En este análisis le mostramos un Chile con paradojas concretas: tiene un importante crecimiento económico, pero, un elevado costo ambiental. Por otro lado, el uso de renovables es significativo, sin embargo, se limita a la hidroeléctrica principalmente y, en otro orden, produce casi un tercio del cobre mundial y su contribución a los ingresos fiscales ascendió a tan solo el 3% del PIB en 2012.

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Vesna Marinkovic U.

El fuerte crecimiento económico de este país y su elevada dependencia de los recursos naturales han generado un costo al medio ambiente, en especial en la calidad del aire y, en algunas zonas, en la disponibilidad del agua.

La observación corresponde a un análisis de OCDE-2013, en relación al desempeño de lo que, por otro lado, considera una de las economías con políticas macroeconómicas “solidas” y donde el boom del precio de las materias primas habría generado una prolongada fase de crecimiento económico y una creación de empleo envidiable.

El mencionado análisis refiere que el uso de fuentes de energía renovable en Chile es elevado, aunque se limita principalmente a centrales hidroeléctricas, y remarca que las necesidades energéticas se satisfacen en gran medida a través de la importación de combustibles fósiles.

“Los mecanismos para internalizar las externalidades ambientales y promover la innovación verde y la adopción de tecnologías limpias han mejorado, pero siguen siendo insuficientes”, acota a tiempo de referir que los impuestos sobre la energía no cubren adecuadamente las externalidades, en especial para el uso energético fuera del sector del transporte y el diésel.

En esta línea, afirma que existe espacio para que el sector minero siga reduciendo la gran cantidad de emisiones locales y la contaminación del suelo que genera en un país que produce casi un tercio del cobre mundial, que representa más de la mitad de las exportaciones chilenas y que se encuentra en el territorio que fuera arrebatado a Bolivia durante la denominada Guerra del Pacífico en 1879.

Sin embargo, OCDE sostiene que aunque el sector minero representa más de la mitad de las exportaciones y ha constituido alrededor de 14% del PIB en los últimos años, su contribución a los ingresos fiscales ascendió a tan solo el 3% del PIB en 2012.

OCDE considera que la minería sigue siendo un negocio muy rentable y continúa atrayendo importantes entradas de IED, convirtiéndola así en un sector importante para la economía, pero no deja de reconocer que el hecho de que haya perdido competitividad, producto de un aumento de los costos laborales y energéticos, resulta preocupante (Cochilco, 2013).

 

Observa, asimismo, que las minas de cobre a cielo abierto se han explotado en gran medida y que dicha industria va orientándose gradualmente a la explotación subterránea, lo cual supone un costo mayor.

 

“Las compañías mineras han realizado esfuerzos para reducir la presión ejercida sobre el medio ambiente, disminuyendo sobre todo el volumen de agua utilizada y la contaminación del aire provocada en la zona – lo cual refleja los esfuerzos del Gobierno por promover una mejor gestión (Cochilco, 2009)”, dice.

 

Afirma que, sin embargo, la escasez de recursos hídricos sigue siendo un problema en las regiones en las que operan las grandes minas, lo cual confiere especial importancia a la adopción de nuevas innovaciones para el ahorro de agua.

 

RIESGOS EXTERNOS COMO INTERNOS

 

El documento sostiene que la solidez del crecimiento de Chile depende fundamentalmente de la demanda mundial, en especial de China, que constituye el principal mercado de exportación de materias primas chilenas.

 

Hace ver que la expectativa de una eventual reducción de la expansión monetaria en Estados Unidos y el abandono de las políticas de relajamiento monetario extraordinarias ha generado una reversión de los flujos de capital en algunos mercados emergentes, ejerciendo presión sobre sus monedas.

 

“Estos desarrollos podrían afectar a las perspectivas económicas de Chile, ya sea indirectamente, a medida que sus socios comerciales en los mercados emergentes se vean afectados, o bien de manera directa”, dice en tanto menciona que Chile cuenta con una exposición baja a estos riesgos gracias a políticas sólidas y su dependencia de la IED para financiar el déficit de cuenta corriente.

 

Según este análisis, en caso de que la actividad se debilitase, la política monetaria tiene espacio para adoptar medidas expansivas al tiempo que la regla fiscal permite que funcionen los estabilizadores automáticos.

 

“Si las dificultades fueran aún más graves, el bajo endeudamiento de Chile y su reputación en los mercados financieros le permitirían adoptar medidas fiscales extraordinarias. Por otro lado, podrían aparecer presiones inflacionarias como resultado de la continua solidez de la demanda interna y de la estrechez del mercado laboral, o por el reciente debilitamiento de su moneda, reactivando así la espiral salarios-precios”, anota.

 

LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA

 

Señala que los precios de la energía también podrían empujar la inflación al alza, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la red eléctrica ante fuertes acontecimientos climatológicos adversos, como las sequías.

 

Sin embargo, insiste en que la política monetaria y la política fiscal cuentan con las herramientas necesarias para abordar este tipo de desarrollos dentro del marco existente, tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores.

 

El documento, al reconocer que Chile depende en gran medida de la importación de combustibles fósiles, sostiene que en estas circunstancias una mayor diversificación de las fuentes de energía mejoraría la seguridad energética y reduciría las emisiones de gas invernadero y otro tipo de emisiones.

 

Las compañías mineras han realizado esfuerzos para reducir la presión ejercida sobre el medio ambiente...”

 

“La reciente formulación de la Estrategia Nacional de Energía hace gran hincapié en el desarrollo de fuentes de energía renovable no convencionales (además de la capacidad ya existente en energía hidroeléctrica) y en la mejora de la eficiencia energética, lo cual constituye un importante primer paso”, agrega.

 

Según este análisis, para alcanzar su ambiciosa meta de disponer de un 20% de abastecimiento energético procedente de energías renovables para el año 2025 (sin incluir los grandes proyectos hidroeléctricos), se ha introducido un sistema de cuotas que ampliará la producción de electricidad procedente de este tipo de fuentes.

 

Precisa que las obligaciones impuestas por las cuotas se están flexibilizando gracias a la adopción de mecanismos de mercado y que para reforzar aún más los incentivos basados en el mercado, el Gobierno podría considerar la adopción de certificados verdes negociables, como ya se usa en el Reino Unido y en Italia.

 

Considera que, en este contexto, deberían potenciarse las medidas que respalden la innovación y la adopción de tecnologías, y el Gobierno debería considerar la ampliación de su apoyo durante el periodo de transición – ya sea a través de ayudas económicas o de otro tipo – para fomentar la adopción de tecnologías relacionadas con energías renovables que aún no resulten competitivas, pero que tengan un potencial significativo en Chile, como puede ser la energía eólica, geotérmica, solar o mareo-motriz.

 

LA CONTAMINACIÓN QUE PREOCUPA

 

El documento toca un tema importante para el conjunto del pueblo chileno: la contaminación que preocupa desde hace mucho tiempo a propios y extraños, como producto de una economía fuertemente sustentada en el carbón, la leña y el diésel.

 

Afirma que, dadas las circunstancias, el Gobierno debería utilizar la tributación y los mecanismos de fijación de precios medioambientales para reducir de forma eficiente los costos ambientales, incluida la contaminación del aire y las emisiones de CO2.

 

“La contaminación nociva del aire ha descendido de manera significativa en el Gran Santiago (OCDE, 2013a), pero sería aconsejable conseguir una mayor reducción de la contaminación y los programas de comercio de emisiones podrían desempeñar un papel destacado en este sentido”, subraya.

 

Da cuenta que la contaminación del aire sigue siendo elevada en la parte central y meridional del país, debido principalmente al uso generalizado de la combustión de leña para calefacción y refiere que más de 4.000 personas mueren de manera prematura cada año por enfermedades cardiopulmonares asociadas con la exposición a partículas inferiores a 2,5 micrones (PM 2,5), lo cual supone más del doble que el número de víctimas de accidentes de automóvil (Ministerio del Medio Ambiente, 2011b).

 

En este marco, indica que Chile ha introducido estándares nacionales de calidad del aire ambiente para partículas (PM 2,5) que requieren la adopción de planes de acción, no sólo por parte de las ciudades principales, sino también por parte de otras fuentes de emisiones como las industrias y las centrales termoeléctricas.

 

CONSUMO ENERGÉTICO

 

Afirma que la mayor parte del consumo energético de Chile, que procede de los combustibles utilizados para la calefacción, la electricidad y los procesos industriales, está sujeto únicamente al IVA (OCDE, 2013c).

 

“A pesar de que se aplican impuestos específicos a los combustibles en el transporte terrestre, el uso energético en la aviación y en el transporte de mercancías, se encuentra exento en gran medida de la aplicación de dichos impuestos específicos”, dice.

 

Agrega que los impuestos sobre el diésel son demasiado bajos para cubrir las externalidades originadas por la contaminación del aire provocada en la zona (ver Parry y Strand, 2010, en relación con la Región Metropolitana) (Figura 8) y que deberían adoptarse medidas para evaluar el coste total de las externalidades locales, incluidas las partículas, el ruido y la congestión.

 

El informe señala que con el paso del tiempo, todos los combustibles fósiles deberían contar con un precio que refleje de manera coherente su contenido en carbono y las externalidades locales, mientras se abordan las consideraciones de equidad con las herramientas apropiadas.

 

LA RUTA ENERGÉTICA La ruta energética del Gobierno de Bachelet apuesta por desarrollar una mayor generación con fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para cumplir con la meta de alcanzar el 20% al 2025 y desarrollar el 80% restante en base a la hidroeléctrica.

EN AUSENCIA DE RECURSOS Dada la ausencia de recursos hidrocarburíferos, la propuesta energética de Bachelet decide fortalecer el impulso al GNL, e impulsar una mayor exploración y explotación de petróleo y gas, principalmente no convencional con importantes esfuerzos en la región de Magallanes.

PARTICIPATIVOS Asimismo, destaca, la dinámica altamente participativa generada por el Gobierno en la elaboración de la propuesta energética y las líneas de lo que sería el trabajo a futuro, especialmente en función del rol de la Energías Renovables No Convencionales en el desarrollo de polos de generación y todo lo que pretende ser el marco regulatorio para cumplir los ejes propuestos.

 

 

Considera que esto podría requerir que se retire el crédito fiscal aplicable al diésel utilizado en el transporte de mercancías por carretera o como insumo intermedio con fines distintos al transporte. Agrega que dicho crédito fiscal es, en términos efectivos, un subsidio a las externalidades del transporte, que ha dado lugar a comportamientos de evasión tributaria de gran alcance, como la creación de sociedades con el único propósito de evitar dicho impuesto (Arrellano y Corbo, 2013).

 

EL AGUA, CUÁNDO NO

 

Reconoce que a pesar de los abundantes recursos hídricos existentes en algunas partes de Chile, la cantidad demandada de agua supera la cantidad ofrecida en la parte central y septentrional, en donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades de minería y agricultura que requieren un gran consumo de recursos hídricos. Augura que está previsto que la situación empeore, en parte debido al cambio climático (Ministerio del Medio Ambiente, 2011a) y cuestiona la asignación deficiente de los escasos recursos hídricos.

 

“Desde la adopción de la reforma, cuando se asignan nuevos derechos sobre el agua, es necesario retener recursos hídricos suficientes para salvaguardar el buen estado de los ecosistemas, pero no existe un mecanismo efectivo que consiga garantizar esta cuestión en aquellas áreas en las que se asignó en el pasado una cantidad excesiva de derechos”, añade poniendo a jaque al sector minero en tanto recomienda que el Gobierno desarrolle un mecanismo que garantice esta cuestión.

 

...los combustibles utilizados para la calefacción, la electricidad y los procesos industriales, está sujeto únicamente al IVA...”

 

 

Sugiere que la recompra de derechos sobre el agua sería una opción a considerar, afirmando que el impacto en términos de equidad que pudiera tener un eventual aumento de los precios del agua podría limitarse a través de la regulación del mercado mientras reafirma que el sector minero sigue siendo responsable de grandes cantidades de emisiones de SOx y arsénico, a pesar de las importantes reducciones conseguidas.

 

¿CÓMO VER A CHILE?

 

Como establece OCDE líneas arriba, la economía de Chile depende de manera importante de los recursos naturales; el país produce casi un tercio del cobre mundial, lo cual representa más de la mitad de las exportaciones chilenas. Asimismo, remarca que es el segundo mayor productor de salmón del mundo y el cuarto mayor exportador de vino y que los niveles de bienestar subjetivo y expectativa de vida se encuentran cerca del promedio de la OCDE.

 

Sin embargo, indica que en un gran número de aspectos de bienestar analizados por el Índice para una Vida Mejor de la OCDE, Chile consigue una puntuación relativamente baja. Indica que la desigualdad de ingresos, que reduce la cohesión social, es la más elevada de la OCDE – el 20% superior de la población gana 13 veces más que el 20% inferior, lo cual se ve agravado por importantes diferencias interregionales (OCDE, 2013a), aunque la pobreza relativa ha descendido a un ritmo mayor que en ningún otro país de la OCDE (OCDE, 2013b), cayendo en casi 6 puntos porcentuales desde 2005.

 

Al mismo tiempo, señala que la calidad del aire en las principales ciudades ha mejorado pero sigue situándose en niveles bajos, mientras que muchos ciudadanos chilenos viven en viviendas inadecuadas y tienen un acceso limitado a educación de alta calidad.