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El gran desafío de Morales: atraer
inversión para encontrar gas (*)

 

En la visión del analista y escritor Fernando Molina, el gobierno boliviano está en la necesidad de atraer inversiones para la exploración de hidrocarbros, una labor que no parece ser sencilla aunque tampoco nada novedosa dentro del análisis del sector.

 

Fernando Molina (**)

 

Evo Morales ganó su tercer mandato gracias al éxito de un modelo económico basado sustancialmente en la exportación de materias primas a unos mercados ávidos de ellas y por tanto dispuestos a comprarlas a precios récord. Por esas cosas de la vida, que nunca quiere mostrarnos un rostro completamente auspicioso, la noticia del triunfo de Morales coincide con la novedad, proveniente de los mercados mencionados, sobre cierta caída, todavía no muy aguda, de dichos precios, a consecuencia de la ralentización de la economía china y las dificultades de las economías desarrolladas para salir de la crisis que las agobia desde 2008.

 

Las perspectivas que estos hechos abren nos son desconocidas. Las autoridades se apresuraron a tranquilizar al público: los efectos de la leve caída del precio del barril de petróleo no afectarán de inmediato las previsiones de ingresos gasíferos han dicho, pues este valor sólo sirve como referencia de largo plazo en el cálculo del precio de venta del gas boliviano a Brasil y Argentina. Por otra parte, se supone que el precio del petróleo no caerá excesivamente en ningún momento del futuro. El descenso de los precios mineros también ha sido entusiastamente menospreciado por los pequeños productores de las “cooperativas” que practican una suerte de “minería de subsistencia”; el estaño se encuentra en algo más de 8 dólares la libra fina (luego de haber estado en algo más de 12) y, según las “cooperativas”, 6 dólares por libra es un precio suficiente para que funcionen con cierta rentabilidad. Sin embargo, las empresas mineras estatales, cuyos gastos de producción son mayores, no pueden decir tanto como eso.

 

 

En todo caso, la principal amenaza para el modelo económico “evista” sigue siendo la dificultad de reponer las reservas gasíferas del país, ya que esta operación requiere ingentes inversiones de las empresas petroleras extranjeras, escaldadas con la nacionalización y actualmente poco interesadas en invertir en la riesgosa actividad de exploración de nuevos yacimientos bajo el mismo esquema impositivo que se aplica a su trabajo en los yacimientos ya descubiertos.

 

El desafío gasífero del tercer mandato de Morales puede expresarse pormenorizadamente en 13 puntos.

 

1. Cuánto gas hay. Las reservas probadas son de 10,4 trillones de pies cúbicos (TCF). Esto, con la demanda actual, se agotará en diez años más (reconocido por el Presidente: “alcanza –dijo Morales el 22 de julio– hasta 2025”).

 

2. El debate sobre las reservas. La medición de las reservas es objeto de debate político, porque se basa en información de las empresas productoras y en estudios de campo, los cuales necesariamente son parciales. No es como calcular el saldo de una cuenta de banco.

 

3. Durante este gobierno casi no se ha encontrado gas. Aunque la información del sector no es transparente, se puede decir que, de las reservas actuales (10,4 TCF), el 80% se descubrió antes de 2006. Este porcentaje se encuentra en los “megacampos” de San Alberto, Itaú, Sábalo y Margarita, todos previos al gobierno de Morales.

 

4. Bolivia necesita encontrar más gas. “Si Bolivia no incrementa seriamente sus inversiones no podrá sostener su nivel actual de exportaciones al Brasil y Argentina en el largo plazo”, Daniel Monzón de la consultora internacional Wood- Mackenzie, en el IV Congreso de Gas en mayo de 2014.

 

5. Se tiene que buscar ahora mismo. La exploración debe hacerse con anticipación porque se requiere entre cinco y diez años para encontrar y, si se encuentran, para poner en condiciones de explotación a los yacimientos.

 

6. En 2013 el gobierno se dio cuenta de la gravedad de la situación. Por esta razón, firmó contratos de exploración ¿CON? la rusa Gazprom, la francesa Total, la brasileña Petrobras y la británica BG. Hoy están en exploración 47 áreas.

 

7. El gobierno quiso dar “atractivos incentivos” a las empresas. Las condiciones actuales son buenas para las empresas que ya tienen yacimientos (en especial los “megacampos”), pero no son buenas para explorar.

 

8. García Linera dijo que los incentivos serían “una rápida recuperación de la inversión”. “Estos incentivos atractivos (que se han definido en función de tipo de campos) ayudarán al inversionista que hace un servicio al Estado en una rápida recuperación de la inversión para luego adecuarse a las reglas de distribución, de ganancias que establece la Constitución y las leyes”. (Fuente: Página oficial de YPFB).

 

9. En aplicación de esta idea, el gobierno tentó el diferimiento de los gravámenes actuales. El 9 de septiembre de 2013, planteó a la Federación de Asociaciones Municipales la postergación del pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y regalías a las gobernaciones y municipios de tres a cinco años para nuevos campos que entren en operación.

 

10. El gobierno no aplicó los incentivos planificados. El gobierno postergó los incentivos hasta después de las elecciones de este año.

 

11. Hoy se hace poco en exploración. Sólo se explora 47 áreas de 180 posibles, el 26% del territorio con potencial gasífero. La inversión es pequeña.

 

12. El problema de la industria: no hay condiciones para explorar. El país no tiene capital como para “apostarlo” en inversiones de altísimo riesgo, como son las de exploración (esa cifra o aún más millones pueden terminar en la nada). Al mismo tiempo, las multinacionales son reticentes a hacer grandes inversiones en exploración.

 

13. El debate electoral con Doria Medina complicó el desafío de atraer inversión privada. El incentivo que planteó Doria Medina para los contratos con empresas que hicieran nuevos descubrimientos consistía en limitar la parte del Estado a la carga impositiva de la Ley de Hidrocarburos actual, que pone unas regalías de 18% y un impuesto de 32% de la producción, lo que permitiría entregar el restante 50% a las compañías privadas (“contratos 50-50”). Tanto el gobierno como el MAS usaron esta declaración para mostrar a Doria Medina como un peligro para la economía nacionalizada (spot del Ministerio de Comunicaciones difundido en agosto de 2014), puesto que planteaba rebajar los ingresos estatales de los contratos gasíferos, del 87% al que supuestamente ascienden, a un 50%. Este ataque tuvo gran efectividad electoral, pero a esta altura puede convertirse en un bumerán.

 

 

(*)Artículo elaborado para ENERGÍABolivia

 

(**) Analista y escritor.

 

 

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