El sector privado demanda mayor atención del Estado para participar en la generación de electricidad, vía las energías alternativas como el bagaso de caña, es una de las conclusiones de un nuevo coloquio promovido por ENERGÍABolivia.

Los participantes se enfocaron en la importancia de diversificar la matriz energética en Bolivia, puesto que ello tendría efectos de orden económico y podría apuntalar el potencial de crecimiento en el país.

P atricia Hurtado, gerente de Estudios y Proyectos de la CAINCO comenzó el diálogo situando el tema de la generación de electricidad, en el contexto de la evolución de la matriz energética boliviana y su situación al presente.

Observó que “el tema desafiante” es la composición actual de la matriz e identificar cuáles son los retos para el desarrollo de la energía en el país y particularmente de las renovables.

“Nosotros, como representantes del sector industrial, tenemos el interés de que la biomasa ingrese con una mayor participación en la matriz energética nacional. En este momento estamos con una participación minoritaria que es sólo a través de Guabirá, pero creemos que toda la industria, azucarera principalmente, tiene la capacidad de inyectar energía al Sistema Interconectado Nacional”.

Pablo Mendieta, jefe del Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), dependiente de CAINCO, señaló la necesidad de tomar en cuenta que “la generación hidroeléctrica y la térmica tienen distinto impacto en el Producto Interno Bruto”.

Es más, dijo que en varios países, cuando la generación térmica es mayor, el aporte al PIB puede ser menor. En esa línea precisó que el cambiar la matriz energética también implica efectos de orden económico, en cuanto al potencial de crecimiento.

PRECIOS Y NORMATIVA

Por su parte, Sergio Arnez, jefe de Guabirá Energía, expresó que “en Bolivia hay muchos recursos para energías renovables dispersos por todo el país. Están al alcance de nosotros y pueden ser desarrollados en el corto plazo. El problema es que este tipo de iniciativas requieren un precio mayor al que actualmente paga el mercado eléctrico mayorista, en este caso el SIN, o el que permite la normativa en general, hablando de los sistemas aislados”.

Dijo que históricamente, el principal escollo ha sido la falta de normativa adecuada para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Hurtado remarcó que actualmente la matriz energética, en lo referido a electricidad, tiene como base la termoeléctrica y se alimenta básicamente de gas y diésel en un 70% y que en este escenario el 29% viene de las hidroeléctricas y sólo el 1% es biomasa.

Coincidió con Arnéz en que el impedimento para un mayor desarrollo de esta alternativa renovable es el marco normativo. Dijo que se requiere una legislación que incentive al auto productor a realizar inversiones para que se convierta en una opción.

Agregó que es ineludible considerar modificaciones en la Ley de Electricidad, generando un capítulo específico sobre energías alternativas, promoviendo y dando seguridad jurídica a las inversiones como ocurre en países como Brasil y Ecuador.

Anotó que en todos los países hay incentivos a las renovables porque se trata de una energía que genera empleo, que es limpia y amigable con el medio ambiente.

INVERSIONES

A tiempo de señalar que actualmente Guabirá aporta con 20MW al Sisttema Interconectado Nacioal (SIN), Hurtado recordó que hace un par de años atrás se calculó que toda la industria azucarera podría aportar 290 MW. Sostuvo que esta ya es una cifra interesante que podría tener incidencia en la matriz energética a partir de la biomasa.

“En ese momento se estimó que esto requeriría una inversión de 300 millones de dólares con un importante impacto en la generación de empleos”, dijo al señalar que se estaba hablando de por lo menos 5 mil fuentes de trabajo directas.

Acotó que esta iniciatia también implicaría la disminución del consumo de gas natural para la generación de electricidad, quedando un excedente libre para que YPFB lo pueda vender en el exterior a mejores precios, incidiendo favorablemente en el SIN y en el conjunto de la economía nacional.

Pablo Mendieta buscó poner las cosas en perspectiva y para ello se refirió al proyecto Rositas, estimando que este generaría alrededor de 400 MW frente a los 290 MW que generaría el sector azucarero en base a la biomasa. Dijo que ello implicaría hablar de un potencial, en el caso de la biomasa, importante en relación a todo el esquema de generación.

Para él es necesario poner todo esto en un contexto de eficiencia energética, precisando que en todos los países se están haciendo esfuerzos por no desperdiciar ninguna fuente de energía, ya sea el bagazo de la caña de azúcar o la cascarilla del grano de soya. Remacó que la tendencia va hacia tratar de utilizar el total de la potencialidad disponible.

LA INDUSTRIA AZUCARERA

Arnez reflexionó sobre la relevancia que tiene el precio en relación a la posibilidad de incrementar la participación de las energías renovables.

Apuntó que “en el cortísimo plazo, la industria azucarera en Santa Cruz tiene alrededor de 100 MW en proyectos en carpeta. Es decir, que ya están estudiados, incluso algunos contaban con financiamiento, como el caso de UNAGRO con un potencial de 30 MW. El problema que tiene el Gobierno es que cuando escucha que las energías renovables requieren un precio mayor, inmediatamente piensa que para cubrir esto se necesita un alza de tarifas al consumidor final. Esto es entendible, nadie quiere elevar las mismas”.

Sin embargo, acotó que lo que debe diferenciar el Gobierno es que no es lo mismo incrementar una tarifa en un 10% que hacerlo en un 1%. Considera que se debe analizar un alza de tarifa que no signifique un impacto sensible para el consumidor final, de modo tal que se pueda recaudar los recursos necesarios para ese tipo de proyectos.

Dijo que si se calcula un incremento de un 5% anual a la tarifa, esto no va ser perceptible y que de esa forma se podría logar recaudar lo suficiente como para pagar más de 100 MW adicionales al año de energía renovable.

“Las autoridades y también las distribuidoras, tienen que analizar hasta cuánto se puede subir anualmente sin causar revuelo en el consumidor final, pero permitiendo el emprendimiento de este tipo de proyectos”, dijo agregando que de todos modos es necesario hacer un ajuste tarifario en el país.

“La energía eléctrica en Bolivia tiene un precio bajo y el consumidor no ahorra cuando le regalan las cosas, sólo lo hace cuando ve el valor real de lo que utiliza. Subir un poco las tarifas puede ayudar a lograr una mayor eficiencia energética entre los consumidores”, dijo Arnéz.

ELECTRICIDAD Y PETRÓLEO

Sin embargo, Arnez dijo que el tema del precio no se circunscribe a lo que ocurre al interior del sector eléctrico, sino que también se ve afectado por la evolución que tiene el petróleo.

Al respecto, Patricia Hurtado observó que “en el tema de los biocombustibles, con un precio tan bajo del crudo, como el que se tiene al presente, este tipo de proyectos se quedan en el congelador. Los biocombustibles nacen en un momento en el que el precio de los hidrocarburos está alto y esto justifica la generación de otras alternativas. Hoy en día, con un precio tan bajo del petróleo, las mismas no resultan tan atractivas”.

Prosiguió indicando que “en el tema del gas, deberíamos tener una política de priorización para su uso.

Considera que se tendría que procurar encontrar los mejores precios para incrementar los ingresos del país y generar otras alternativas que optimicen su utilización.

En este marco refirió que debido a ello se observa en el uso del bagazo de caña una fuente muy interesante de ahorro de gas natural para el país y sobre todo de generación de recursos.

“...los 100 megavatios que el sector privado tiene en carpeta requieren simplemente de un mejor precio”.

EL HORIZONTE ENERGÉTICO

En lo que hace a los planes concretos que se tiene desde el Estado respecto a la generación de energía, Patricia Hurtado señaló que “en los planes del Gobierno está el incrementar la participación de la biomasa, pero vemos una priorización de este hacia San Buenaventura, que es una industria azucarera estatal. Ahí hay una inversión importante para generar 10 MW con biomasa, de alrededor de 10 millones de dólares. En este sentido, lo que el sector privado pide es igualdad de condiciones”.

Mendieta retomó la reflexión sobre la matriz energética, precisando que “existe la visión de largo plazo de lograr un 70 por ciento de generación hidroeléctrica hacia 2025, pero ahí el tema son las acciones para llegar a ese horizonte. Se necesita comenzar a caminar pronto”.

“Tomemos como ejemplo a Rositas, que es un proyecto que además del componente hidroeléctrico también contempla riego y otros, que sin embargo no ha arrancado. Entonces ahí vemos que está la intención pero no la acción. Hay que comenzar a realizar las tareas necesarias para que se haga realidad ese horizonte de llegar a un 70 por ciento de generación hidroeléctrica”, anotó.

INCONSISTENCIAS

“Ahora bien, el plan eléctrico nacional tiene inconsistencias importantes. Entre ellas está el hecho de que sólo contempla los proyectos estatales en cuanto a generación, no toma en cuenta al sector privado. Esta es una falencia importante que debe ser subsanada porque la demanda de energía hacia 2025 está subvalorada”, dijo en consonancia con Hurtado.

En esa misma dirección, Sergio Arnez analizó casos concretos y expresó que para poder inyectar los 10 MW que generaría el ingenio de San Buenaventura al SIN, ENDE tendrá que construir una línea de transmisión de 120 kilómetros, con una inversión estimada de 18 millones de dólares.

En contrapartida dijo que si se hace una línea de 60 kilómetros de largo, a menos de la mitad que en el caso de San Buenaventura, se puede viabilizar los proyectos de UNAGRO y AGUAÍ, donde cada uno tiene 30 MW.

Precisó que: “esa inversión de 60 kilómetros de línea requiere una menor inversión para integrar además una mucho mayor capacidad que la del ingenio azucarero estatal. Este tipo de situaciones son las que deben ser mejoradas. No se está viendo el conjunto de los recursos disponibles y qué es lo que hay que hacer para aprovecharlos. El Gobierno está priorizando los proyectos que el Estado puede realizar por sí mismo, dejando de lado los aportes que puede realizar el sector privado”.

Sobre el mismo tema Hurtado precisó que los 60 megas de incorporación al SIN vía la biomasa provienen solamente de Guabirá y Unagro pero que si se hace un levantamiento de toda la industria y se incorpora tambien a San Aurelio y la Bélgica, reiteró que se estaría hablando de un aporte de hasta 290 MW al Sistema Interconectado Nacional.

LOS CUELLOS DE BOTELLA

El diagnóstico sobre la situación actual y los desafíos inmediatos quedó bastante claro con las participaciones de los tres invitados al coloquio. Quedaba entonces una preguntar por formular, ¿dónde atora el asunto? ¿Qué se requiere para avanzar? Sergio Arnéz fue rápido y preciso en afirmar que “los 100 megavatios que el sector privado tiene en carpeta requieren simplemente de un mejor precio, que puede ser alcanzado con una normativa que permita una mejor recaudación desde el mismo mercado eléctrico, e inversiones del Estado en líneas de transmisión relativamente cortas”.

A su vez, Patricia Hurtado redondeó la idea concluyendo que “se necesitan dos cosas puntuales: la línea de transmisión que debe financiar ENDE y que cuesta seis millones de dólares, además de que se debe comprar a los autogeneradores la hora de mega a un precio que justifique las inversiones. Pidió entender que la generación de energía no es sólo un tema de infraestructura y que se requiere maquinarias, calderas y toda una serie de cosas que implican la introducción de un nuevo proceso. El precio que se le va a pagar a la industria, debe hacer económicamente viables las inversiones necesarias.

En síntesis, el sector privado pide ser parte de los planes estratégicos del Estado. En esta línea, recibir el aporte estatal en la construccion de infraestructura para las líneas de transmisión y una normativa que posibilite un precio razonable. Sin embargo, aclararon que no estaban hablando de un subsidio a las energías alternativas como el bagaso de caña, incidiendo en que lo que actualmente está subvencionado es el precio del gas que torna inviable cualquier proyecto alternativo en el sector eléctrico nacional.