El Banco Mundial acaba de otorgar al gobierno de Evo Morales un financiamiento de 200 millones de dólares para fortalecer el marco legal e institucional para la gestión integral de riesgos climáticos y de desastres, en un país donde se ha llegado a afirmar que “la Ley 1333 de medio ambiente es casi un esqueleto” y que no hay autoridad ambiental.

En efecto, hace poco menos de un año un selecto grupo de ambientalistas realizó estas afirmaciones y señaló, además, que en Bolivia es necesario fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente, crear nuevas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental, a tiempo de revisar la gestión del Tribunal Ambiental, con el objetivo de promover una institucionalidad que aporte al desarrollo nacional.

Viviana Tomelic, ambientalista,  y docente de la carrera de Gestión en Turismo de la UAGRM sostuvo que “el ciudadano promedio no sabe y tampoco vamos a decir que se interesa por estos temas”, en una clara alusión al estado frágil de la gestión ambiental en Bolivia, a tiempo que Jhon Vargas Vega, expresidente de YPFB Logística, sostenía que era necesario cambiar la Ley 1333.

Vargas acotó que los pasivos ambientales en Bolivia “son brutales”, y dijo que era urgente construir una nueva institucionalidad que observe temas como la depredación de los suelos, el monitoreo de cultivos y la deforestación, entre otros, a partir de auditorías ambientales. Cerró el círculo de sus afirmaciones bajo el criterio de que no hay en el país una adecuada institucionalidad ambiental.

Se refería a una institucionalidad que, por ejemplo, permita apuntalar la formación de recursos humanos, infraestructura y regule la situación de la extracción de materias primas, la industrialización, la contaminación y la explosión demográfica, como causas principales que afectan el equilibrio del medio ambiente.

Por tanto, conocer que el Banco Mundial ha decidido apuntalar el fortalecimiento de la gestión ambiental, no deja de ser una buena noticia para Bolivia que irrumpe en el imaginario europeo como una colonia de España poseedora de la mayor riqueza argentífera descubierta hasta entonces, allá por el año 1541; y que a la fecha se mantiene como un país rico en recursos naturales pero con desafíos pendientes dirigidos a encarar las consecuencias de los impactos ambientales de su permanente actividad extractiva.

La normativa e institucionalidad ambiental vigente en el país, data de hace dos décadas aproximadamente, y nace en respuesta a los desafíos que empezaba a demandar el denominado cambio climático y que se consolidan a partir de la Cumbre de la Tierra o Río 92, que da lugar a la aprobación de la Ley 1333 en el país.

Pese a  ello, importantes ecosistemas  ricos en biodiversidad en distintas zonas del país  presentan serios impactos ambientales que, además, terminan afectando la calidad de vida de los habitantes de dichas regiones. Consiguientemente, es de esperar que este importante crédito del Banco Mundial, permita organizar eficientemente la gestión de Riesgo de Desastres y el cuidado al medio ambiente.

Los graves daños ocasionados por las inundaciones en el Beni el año 2014, son todavía un recuerdo desagradable que demandan acciones integrales para que no se reediten anualmente. Da la impresión de que la cuestión que tienen que resolver los empresarios y los actores políticos y comunitarios, es cómo aprender a construir una gestión integral a favor del medio ambiente que, sin duda, contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas, la flora y la fauna y tendrá incidencia positiva en la propia economía.

FUENTE: EL DÍA

AUTORA: VESNA MARINKOVIC