Dado que en Bolivia los plaguicidas e insecticidas organofosforados, que pertenecen a un grupo de compuestos altamente tóxicos, son utilizados de manera rutinaria y hasta discrecional en actividades agrícolas y en la fumigación de residencias, hoteles y hospitales, etc., etc., es importante que exista un ente de referencia encargado de su monitoreo o control puesto que es frecuente el caso de intoxicaciones que incluso derivan en muerte y que no son reportados, en vinculación a estos productos. En Colombia cumple este rol el Ministerio de la Protección Social encargado de reglamentar todo lo relacionado con estos compuestos, entre ellos, su grado de toxicidad.

Los compuestos organofosforados son un grupo de químicos utilizados como plaguicidas artificiales para el control de plagas e insectos y si bien tienen un gran número de aplicaciones y utilidades en la agricultura, la industria y la fumigación; un manejo irresponsable de los mismos puede ocasionar en muchos casos accidentes fatales por lo que es urgente contar con una institucionalidad que reglamente el uso de estas sustancias tóxicas para el medio ambiente y para los seres humanos en particular.

Según reportes de la OMS, cada año a nivel mundial existe alrededor de un millón de intoxicaciones accidentales y dos millones de intoxicaciones provocadas (suicidios) con insecticidas, de las cuales 200.000 terminan en muerte, certificando que se ha constituido en un problema de salud pública que es urgente combatir.

Se sabe que en varios países incluso de la región se está poniendo especial énfasis en el manejo y gestión de estos productos estableciendo normas para su envasado, empaque, uso y desecho, a través de bandas distintivas que señalan se trata de un elemento tóxico y disponiendo lugares donde deben ser depositados luego de ser aplicados.

En Bolivia si bien hay una normativa general al respecto, la misma no está adecuadamente aplicada y menos socializada, pese a que en aquellos departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando estos productos son utilizados para combatir todo tipo de plagas y serían una de las causas de muerte silenciosa que no es tomada en cuenta en los registros de salubridad y medio ambiente con el rigor necesario.

Todavía es difícil sino imposible, encontrar empresas que ofrezcan previamente una información adecuada, seria y confiable sobre los compuestos químicos de los productos que ofrecen, por ejemplo, para combatir a las termitas, y proporcionen un registro del producto a ser utilizado y su dosificación como respaldo a posibles intoxicaciones por inhalación. Es decir, es un misterio el producto que utilizan y también sus consecuencias.

No se sabe o no se puede saber tampoco si el personal empleado en este tipo de servicios tiene algún tipo de licencia y preparación para el manipuleo de los químicos y su dosificación y aplicación o si son simplemente suicidas. Ergo, una sesión de fumigación puede convertirse en algunos casos en una situación altamente peligrosa tanto para el que aplica el producto como para los que habitan el sitio en cuestión.

Consiguientemente, las autoridades de gobierno, los nuevos gobiernos municipales, nominados como la instancia más cercana a la población, están obligados a presentar y socializar un plan para el control estricto a todas las empresas que a la fecha prestan este tipo de servicios a una población que, hasta el momento, recibe sus productos con los ojos vendados.

FUENTE: EL DÍA

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UTORA: VESNA MARINKOVIC