"Esta sería la mejor respuesta para reactivar el empleo, el consumo y garantizar la seguridad energética del país", asegura. Así lo propone García Breva en su último informe –“Estrategias para financiar la rehabilitación de edificios”–, presentado ayer en Madrid y en el que el experto recuerda que el Acuerdo de Asociación España-UE establece como prioridad reducir el consumo de energía en edificios y empresas.

El Acuerdo comprende fondos estructurales y de inversión destinados a España por un total de 36.900 millones de euros en siete años. Con la prioridad de reducir el consumo de energía en edificios y empresas, el 22% se dedicará a la lucha contra el cambio climático. Como consecuencia, los programas destinados a una economía baja en carbono y eficiencia de los recursos suman más de 10.400 M€. El 5% del FEDER se invertirá en acciones de desarrollo urbano sostenible integrado.

“La rehabilitación energética es una ventaja competitiva” afirma Javier García Breva. “El ahorro de energía protege a los consumidores de la volatilidad de los precios energéticos, de la incertidumbre asociada a la dependencia de los combustibles fósiles y la contaminación ambiental, y, lo más importante, representa una revaloración de los edificios durante toda su vida útil”.

Cuantificar los beneficios económicos Recientes informes internacionales y de la Comisión Europea coinciden en la necesidad de cuantificar los beneficios económicos de la rehabilitación por parte de las ddministraciones públicas, que deben establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. En este sentido, JGB señaló que la CE ha recomendado una tasa de rehabilitación mínima del 2% anual de todo el parque y para los edificios públicos la Directiva de eficiencia energética obliga a rehabilitar el 3%, duplicándose la inversión en eficiencia energética hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 2023.

Los escenarios más prudentes plantean objetivos anuales entre 300.000 y 500.000 viviendas rehabilitadas. La conclusión es obvia: “la seguridad de las inversiones precisa de una planificación vinculante de objetivos”, explica García Breva en su nuevo informe.

De acuerdo con el experto, un sistema de obligaciones a través del ahorro del 1,5% de las ventas anuales de energía, medidas alternativas (impuestos al CO2, incentivos fiscales, estándares de eficiencia e instrumentos financieros), la colaboración público-privada con las entidades financieras y la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética son los mecanismos de financiación previstos en la Directiva que deben implantarse en cumplimiento de las normas europeas, sin que impliquen costes a los consumidores.

"La caída del precio del petróleo no debe hacernos olvidar el problema de la dependencia energética. Los bajos precios del crudo podrían convertirse en un incentivo para recuperar la inversión en nuestra economía a trav?s de estímulos a la demanda de rehabilitación energética de viviendas, edificios y ciudades. Esta sería la mejor respuesta para reactivar el empleo, el consumo y garantizar la seguridad energ?tica del país", concluye García Breva.