas de desarrollo del país. Da el ejemplo de que se postula la protección de la Madre Tierra pero que los incentivos son contrarios a lo postulado y cita el desarrollo de megaproyectos que impactan en el medio ambiente; como es el caso de actividades mineras, energéticas, hidrocarburíferas y camineras en áreas protegidas.

Dentro de esta perspectiva, destaca que otro reto es universalizar la gestión ambiental entre todos los sectores productivos de igual manera y sin excepción; tal sería el caso del agropecuario, del cual se desconocería la magnitud de su impacto sobre el medio ambiente.

“Este descontrol en el uso de los suelos está provocando cambios en los microclimas de las regiones boscosas, modificando el ciclo de lluvias e impactando directamente en el ciclo hidrológico, concluyendo en un deterioro ambiental del entorno en el que se desarrolla la población que habita dentro o cerca de los bosques”, afirma.

PASTIZALES Y DEFORESTACIÓN

Considera que convertir un bosque en un pastizal multiplica por 26,7 veces la cantidad de agua que escurre a los ríos y por 10,8 veces la erosión del suelo y que la ganadería compacta el suelo debido al pisoteo del ganado lo que provoca una mayor escorrentía.
“Otro factor decisivo para la pérdida de bosques es la ganadería de reemplazo que se ha ampliado hacia las áreas boscosas en el norte amazónico del país con una fuerte incidencia en el bosque seco de la Chiquitanía. En 2002 la ganadería intensiva ocupaba más de un millón de Hectáreas en tanto que los niveles de deforestación para expansión ganadera se acercaba a las 42.000 Hectáreas/año”, dice.

Agrega que Bolivia se encuentra entre los 12 países de mayor deforestación, según el estudio publicado por la revista Sciencie, en noviembre de 2013, que sostiene que el país perdió 29.867 km2 de bosques entre los años 2000 y 2012. Con todo, Bolivia cuenta con más del 46 por ciento de su territorio cubierto de bosque lo que exige que se apliquen diferentes niveles de manejo y protección.

Dentro de este enfoque, sostiene que sería tiempo de pensar en un desarrollo del país basado en uno de sus principales potenciales y vocaciones del suelo que es precisamente el bosque ¿para exportarlo?

INCIDENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA

En este contexto afirma que las inundaciones que ocurrieron el 2014 en la Amazonía boliviana y provocaron la muerte de cerca de 60 personas, el desalojo de 68.000 familias por los desbordes de ríos y otros eventos de recurrencia cada vez más acelerada; tienen su explicación en los fenómenos de El Niño y La Niña, en una deforestación creciente y en el desarrollo de infraestructura- vinculada a la hidroléctricidad-que produce cambios en la dinámica hídrica de esta zona.

Hablando de infraestructura, señala que se debe considerar que el río Madera es el mayor afluente del río Amazonas y recibe aguas de cuatro grandes ríos, cada uno con más de 1000 kilómetros de extensión y cuencas que componen un área de drenaje de 903.500 km2, similar a la superficie de Venezuela y casi el doble de España.

“Bolivia ocupa el 80 porciento de esa área”, dice y agrega que en este marco los impactos de las hidroeléctricas brasileñas (Jirau y San Antonio), por captar los torrentes de agua que llegan de Bolivia y estancarlas en las llanuras benianas y pandinas, están agudizando los impactos generados por los fenómenos climáticos.

Propone contrarrestar la deforestación con políticas efectivas por parte de Bolivia y establecer un centro de investigación de la Amazonía que pueda enlazarse con el IMPA de Brasil, para estructurar acciones binacionales orientadas a disminuir los efectos de la deforestación y del cambio climático en territorio nacional a causa de los beneficios energéticos que recibe el país vecino de las aguas bolivianas.

Asimismo, recomienda la elaboración de un estudio ambiental estratégico de la Amazonía para identificar si efectivamente es viable la construcción de represas como las que se pretende edificar en Cachuela Esperanza y en El Bala, en el marco de los planes energéticos del actual gobierno.

HIDROCARBUROS

En cuanto a los sectores extractivos, minería e hidrocarburos, señala que estos están regulados por la gestión ambiental nacional, pero enfrentan desafíos que impiden una gestión eficiente y adecuada a nivel local. Cita que uno de ellos es la consulta previa, libre e informada que se tiene que aplicar previo a la otorgación de una concesión y que a la fecha representa un cuello de botella en el sector.

Al momento se encuentra en plena elaboración la nueva norma de consulta previa que, según Milenio, se espera se enmarque en las leyes internacionales como el Convenio 169 de la OIT y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, asegurando que de lo contrario se convertirá en otro conflicto socioambiental.
Plantea repensar la distribución de la riqueza por la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos, y precisa que esto requiere de una planificación estatal y no de los planes de responsabilidad social o compensación que aplican las empresas, puesto que los mismos serían de corto plazo y no generan el impacto deseado en la calidad de vida de las poblaciones destinatarias.

No deja de observar que en el sector hidrocarburífero uno de los desafíos de la gestión ambiental es el desarrollo de proyectos en áreas de alta conservación de la biodiversidad y de importantes fuentes de agua, caso del campo Liquimuni y/o de proyectos en las áreas protegidas de Madidi, Pilón Lajas y actividad hidrocarburífera en el Parque Aguarague. Sostiene que si bien estos proyectos cuentan con medidas de mitigación, no son suficientes al encontrarse en sitios de alta fragilidad ambiental o importantes reservorios de agua dulce.

En Santa Cruz serían los ingenios azucareros los que más contaminan”.

Ello le permite decir que, “por un lado se protege a la Madre Tierra y por el otro se la vulnera”. Desde este punto de vista, observa que esto lleva al país a una incoherencia en la gestión de los recursos naturales, que decanta en un pérdida de recursos financieros y humanos que por más de 20 años han apostado a la conservación del área protegida.

Cita como otro desafío del sector hidrocarburífero la negociación de compensaciones por impactos ambientales que ha ido creciendo y desbordando las capacidades institucionales para llevarla adelante.

“Desde este punto de vista, la ventaja comparativa que tiene el sector hidrocarburífero con respecto al minero es que cuenta con un grupo homogéneo de empresas para regularlas incluyendo a la empresa estatal YPFB, lo que puede generar un escenario propicio para desarrollar el instrumental que falta y mejorar su gestión ambiental”, afirma.

En cambio, refiere que en el sector minero, la heterogeneidad de actores, es decir de productores, dificulta el manejo de la gestión ambiental. Asegura que la coexistencia de empresas grandes, pequeñas y cooperativas produce una asimetría en el manejo de la normativa ambiental.

MINERÍA

El estudio de Milenio reconoce que el sector minero cuenta con un “legado histórico” en materia de contaminación ambiental que aun no ha sido resuelto, asegurando que nadie se hace responsable de su manejo.

“Se acaba de aprobar la nueva ley minera que tiene serias contradicciones con la Ley de la Madre Tierra, “Se acaba de aprobar la nueva ley minera que tiene serias contradicciones con la Ley de la Madre Tierra, principalmente en lo referente a la explotación de recursos mineros en áreas protegidas y glaciares y al uso de los recursos naturales por parte de los concesionarios mineros”, indica y agrega que no se ha subsanado el vacío referido a la regulación de los planes de cierre de minas, con el objetivo de eliminar los pasivos ambientales que vayan a sumarse a los ya existentes.

Sugiere que “un aspecto fundamental a regular es la actividad de las cooperativas y la minería pequeña que es la que más contamina. El desafío del sector es involucrar en la gestión ambiental a todos los actores mineros”.

Al momento de concluir este Informe, el balance del consumo interno (incluyendo la industrialización del gas) da que dos tercios son para el mercado externo y sin valor agregado, manteniendo una situación de “desequilibrio”, como señalaba Inchauste en su análisis de 2010 cuando afirmaba que casi el 85% está dedicado a la exportación hacia Argentina y Brasil, y que el resto es para el consumo interno y la industrialización del gas (entre 1,5 y 2 millones de metros cúbicos al día para las termoeléctricas).

DESAFIOS ESTRUCTURALES

El estudio sobre “El estado del medio ambiente en Bolivia”, afirma que el sector energético tiene desafíos estructurales y ambientales de magnitud, asegurando que esto se notará con mayor fuerza en los próximos años debido al desarrollo de mega proyectos que tiene el Gobierno en su cartera de inversiones, como por ejemplo la represa de El Bala, para lo cual sería vital el desarrollo de una normativa ambiental específica para este sector.

“La capacidad de abastecer a la población boliviana y al sector industrial está en un nivel de riesgo, por lo que se pretende desarrollar nuevas fuentes de energía que puedan tener un alto costo para el medio ambiente si no se consideran medidas preventivas y se regula el sector”, refiere.

CARRETERAS

En este mismo orden, hace notar que la infraestructura caminera es otro de los sectores que genera impactos irreversibles en el medio ambiente debido a que, entre otros factores, corta los cursos naturales de agua. Recomienda que la planificación de las nuevas carreteras considere los aspectos ambientales necesarios en el mismo nivel que los aspectos económicos y sociales.

Indica que el sector cuenta con una normativa específica que requiere ser complementada de tal forma que no se deje a la discrecionalidad de los funcionarios de turno la aplicación de las normas. Un tema que, sin duda, muestra la importancia de los protocolos pero también la urgencia de desburocratizar la gestión medioambiental.

INDUSTRIA

La industria es, desde la perspectiva ofrecida por Milenio, otro de los sectores que contamina y lo haría directamente en las áreas urbanas, dejando pasivos ambientales como en el río Choqueyapu en La Paz o en el río Rocha en Cochabamba.

En Santa Cruz serían los ingenios azucareros los que más contaminan. En muchos casos se habría identificado que no cuentan con ningún tipo de tratamiento de los efluentes líquidos y menos aun con lagunas de oxidación, lo cual da lugar a la disposición de los desechos sobre cursos de agua cercanos.

El crecimiento del parque automotor que contamina las ciudades en Bolivia, es otra urgencia considerada en el estudio. Entre 2006 y 2012 este se habría incrementado en aproximadamente 100 por ciento, presentando niveles de contaminación a la altura de urbes como Santiago y ciudad de México.

En otro orden, llama la atención respecto a la paradoja de que las áreas destinadas a conservar valores ambientales relevantes, como las áreas protegidas, son las que actualmente tienen impactos negativos importantes en sus ecosistemas y remarca que las áreas protegidas representa el 17 por ciento de la superficie del territorio nacional.

CAMBIO CLIMÁTICO

La alta vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático, es otro tema que requiere atención. Las perdidas debido a eventos extremos de los últimos años asciende a US$ 700 millones por año, como consecuencia de sequías e inundaciones en un área aproximadamente de 250.000 kilómetros, esta superficie equivale a la quinta parte del territorio nacional y no se dispone de institucionalidad necesaria para enfrentarla.

Las políticas sobre el cambio climático deben estar ligadas a las políticas de desarrollo...”

“Las políticas sobre el cambio climático deben estar ligadas a las políticas de desarrollo de un país, debido a que las consecuencias o efectos del cambio climático castigan cada año sus capacidades de desarrollo”, dice el mencionado estudio y agrega que esto debe ser resuelto en la esfera económico productiva.

Este planteamiento sin duda que aborda la demanda creciente de energía, servicios básicos y, entre otros, alimentación de la creciente clase media del país que, dentro del patrón de consumo vigente, exige cada vez nuevas necesidades acopladas a conceptos de comodidad y bienestar social y que sin duda deben comenzar a ser consideradas en los planes de cuidados al medio ambiente por su impacto en las emisiones.

RECURSOS HÍDRICOS

Respecto al estado de los recursos hídricos, Bolivia es considerada como uno de los países con mayor cantidad de agua dulce. Sin embargo, la disponibilidad y la calidad de agua es un aspecto crítico en los últimos años y las regiones más afectadas son las tierras altas y el Chaco, debido al calentamiento global que ocasionó el retroceso de los glaciares (caso Chacaltaya) y reservas de hielo.

El acceso al agua se ha visto afectado por la contaminación que experimentan diferentes cuerpos de agua producto de actividades mineras, industriales y por el uso indiscriminado de agroquímicos y pesticidas, y se afirma que “no existe ninguna regulación que sirva de referente “.

La contaminación minera data desde la Colonia y afecta principalmente a los ríos y cuencas de la parte alta de Bolivia, siendo Oruro y Potosí los más afectados y últimamente las tierras bajas debido al desarrollo de operaciones mineras impulsadas por el alto precio del oro.

Según el estudio citado, otros contaminantes de agua dulce son los plaguicidas y pesticidas del sector agrícola. De 188 toneladas de pesticidas que se utilizaban en la década de los ´70 actualmente se emplean más de 12.000 toneladas, muchas de las cuales, están prohibidas de ser usadas en otros países y recomienda la elaboración de un estado de situación del recurso hídrico.

El estudio recomienda asumir y en otros casos completar la normativa e institucionalidad ambientales y comprender que el cambio climático no es un problema ambiental y menos coyuntural sino que constituye un problema de carácter estructural que afecta directamente al desarrollo del país. Considera que esto es fundamental para replantear la planificación y desarrollo del país y equilibrar su dependencia de recursos mineros e hidrocarburíferos, considerando que se tiene riqueza en biodiversidad, bosques y recursos hídricos.

A esto, se suma la visión de Jhon Vargas Vega que, como primera medida para encarar un cambio en la gestión del medio ambiente en Bolivia, plantea cambiar la Ley 1333, asegurando que ésta “es casi un esqueleto” y que no hay autoridad ambiental. Agrega que ya no es compatible el discurso a favor del medio ambiente solamente desde la reducción de sus impactos que avalaría el extremo de la no intervención de los recursos naturales.

Señala que “las posiciones no extractivistas más radicales apuntan a no utilizar los recursos naturales o a cuestionar proyectos del sector energético que por primera vez se están encarando en el país; mientras los otros dicen que hay que cuidar el medio ambiente con mucha moderación pero no dicen cómo”.

Reafirma que en Bolivia los pasivos ambientales “son brutales”. Precisa que en el sector hidrocarburífero estos vienen desde las actividades de la Standar Oil y que no estarían resueltos, pese a los procesos de nacionalización del sector.

“YPFB Corporación, como nueva empresa estatal, es heredera de estos pasivos ambientales y tiene la obligación de resolverlos”, dijo a tiempo de reconocer que, sin embargo, la tónica de muchas instituciones va por atender la generación de nuevos pasivos ambientales, vinculada solamente al discurso del cambio climático.

Sostiene que al momento si bien han surgido nuevos actores como son los pueblos y parcialmente las comunidades indígenas, en defensa del medio ambiente, la tendencia estaría más abocada al cobro de la compensación por los impactos ambientales generando una especie de “cambios aparentes” pero que no logran incidir en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de estas personas.

¿Cuál es la nueva institucionalidad ambiental, desde el punto de vista conceptual que requiere el país?, ¿cuál es la normativa que debería prevalecer? ¿ cuáles son las autoridades ambientales y socioambientales que deberían estar instituidas en Bolivia, derivadas de la Nueva Constitución?, estas preguntas siguen siendo parte de una agenda de respuestas inconclusa. Como corolario, la articulación de instancias permanentes de planificación de políticas de Estado, que no es lo mismo que las conclusiones de apresurados debates orquestados al calor de cumbres esporádicas, siguen siendo una necesidad, para operativizar la gestión ambiental a nivel de los proyectos productivos en Bolivia y resolver las posibilidades de conflicto socioambiental, con menos probabilidad de error.